El General Antonio Rivero señala que, en el régimen venezolano, debe haber mucha presión para no entregar a Raúl Gorrín a EEUU. Añade que temen ser inculpados
El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
Tomada de El NacionalMIAMI. — Raúl Gorrín, empresario venezolano acusado de varios delitos en EEUU, tiene información que perjudicaría tanto a Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia, como a su gabinete, es la razón por la que su extradición no está contemplada por ahora por el régimen interino que dirige el país tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en enero pasado.
Así lo afirma el general retirado venezolano Antonio Rivero, en entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS.
“Todos los delitos de los que Estados Unidos acusa a Gorrín tienen que ver con el régimen de Venezuela, tienen que ver con el lavado de capitales, tienen que ver con las extorsiones o todos los manejos financieros que pudieran haber sido de manera ilícita puestos de manifiesto en este país", añade Rivero.
Y agrega, “soltar a Gorrín y entregarlo al Estados Unidos significaría llevarlo para que ofrezca información que puede culpar a cualquiera de los que están en Venezuela y aumentarán las imputaciones sobre representantes del régimen, lo cual no favorecería en ningún caso a la administración actual. Estamos hablando de los (hermanos Delcy y Jorge) Rodríguez, Diosdado Cabello y, en fin, una cantidad de personajes, militares incluso de por medio. Entonces, ahí debe haber una presión de parte de los que acompañan a Delcy Rodríguez para que no entreguen a ese individuo (Gorrín)".
El militar en el exilio asegura que Gorrín está detenido en Venezuela, aunque expresa que no tiene confirmación del lugar donde lo tiene el régimen de Delcy y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y hermano de la jefa encargada de Venezuela. Recuerda que, a principios de febrero pasado, Estados Unidos registró la captura del empresario.
"La información directa que tengo es que, inicialmente, Gorrín fue llamado a una entrevista, un interrogatorio, fue liberado y posteriormente retenido de nuevo, pero no está en Estados Unidos", indica.
Agrega que el empresario podría estar dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna o en una oficina habitada para recluirlo.
Destaca también los riesgos de liberar a Gorrín por la presencia de funcionarios estadounidenses en territorio venezolano, tras la captura de Maduro y Cilia Flores, especialmente de la CIA.
Asimismo, el general Rivero expone que la Constitución de Venezuela no permite la extradición, con lo cual la situación es compleja jurídicamente. Indica que el caso del empresario debería ser dirimido por el Tribunal Supremo de Justicia, que en estos momentos, está al servicio del poder.
Apunta que Estados Unidos podría estar habilitando el Tratado de Extradición de 1922. "Si esto ocurre, los Estados Unidos podrían enviar la solicitud a Delcy Rodríguez de Raúl Gorrín, lo cual incluiría una presión adicional. En este momento, Delcy y Jorge Rodríguez deben tener una papa caliente con este individuo, como la tienen con Alex Saab", subraya.
A su vez, el general Rivero destaca que la estabilidad real de Venezuela pasa porque se desmonte la estructura delictiva de quienes gobiernan el país.
El empresario Gorrín enfrenta dos procesos dentro de Estados Unidos: en 2017, el distrito sur de Florida lo acusó de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Asimismo, en 2024, un gran jurado estadounidense acusó a Gorrín del lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), esto a cambio de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.
"Tras años de investigación, fue a finales de 2024 cuando Raúl Gorrín fue acusado formalmente, por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por su participación en la red que blanqueó $ 1.200 millones obtenidos de PDVSA a cambio de sobornos multimillonarios, utilizando el sistema financiero estadounidense, conocida como la operación 'Money Flight' 45. Contra Raúl Gorrín hay alertas internacionales, órdenes de captura vigentes y procesos judiciales que fundamentan los cargos de lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. Hay investigaciones en conjunto sobre sus negocios entre autoridades suizas y estadounidenses", registra un informe de Transparencia Venezuela.
La ONG señala que, en 2018, "el empresario Raúl Gorrín fue acusado de conspirar para cometer lavado de dinero en Estados Unidos por el esquema corrupto con el extesorero venezolano Alejandro Andrade, con una acusación ampliada en 2020 en la que se señalan los sobornos a Claudia Díaz Guillén, extesorera de la nación que continuó con la trama delictiva".
También en 2020, el Departamento de Justicia de EEUU incautó al menos 24 propiedades a nombre de Gorrín y sus empresas, en Florida y Nueva York, valoradas en más de USD 77 millones.
"Gorrín y más de 20 entidades relacionadas fueron incluidos en la lista de la OFAC", señaló Transparencia Venezuela.
El general Antonio Rivero puntualiza que para que, alguien sea señalado e imputado por los Estados, deben haberse descargado pruebas e investigaciones concernientes a los presuntos actos delictivos.
El 24 de marzo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, compareció ante la Corte Federal de Miami para testificar en el juicio contra el excongresista republicano David Rivera, acusado de actuar como agente extranjero no registrado para el gobierno de Venezuela.
Durante casi tres horas, Rubio detalló los acercamientos de su antiguo compañero en Tallahassee, quien intentó promover una supuesta transición negociada en el país sudamericano a cambio de un alegado contrato de 50 millones de dólares.
El secretario de Estado describió ante el tribunal una reunión solicitada por Rivera en julio 2017. Entonces, el exlegislador viajó a Washington para proponerle un presunto plan respaldado por Raúl Gorrín, quien prometía facilitar la salida de Maduro del poder.
Bajo juramento, Rubio aseguró que desde el principio tuvo reservas sobre la propuesta.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, desde junio de 2019 hasta abril de 2020, David Rivera proporcionó "servicios de consultoría y cabildeo al empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín".
Se indicó que Rivera intentó presionar a "funcionarios gubernamentales" estadounidenses, incluido un alto cargo, para que Gorrín fuese eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), servicios por los que habría cobrado "más de 5,5 millones de dólares".
FUENTE: Con información de Antonio Rivera/Transparencia Venezuela/DIARIO LAS AMÉRICAS
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