El Gobierno de Costa Rica acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Holanda, de intentar reconfigurar el mapa geopolítico de su territorio, en zonas fronterizas por mar y tierra, para su beneficio.

De esta manera, el canciller costarricense Manuel González, quien se encuentra en La Haya, manifestó que su país está completamente seguro de que los alegatos planteados por Nicaragua sólo buscan “cercenar importantes espacios marítimos costarricenses sin base jurídica”.

Luego expuso que “sabemos que Nicaragua siempre presenta posiciones exageradas para ver si logra obtener algo. Nosotros, no obstante, hemos decidido presentar un caso equilibrado, basado exclusivamente en el derecho internacional y la realidad geográfica”.

La corte internacional debate el litigio por la fijación de límites marítimos en el Pacífico y el Atlántico entre ambos países, y por la presencia de un campamento militar nicaragüense en la playa de un humedal tico en el mar caribe ubicado en Isla Portillos-Isla Calero.

Por su parte, el agente costarricense en La Haya, Edgar Ugalde Álvarez, en su presentación de apertura, recordó que el caso sobre delimitación marítima fue instituido por su país porque los dos estados no pudieron alcanzar un acuerdo sobre sus fronteras en el mar.

En relación con la posición de Nicaragua de que en la delimitación marítima en el Océano Pacífico la Corte debe descartar a la Península de Nicoya, el embajador de Costa Rica en los Países Bajos y coagente en La Haya, Sergio Ugalde, dijo a los jueces que “el intento de Nicaragua de reconfigurar (la geografía pacífica) de Costa Rica no tiene ninguna base”.

“Esta es exactamente la diferencia entre un caso basado en el derecho y realidad geográfica (de Costa Rica) y otro basado en inconsistencias y exageración (de Nicaragua). La patente estrategia de Nicaragua es alterar la geografía de Costa Rica tan radicalmente que cualquier ajuste sobre la base de la representación manipulada de esa geografía, no importa que tan pequeña, se convertiría en una ganancia neta para ella”, añadió.

Por otra parte, la delegación de Costa Rica denunció los reclamos "poco realistas" y de "cuento de hadas" de Nicaragua. "El discurso de Nicaragua ha cambiado en lo fundamental", dijo Sergio Ugalde, asegurando que Nicaragua intenta ahora basar sus reclamos en un tratado de 1977 que no fue ratificado por ambos países.

Antecedentes

"Está claro que Nicaragua apuesta todas sus fichas al cuento de hadas del acuerdo de 1977", aseguró, y reafirmó que Costa Rica ya ha dejado claro que nunca ratificará ese texto.

Los dos países empezaron negociaciones en 1976 para intentar llegar a un acuerdo “siguiendo el curso del río San Juan”, explicó, Sergio Ugalde.

"Durante cuarenta años, Costa Rica ha logrado negociar sus fronteras marítimas con todos sus vecinos excepto con Nicaragua", lamentó.

“Pero como no ha sido posible establecer fronteras marítimas con Nicaragua, Costa Rica decidió llevar el caso ante el tribunal de Naciones Unidas para que se delimiten "acorde al derecho internacional", añadió el embajador.

Nicaragua presentará sus argumentos el jueves 6, seis días antes de la clausura de la exposición de ambas partes, aunque no se espera una decisión hasta finales de este año o principios del siguiente.

Los expertos del tribunal internacional visitaron las zonas en disputa para tener una opinión al respecto.

La demanda por delimitación marítima fue presentada por el gobierno costarricense de Laura Chinchilla, a inicios de 2014, con el argumento de que Nicaragua ha ofertado bloques marítimos que a este país le corresponden para exploración petrolera a empresas transnacionales, aprovechando que los dos países no han definido aún sus límites en los océanos Pacifico y Atlántico.

Según la entonces mandataria, Nicaragua pretende disputarle a su país entre 15.000 y 17.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe y cerca de 20,000 kilómetros cuadrados en el océano Pacífico; justamente donde se ubica el domo térmico, zona marítima rica en pesca y biodiversidad.

A esta demanda la CIJ unió una nueva denuncia costarricense, planteada a inicios de 2017, sobre la presencia de militares nicaragüenses en una playa fronteriza en la costa caribe de Isla Portillos-Isla Calero, humedal que la Corte refrendó como de soberanía costarricense en una sentencia de diciembre de 2015.

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