Una iniciativa presupuestaria del Senado estatal contempla que el Departamento de Aplicación de la Ley financie la protección del gobernador y su familia durante un año
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
GIORGIO VIERA / AFPMIAMI.- Florida podría continuar pagando la seguridad del gobernador Ron DeSantis y de su familia durante doce meses después de que concluya su mandato, en enero de 2027, una iniciativa que sus impulsores describen como una respuesta a las amenazas derivadas del perfil nacional del mandatario y que los críticos cuestionan por su carácter sin precedentes en la historia reciente.
La propuesta que evalúa el Senado estatal plantea que el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) asuma la protección de DeSantis al finalizar su gestión con fondos públicos al menos durante el primer año fuera del cargo.
El texto establece que el FDLE deberá continuar con la provisión y el mantenimiento de la seguridad de la persona que actualmente ejerce como gobernador y de su familia inmediata por un periodo de doce meses posterior a la expiración del mandato.
La disposición forma parte de las negociaciones presupuestarias que el Congreso estatal afronta este año, un proceso que en ciclos anteriores se ha extendido más allá del calendario regular debido a las diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre recortes tributarios y prioridades de gasto.
DeSantis dejará la gobernación tras la toma de posesión de su sucesor, en enero de 2027, dado que la Constitución de Florida limita el cargo a dos mandatos consecutivos. El gobernador asumió su segundo periodo en enero de 2023 y, al concluir su gestión, habrá completado ocho años al frente del estado. Su sucesor se definirá en las elecciones del 3 de noviembre.
La oficina del presidente del Senado, Ben Albritton, defendió la propuesta y vinculó la necesidad de protección con la exposición pública que el gobernador adquirió en los últimos años.
Un portavoz del legislador sostuvo que DeSantis ha construido un perfil de alcance nacional y que esa proyección ha derivado en un volumen de amenazas que calificó como inédito.
La defensa de la medida se apoya en la trayectoria política del gobernador, quien compitió por la nominación presidencial republicana y mantiene una notoriedad que excede los límites del estado.
Para los partidarios de la propuesta, ese factor justifica que la responsabilidad de evaluar y sostener la seguridad recaiga en una agencia estatal especializada.
Consultado durante una aparición pública en Miami, DeSantis afirmó que no tiene certeza sobre el tipo de seguridad que necesitará una vez que deje el cargo y evitó fijar una posición sobre si el estado debe asumir ese costo.
El mandatario indicó que ha delegado esas decisiones en el FDLE, organismo que, según explicó, realiza las evaluaciones correspondientes en materia de protección.
La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre el crecimiento del aparato de seguridad estatal durante la gestión de DeSantis y sobre el destino de los fondos públicos en su último año de mandato.
Sectores críticos sostienen que la disposición carece de antecedentes recientes y que extiende a un exfuncionario un beneficio que no está previsto de manera ordinaria para quienes dejan la gobernación.
El planteamiento llega además en un contexto de tensiones presupuestarias. La Legislatura de Florida, con mayoría republicana en ambas cámaras, ha enfrentado dificultades para cerrar acuerdos sobre el plan de gasto estatal, con discrepancias en torno a los recortes tributarios y a la asignación de recursos.
La propuesta del Senado que contempla la seguridad de DeSantis deberá conciliarse con la posición de la Cámara de Representantes antes de que el presupuesto reciba aprobación final y sea remitido al despacho del gobernador.
El desenlace de la iniciativa dependerá del resultado de esas negociaciones y de la disposición de ambas cámaras a incorporar la cláusula en la versión definitiva del presupuesto estatal, cuyo plazo de aprobación condiciona el inicio del año fiscal el 1 de julio.
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