YOPAL.- Un tribunal de la ciudad colombiana de Yopal ordenó este jueves el arresto del general retirado del Ejército Henry Torres, procesado por la ejecución de dos personas en 2007.
Torres fue detenido en marzo del año pasado, pero hace cuatro meses quedó en libertad condicional porque solicitó ser juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia alternativa acordado en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la cadena de radio RCN, fuentes judiciales indicaron que el Tribunal Superior de Yopal ordenó la recaptura de Torres con el argumento de que la JEP aún no entra en funciones.
Aunque los magistrados que integrarán la JEP ya fueron seleccionados, se prevé que ese mecanismo que se encargará de juzgar a los miembros de las FARC, así como a otros actores del conflicto armado, entre ellos miembros de las Fuerzas Militares y personas que financiaron grupos ilegales, comenzará a funcionar en los primeros meses de 2018.
Torres fue llamado a juicio por la Fiscalía General en agosto del año pasado por la ejecución de un hombre y su hijo en el departamento de Casanare, del que Yopal es capital.
La muerte de esas dos personas ocurrió en el municipio de Aguazul, en momentos en que Torres era comandante de la Brigada 16 del Ejército. Militares a su mando aseguraron que el hombre y su hijo pertenecían a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sin embargo, la Fiscalía dice tener pruebas que mostrarían que esas personas no pertenecían a esa guerrilla y que fueron víctimas de un caso de "falsos positivos", como se denomina en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales.
Las ejecuciones por parte de militares empezaron a conocerse en 2008 a raíz del caso de unos jóvenes del céntrico municipio de Soacha, contiguo a Bogotá, que aparecieron muertos en el noreste del país.
Los investigadores concluyeron entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a buscar a desempleados y drogadictos que eran llevados a diversas regiones bajo engaños relacionados con ofertas laborales.
Las víctimas eran ejecutadas y vestidas con uniformes camuflados para ser mostradas como guerrilleros o miembros de otros grupos armados abatidos en combate.
Según la Fiscalía, los militares buscaban con eso premios como condecoraciones o días de descanso, así como aumentar las cifras de las bajas ocasionadas a grupos armados ilegales.
FUENTE: dpa
