domingo 29  de  septiembre 2024
PANAMÁ

Visto para sentencia el juicio a expresidente Martinelli

La jueza panameña cerró la audiencia contra Ricardo Martinelli anunciando que se acoge al término que le permite la ley de 30 días para emitir su sentencia

PANAMÁ.- El juicio al expresidente panameño Ricardo Martinelli y a otras 14 personas por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editora de periódicos nacionales concluyó el viernes, sin que se diera a conocer la sentencia. La pena máxima podría llegar a 18 años.

Tras los alegatos de las defensas, la jueza cerró la audiencia anunciando que se acoge al término que le permite la ley de 30 días para emitir su sentencia. Indicó que hay algunas pruebas que están en práctica y que deben ser entregadas a su tribunal.

El juicio de alto perfil se desarrolló en Panamá durante nueve días y fue transmitido por redes sociales.

Martinelli, un magnate de supermercados de 71 años, que aspira a retornar al poder en las elecciones generales del próximo año, fue operado de la columna vertebral una semana antes de que empezara el juicio y se le recomendó reposo para su recuperación por lo que no estuvo presente durante el desarrollo de las audiencias.

Durante el juicio, el fiscal superior contra el crimen organizado, Emeldo Márquez, en su alegato de cierre, pidió la condena máxima por el delito de blanqueo de capitales para el expresidente Martinelli y otras doce personas. La pena máxima por ese delito es de 12 años, pero con agravantes puede llegar a 18 años. Mientras que pidió la absolución para dos de los acusados.

Por su parte, la defensa de Martinelli pidió la absolución del exgobernante argumentando que no hubo delito de blanqueo capitales porque los fondos que aportó para la compra de la Editora Epasa eran lícitos, provenientes de sus cuentas personales. “Ricardo Martinelli no se escondió, puso su rostro... Son recursos propios”, dijo su abogado Luis Eduardo Camacho, durante los alegatos expuestos en la víspera.

Mientras se daba el juicio, Martinelli se pronunció a través de redes sociales para cuestionar que el proceso fue manipulado y construido con mentiras para “intentar hacer ver una transacción legal como ilegal”. Reiteró que se trata de un proceso armado para inhabilitarlo políticamente.

https://twitter.com/rmartinelli/status/1664471545832513537

La Fiscalía General sostiene que mediante un complejo esquema de transferencias bancarias a un banco en el exterior giraron recursos de manera ilícita para la compra de la editorial.

La Fiscalía especificó durante el juicio que se realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, que recolectaron entre el 15 y 27 de diciembre de 2010 la suma de 43,9 millones de dólares en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.

De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa “New Business” recibió dinero de empresas locales que se habían ganado contratos con el Estado durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), a través, principalmente, del Ministerio de Obras Públicas.

Al finalizar la audiencia, el fiscal Márquez aseguró a periodistas que los defensores no pudieron “desvirtuar los planteamientos realizados por la Fiscalía de los dineros en grandes sumas que fueron enviados a la cuenta canasta que recolectó los fondos para la compra de las acciones del grupo editorial”.

Según su criterio, se espera “que se ponga una pena ejemplar para estas personas que utilizaron fondos del Estado para la compra de un grupo editorial”.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1664725065718546433

Además de este proceso, Martinelli aún tiene pendiente el juicio por el caso de pagos de sobornos de la consultora brasileña Odebrecht en Panamá. Está previsto entre agosto y octubre, en el que está imputado junto a decenas de acusados, incluidos sus dos hijos y el expresidente, Juan Carlos Varela (2014-2019).

También fue extraditado en 2018 desde Estados Unidos a solicitud de la justicia panameña para que enfrentara un juicio por escuchas telefónicas contra políticos, periodistas, líderes gremialistas y figuras de la sociedad civil, pero fue absuelto por el mismo caso en 2020 y 2021.

FUENTE: AP

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