El gobernante cubano Raúl Castro se comprometió a entregar la presidencia en el 2018 al nuevo encargado que, según la Constitución vigente, sería electo por la Asamblea Nacional del Poder Popular resultante de las elecciones que deben celebrarse este año 2017, recuerda este martes Diario de Cuba.
Sería otro presidente electo, indirectamente, sin el voto popular, por los diputados propuestos en un 50% por la dirección del Partido-Gobierno y en otro 50% igual por las organizaciones parapartidistas y los delegados provinciales y municipales del Poder Popular, según la vigente ley electoral.
Voceros del Partido-Gobierno han expresado que trabajan en una nueva ley electoral, que todavía en mayo de 2017 no se conoce, lo cual hace dudar de su pronta promulgación, de que pueda implicar un cambio importante y llene el espacio democrático necesario entre su aprobación y el proceso eleccionario, capaz de garantizar verdaderas elecciones libres.
Tal espacio debería crear un clima de confianza nacional y tolerancia que hoy no existe e incluir nuevas leyes sobre la libertad de de expresión, de asociación, de partidos políticos y una nueva ley electoral pluripartidista que garantice al pueblo y a los representantes de todas las entidades políticas poder manifestarse, hacer campaña, participar del proceso eleccionario y acceder a cuotas de poder político a nivel distrital, municipal, provincial y nacional, sin acoso ni represiones.
Sin ese previo proceso de democratización con garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, reconocidos en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, no habría manera de garantizar en Cuba la necesaria salida democrática a la crisis política, social y económica en que ha sido sumida por un sistema dictatorial controlado por una burocracia que pretende eternizarse en el poder.
Nada de eso se está haciendo por el Gobierno.
Los diversos movimientos que promueven participar en las elecciones oficiales, convocar a plebiscito y otros por el estilo, contribuyen a demostrar la ausencia de democracia, pero no lograrán cambiar el sistema.
A menos que se posterguen las elecciones que ya se vienen organizando para este año y, previamente, el actual parlamento proceda a aprobar todas esas leyes y espacios necesarios que garanticen el ejercicio democrático, difícilmente será posible alguna variante que implique un cambio sustancial en la sociedad cubana para el 2018.
Las elecciones próximas transcurrirían como hasta ahora y los propuestos desde arriba elegirían a los mismos que los propusieron: la siempre misma farsa de la "democracia socialista" que estamos viviendo desde 1976, para garantizar la perpetuidad de la casta castrista.
El mundo entero debe saber que en Cuba no existe garantía alguna para la celebración de elecciones democráticas que permitan al pueblo y a sus distintos representantes acceder al poder.
La revolución de 1959 logró el derrocamiento de la tiranía batistiana porque fue convocada para restaurar la Constitución democrática avanzada de 1940 y el curso institucional interrumpido por el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952.
Los sabios dicen que cuando se pierde el camino, si se quiere llegar al destino previsto, debe volverse al punto de extravío.
Cuba perdió el camino de la democracia, la libertad y el desarrollo en 1959, cuando en lugar de retomar la Constitución del 40 y convocar a elecciones democráticas y libres como había prometido el líder guerrillero de la Sierra Maestra, este escamoteó para sí aquel triunfo popular y aprovechándose de la efervescencia política del momento, impulsó un programa populista-igualitarista-estatalista de "justicia social" a costa de desorganizar toda la sociedad cubana, en el estilo tradicional del caudillismo latinoamericano, que combinó con la "dictadura del proletariado" estalinista.
Lo que vino después ya es historia conocida, aunque contada de diversas maneras.
No se trataría de regresar ahora, literalmente, a aquel momento, lo cual es imposible, sino de partir de la restauración de la vida democrática del país y crear las condiciones para una convocatoria a una nueva constituyente democrática.
Hoy parece improbable que Raúl Castro y la gerontocracia que le rodea decidan acometer esa tarea.
Sin embargo, la crisis económica interna, el agotamiento del sistema en todos los órdenes, la desaparición del líder histórico, la protesta internacional por las masivas, sistemáticas y flagrantes violaciones de los derechos civiles y políticos del pueblo cubano, la eventual caída del soporte económico que ha significado el régimen chavista, la decadencia del populismo-autoritario en la región, la demostrada superioridad del trabajo privado y cooperativo sobre el estatal y el paulatino acceso de los cubanos a internet, han ido fortaleciendo la idea del cambio necesario en parte de la cúpula gobernante, eventualmente entre los sucesores escogidos y sobre todo entre los simples cubanos.
Nadie olvide que estos tipos de sistemas, hasta hoy, desaparecen por apoptosis, desde dentro.
En consecuencia, el papel de la diversa oposición y disidencia, debería concentrarse en continuar mostrando la inviabilidad, la inmoralidad e ilegalidad del estatalismo asalariado centralizado, especialmente sus violaciones a los derechos humanos, apoyar las formas de empoderamiento popular económico y de la sociedad civil, impulsar el acceso más amplio posible a internet y prepararse para el venidero cambio democrático, evitando el reciclaje de la violencia.
FUENTE: PEDRO CAMPOS / DIARIO DE CUBA
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