Unos 33 menores de edad fueron sentenciados tras las protestas, y al menos ocho aún están tras las rejas
Dos años después de que las protestas antigubernamentales sin precedentes sacudieran a la Cuba comunista, los profundos problemas económicos y sociales que llevaron a la gente a desafiar a un régimen notoriamente intolerante con la disidencia solo ha empeorado.
ADALBERTO ROQUE / AFPCuatro años después de las históricas protestas del 11 de julio, al menos 1.180 personas están en prisión en Cuba por motivos políticos, incluyendo manifestantes pacíficos, artistas, periodistas, menores de edad y ciudadanos sin afiliación política reconocida.
Un análisis elaborado por los abogados Maylin Fernández Suris y Edel González Jiménez, del equipo legal de DIARIO DE CUBA, revela la situación actual de los presos políticos y expone el patrón de represión institucional que se ha consolidado desde entonces, reseña el portal web Diario de Cuba
El régimen ha convertido el encarcelamiento en su principal estrategia de disuasión ante la creciente ola de descontento nacional. Se han aplicado medidas cautelares prolongadas sin juicio y condenas severas, con penas que oscilan entre los cinco y los 25 años, en muchos casos sin pruebas fehacientes o con testimonios policiales fabricados.
Los delitos más comúnmente imputados, de acuerdo con documentos judiciales consultados, son "sedición", "desórdenes públicos", "desacato", "atentado", "resistencia" y "ultraje a los símbolos patrios", muchos de ellos interpretados de forma arbitraria para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales.
Uno de los apartados más preocupantes del análisis es el referido a grupos vulnerables. Al menos 140 mujeres han sido encarceladas por razones políticas desde el 11J, y más de 60 siguen en prisión. Algunas enfrentan condiciones precarias, negación de libertad condicional y castigos por su activismo digital, entre ellas Lizandra Góngora, Sissi Abascal Zamora, Saylí Navarro, Aniette GonzálezGarcía.
Unos 33 menores de edad fueron sentenciados tras las protestas, y al menos ocho aún están tras las rejas. Ninguno recibió atención o acompañamiento social adecuado, y el sistema judicial no ha implementado políticas especiales de protección para ellos.
A esto se suman alrededor de 70 presos con enfermedades crónicas o en condiciones críticas de salud, muchos de los cuales no reciben atención médica ni acceso a licencias extrapenales. La discriminación contra los que el régimen llama "contrarrevolucionarios" es evidente en el trato desigual que reciben dentro del sistema penitenciario, señalan los abogados.
El informe señala que más del 80% de los reprimidos pertenecen a sectores humildes de la sociedad cubana, mientras que aquellos con vínculos con el poder fueron liberados sin cargos o recibieron penas menores. Al menos 47 personas fueron excarceladas bajo estas condiciones tras el 11J.
"Este tratamiento desigual revela un patrón de selectividad punitiva, tráfico de influencias y corrupción dentro del sistema judicial, que refuerza la desconfianza hacia lo institucional y la percepción de un Estado autoritario que utiliza la ley como herramienta de represión y no de justicia", alerta el análisis.
El acceso a internet y el uso de redes sociales también han sido criminalizados. Las autoridades consideran agravantes la difusión de mensajes contrarios al régimen por medios digitales, lo que ha elevado el nivel de las penas y ha generado un efecto de autocensura masiva entre los ciudadanos.
Beneficios penitenciarios: concesiones controladas
Entre enero y marzo de 2025, unas 230 personas fueron excarceladas por presión internacional, pero en su mayoría no pertenecen al núcleo más visible del activismo opositor. Líderes como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, inicialmente incluidos en el proceso, fueron devueltos a la cárcel en los meses siguientes.
Según el análisis de los especialistas, más del 65% de los presos políticos no ha recibido beneficios penitenciarios, y más del 84% cumple más de las dos terceras partes o la totalidad de sus condenas. Esta política también constituye una forma sistemática de castigo y disuasión del activismo.
El informe concluye que el sistema judicial cubano no actúa con independencia ni autonomía, sino subordinado al aparato de Seguridad del Estado. La prisión política se ha institucionalizado como mecanismo para silenciar el disenso, especialmente entre los más pobres y desprotegidos.
Las violaciones al debido proceso, la desprotección de grupos vulnerables, la criminalización de derechos fundamentales y la manipulación de los procedimientos legales convierten al sistema penal cubano en un instrumento de castigo político, desprovisto de legitimidad jurídica y constitucional.
A cuatro años del 11J, la represión no solo no ha disminuido, sino que se ha transformado en una política estructural de control, en un país donde la respuesta a la protesta sigue siendo la cárcel.
FUENTE: Diario de Cuba
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