Las probabilidades de que el veredicto le sea "desfavorable son altas", de acuerdo con las declaraciones que la misma Melody González ofreció a Diario de Cuba
La exjueza villaclareña Melody González Pedraza.
Foto: Martí Noticias/FacebookLA HABANA.- Este jueves 8 de mayo, un tribunal migratorio de Estados Unidos decidirá si otorga asilo político a la exjueza cubana Melody González Pedraza. La exfuncionaria, que confesó haber dictado una sentencia condenatoria a 4 jóvenes sin pruebas suficientes en 2024.
La exjudicial del régimen castrista se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, en Florida, desde que solicitó refugio tras ser rechazada en frontera.
La probabilidad de un fallo negativo es alta, según ella misma indicó a Diario de Cuba antes de su audiencia. Analistas legales consultados por este medio debaten si este caso puede tener repercusiones dentro del sistema judicial cubano y si representa una advertencia para quienes participaron en la represión.
El jurista Eloy Viera descarta que el caso modifique la cultura de obediencia institucional del sistema judicial cubano, aunque sí considera que visibiliza la vigilancia social a quienes ejercen como piezas del aparato represivo. El seguimiento a exfuncionarios como González Pedraza, afirma, demuestra que la sociedad civil puede articularse y presionar más allá de las fronteras.
Según Viera, lo ocurrido con la exjueza "es la consecuencia del seguimiento que le hizo la sociedad cubana civil" a quienes participaron en los procesos judiciales relacionados con el 11 de julio.
También advierte que este caso podría acelerar el éxodo de jueces cubanos, ya debilitado por las condiciones de precariedad y el desgaste institucional.
"Quizás las persecuciones posteriores al 11 de julio marcaron el momento en que la gente vio que hay todo un aparato jurídico que forma parte de la legitimación del aparato represivo mismo. Y la gente señaló (a sus miembros), los nombró y comenzó a identificarlos también como posibles represores".
"Melody sí va a ser la muestra clarísima de que ese proceso de seguimiento y de señalamiento de la sociedad civil no queda meramente en el discurso. Estamos hablando de una sociedad civil que es capaz de articularse para hacer que cueste haber participado en la represión en Cuba, que aunque sea cueste en los proyectos futuros de la gente, en su capacidad de llegar a un país como los Estados Unidos y poder instalarse y hacer una nueva vida", destacó.
Por su parte, el abogado Edel González defiende que González Pedraza cumple con criterios legales para ser reconocida como "refugiada", dado que sus denuncias posteriores a la salida de Cuba exponen patrones represivos. Sin embargo, advierte que si es devuelta a su país, podría enfrentar represalias, incluso por delitos fabricados, como "actos contra la seguridad del Estado".
"Me han informado que el éxodo de jueces existía desde antes, por las precarias condiciones de trabajo, los bajos salarios, la miseria nacional y la intervención político/militar de la judicatura. Pero 'el caso Melody en Estados Unidos', por llamarlo de alguna manera, amplió sustancialmente el número de bajas, tanto de jueces y juezas como de secretarias y asistentes judiciales, para evitar represalias en caso de emigrar y en una Cuba en transición, de la parte que alegue haber sido afectada por el sistema de criminalización de conductas", indicó.
Aunque reconoce su responsabilidad como jueza, González asegura que "colaboró" oportunamente y "denunció" el funcionamiento del sistema. Lamenta que otros exjueces que colaboran discretamente con iniciativas como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos teman exponerse por casos como este.
Uno de los elementos que puede pesar negativamente en la evaluación migratoria de la exjueza es su militancia en el PCC hasta poco antes de emigrar. Según testimonios citados por González, muchos trabajadores judiciales jóvenes evitan sumarse al partido, conscientes de que la afiliación puede perjudicar sus aspiraciones migratorias.
Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, considera que el caso ofrece una oportunidad para enviar un mensaje disuasorio a quienes aún colaboran con el régimen: "Los actos de represión pueden tener consecuencias internacionales", señaló.
El riesgo de una deportación puede tener dos efectos: desalentar futuras denuncias o motivar a otros jueces a actuar antes de quedar expuestos. Peña considera que, pese a la falta de independencia judicial en Cuba, los magistrados aún pueden optar por no colaborar con la represión, como hizo en su momento el abogado Julio Ferrer Tamayo, quien renunció al sistema y denunció sus arbitrariedades.
FUENTE: Con información de Diario de Cuba
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