Expertos señalan que las preocupaciones de los inversionistas sobre la reforma han contribuido a una caída en la cotización del peso frente al dólar
Pancartas contra la ley de reforma judicial durante una sesión en una sede alternativa del Congreso mexicano en la Sala de Armas de la Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2024.
Foto de Rodrigo Oropeza/AFPCIUDAD DE MÉXICO- La cuestionada reforma judicial del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados, inició este martes su trámite final en el Senado en medio de protestas, tensiones con Estados Unidos y nerviosismo económico.
Gerardo Fernández, presidente del Senado, bajo control del oficialismo, declaró el inicio de la sesión, sin que aún esté claro cuándo se votará el proyecto.
Con banderas de México y pancartas, cientos de trabajadores del poder judicial en huelga se concentraron en los alrededores del edificio legislativo para rechazar la iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados que sesionó en un polideportivo pues su sede fue bloqueada.
López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, asegura que la elección de jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, es urgente.
En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de "demolición del poder judicial", lo que fue rechazado por el presidente, que mantiene un duro enfrentamiento con el máximo tribunal tras bloquearle reformas clave en los sectores energético y de seguridad.
La oposición, Estados Unidos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que el voto directo socavará la independencia judicial y dejará a los jueces a expensas del narcotráfico.
La enmienda colocaría a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
El trámite en el Senado está marcado por el suspenso, ya que al oficialismo le faltaría un solo voto para completar los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado sostiene que 85 serían suficientes.
Estados Unidos y Canadá advierten de un daño a la democracia y al acuerdo de libre comercio T-MEC en caso de litigios, en momentos en que México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.
Al denunciar el domingo el intento de "demolición", la presidenta de la corte presentó dos propuestas de reforma elaboradas por el poder judicial que plantean mayor presupuesto para los tribunales locales, así como la formación y certificación de fiscalías y policías de investigación.
López Obrador instó la semana pasada a la corte a no bloquear la reforma, luego de que la ministra Piña resolviera consultar con sus colegas si ese tribunal es competente para frenar la iniciativa, como pidieron funcionarios judiciales en huelga mediante un recurso legal.
Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han dicho que votarán contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo.
"Daremos la batalla hasta el final para evitar este atropello", escribió en X la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
Expertos señalan que las preocupaciones de los inversionistas sobre la reforma han contribuido a una caída en la cotización del peso frente al dólar, aunque López Obrdor lo atribuye a "factores externos".
FUENTE: Con información de AFP
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