MANAGUA.- El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua continúa su política de cierre de organizaciones sociales al clausurar la fundación católica Fraternidad Pobres de Jesucristo, una asociación que brindaba ayuda a comunidades pobres en el departamento de León. La medida fue anunciada en el diario oficial La Gaceta y generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
La Fraternidad Pobres de Jesucristo, formada por cuatro monjas brasileñas, ha colaborado en Nicaragua durante los últimos siete años, proporcionando alimentos y vestimenta a las comunidades más necesitadas. Sin embargo, el régimen de Ortega argumenta que la organización no había renovado su junta directiva desde 2021 y no había presentado informes financieros desde 2020 hasta 2022.
Estos mismos argumentos han sido utilizados para cerrar más de 3.300 ONG en los últimos años. Varios directivos de estas organizaciones han denunciado que el régimen de Ortega les impide actualizar sus registros legales, lo que dificulta su funcionamiento y supervisión por parte de las autoridades correspondientes.
Según un comunicado oficial del Ministerio de Gobernación, la clausura de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo se debe a su falta de transparencia en la administración de los fondos y a su obstaculización del control y vigilancia por parte del gobierno. Además, se ordenó la confiscación de los bienes de la organización, que serán transferidos al Estado de Nicaragua.
Estos acontecimientos se enmarcan en una creciente tensión entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica. Según Humberto Belli, exministro de Educación y experto en temas religiosos, el régimen ha llevado a cabo una persecución sin precedentes contra la Iglesia católica en Nicaragua. La condena de 26 años y cuatro meses de prisión impuesta al obispo Rolando Álvarez y la cancelación de cuentas bancarias de parroquias y diócesis son ejemplos de esta situación.
La fundación católica en León era administrada por las cuatro monjas brasileñas, quienes decidieron abandonar Nicaragua y trasladarse a El Salvador para continuar con su labor religiosa. Esta salida se suma a la de otras monjas y sacerdotes que han dejado el país debido a las tensiones con el régimen.
De acuerdo con la ONG Fundación del Río, desde 2018 se han cerrado al menos 3.364 asociaciones sin fines de lucro en Nicaragua, lo que ha generado pérdidas millonarias en proyectos suspendidos, la pérdida de miles de empleos y una situación de vulnerabilidad para millones de nicaragüenses que ya no cuentan con ayuda para su subsistencia básica.
La clausura de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo y la confiscación de sus bienes representan otro episodio en la creciente tensión entre el régimen de Ortega y la sociedad civil, en particular con la Iglesia católica, y sus consecuencias se hacen sentir en las comunidades más necesitadas del país.
FUENTE: Con información de AP