La crisis política en Perú se extendía el jueves por una semana luego de que el Tribunal Constitucional rechazara un pedido del presidente Martín Vizcarra para detener un proceso de destitución que inició en su contra la oposición en el Congreso.

Con esta decisión, el Parlamento unicameral de 130 legisladores se reunirá el viernes para deliberar si el mandatario de Perú es destituido por una causal prevista en la Constitución llamada “incapacidad moral permanente”, para lo cual deben obtenerse 87 votos.

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El máximo tribunal constitucional informó en un comunicado que por cinco votos a favor y dos en contra se decidió no detener el proceso. Su presidenta Marianella Ledesma dijo al diario Peru21 que la mayoría de los jueces consideraron que no existe “un riesgo” de que Vizcarra sea destituido.

El tribunal, sin embargo, sí aceptó la demanda de Vizcarra para que los magistrados clarifiquen qué constituye “incapacidad moral”, que es el argumento que la oposición legislativa ha utilizado para abrir el proceso de destitución, o vacancia.

Vizcarra enviará a su abogado Roberto Pereira, quien dijo a la radio local RPP que tenía plena confianza “en los argumentos que estaba preparando”. El letrado podrá hablar durante una hora a los legisladores y el mandatario podría presentarse si desea, aunque no está obligado.

Esta es la segunda vez que Vizcarra tiene un fuerte enfrentamiento con el Legislativo desde que inició su gobierno hace dos años. En septiembre de 2019 Vizcarra disolvió al Congreso de aquel momento y aunque ahora hay una bancada nueva, también ha tenido roces con ella.

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Un hombre usando mascarilla para protegerse del nuevo coronavirus pasa junto a un puesto de periódicos que muestra en primera plana al presidente Martín Vizcarra, afuera del Congreso en Lima, Perú, el viernes 11 de septiembre de 2020.

Un hombre usando mascarilla para protegerse del nuevo coronavirus pasa junto a un puesto de periódicos que muestra en primera plana al presidente Martín Vizcarra, afuera del Congreso en Lima, Perú, el viernes 11 de septiembre de 2020.

Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 luego de la renuncia del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. El Congreso de esa época había amenazado a Kuczynski con destituirlo si no dimitía y contaba con los votos necesarios para hacerlo.

El presidente de Perú ha dicho varias veces que no renunciará porque considera que no ha cometido ningún delito para ser destituido y que tiene un deber con los peruanos en entregar el puesto el 28 de julio de 2021 a un nuevo mandatario elegido en los comicios presidenciales del próximo abril.

El proceso de destitución se admitió la semana pasada luego de que un legislador difundiera unos audios, en uno de los cuales se escucha a Vizcarra coordinar con dos secretarias de su despacho las respuestas para responder en una investigación acerca de unas visitas al palacio presidencial de un cantante y amigo suyo llamado Richard Cisneros ,quien fue contratado para dar charlas motivacionales y otras actividades por 49.500 dólares.

Nadie ha dicho al momento cuáles son los delitos que habría cometido Vizcarra para ser destituido. El presidente ha pedido que lo investiguen, incluso luego de finalizar su mandato.

El analista peruano José Carlos Requena dijo a la agencia noticiosa oficial Andina que “sería mejor que el presidente asista al parlamento” para aclarar todo aquello de lo que se le acusa.

El Legislativo actual cuenta con una desaprobación de 72% y la cifra del Congreso previo era similar. En contraste, el mandatario cuenta con 57% de aprobación y Vizcarra es considerado por los peruanos como un líder que por fin intentaba luchar contra ese delito.

Todo esto ocurre en medio del desastre sanitario causado por el nuevo coronavirus en Perú que al momento ha provocado más de 31.000 muertos y más de 744.000 contagiados.

FUENTE: Con información de AP

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