Abelardo de la Espriella rompe con la política de "Paz Total" y da una advertencia a los grupos armados ilegales para someterse al Estado
Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.
JUAN BARRETO / AFP
El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial
AFPBOGOTÁ — El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella dio un plazo de 30 días a las organizaciones armadas ilegales para acogerse al sometimiento a la justicia, en una de las primeras definiciones de la política de seguridad que aplicará desde el 7 de agosto y en medio del debate sobre los resultados de la Paz Total promovida por el gobierno saliente del izquierdista Gustavo Petro.
"Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento", afirmó el mandatario electo durante la ceremonia en la que recibió las credenciales que lo avalan oficialmente como presidente de Colombia.
De la Espriella añadió que durante su administración "no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables", una declaración que anticipa una revisión de los mecanismos de diálogo desarrollados en los últimos cuatro años con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales.
El abogado de 47 años se impuso en la segunda vuelta presidencial con 12.959.000 votos frente a los 12.708.000 obtenidos por el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral concluyó el escrutinio el pasado 24 de junio y confirmó una diferencia superior a 251.000 sufragios.
La Paz Total fue presentada por Petro como la principal apuesta de su gobierno para disminuir la violencia mediante negociaciones simultáneas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructuras disidentes de las antiguas FARC y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
La estrategia permitió instalar mesas de negociación, pactar ceses al fuego temporales y desarrollar esquemas de sometimiento para algunas organizaciones armadas. Sin embargo, al cierre de la administración Petro, continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de dirigentes opositores, analistas de seguridad y sectores políticos que consideran insuficientes sus resultados.
Entre las críticas figuran la persistencia de enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y ataques contra integrantes de la fuerza pública en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander.
Actualmente, entre las principales estructuras ilegales activas figuran el ELN, diversas facciones de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, considerado por las autoridades colombianas como la organización narcotraficante más poderosa del país.
DIARIO LAS AMÉRICAS consultó a Sofi Casas, periodista y columnista de Revista Semana, sobre el balance que deja la principal política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro.
Para la analista, la llamada Paz Total no produjo resultados verificables en materia de seguridad.
"La Paz Total terminó siendo, en mi opinión, un fracaso. En lugar de debilitar a las estructuras narcoterroristas, les permitió fortalecerse mientras el Estado reducía la presión sobre ellas. El Gobierno les otorgó reconocimiento político, designó a algunos de sus integrantes como gestores de paz y promovió ceses al fuego que coincidieron con la expansión de varios grupos armados ilegales", afirmó.
Casas sostiene que uno de los casos más representativos es el del Clan del Golfo.
"Pasó de aproximadamente 4.100 integrantes en 2022 a cerca de 10.000 en 2025 y amplió significativamente su presencia territorial. Cuando una política de seguridad termina con grupos criminales más fuertes, con mayor capacidad militar, financiera y de control territorial, el balance difícilmente puede calificarse como exitoso", señaló.
Consultada sobre si durante la administración Petro hubo una reducción real de la violencia, Casas respondió negativamente.
"Las causas que alimentan la violencia no desaparecieron, sino que se profundizaron. La expansión de los cultivos ilícitos, que superan las 325.000 hectáreas según estimaciones recientes, fortaleció las economías ilegales que financian a las organizaciones armadas y alimentan la disputa por el control territorial", indicó.
Agregó que durante el cuatrienio persistieron amenazas, desplazamientos, confinamientos y extorsiones en regiones como Cauca, Catatumbo, Arauca, Chocó, el Bajo Cauca y sectores de la región Caribe.
La periodista considera que la política de Paz Total terminó fortaleciendo a algunas organizaciones ilegales mientras avanzaban las negociaciones.
"Mientras el Estado reducía la presión militar y privilegiaba los diálogos, varios grupos aprovecharon ese escenario para aumentar el reclutamiento, expandir su presencia territorial, fortalecer sus finanzas y consolidar el control sobre corredores estratégicos del narcotráfico y otras economías ilegales", afirmó.
Casas añadió que, paralelamente, Colombia continuó enfrentando la presencia de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, identificadas por las autoridades por sus vínculos con redes de narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Para la periodista, el ultimátum anunciado por De la Espriella responde a una demanda ciudadana de mayor autoridad estatal.
"Una parte importante de los colombianos votó por un cambio en la política de seguridad y por recuperar el principio de autoridad del Estado frente a las organizaciones narcoterroristas", sostuvo.
Según Casas, el plazo otorgado por el presidente electo busca enviar una señal de que el próximo gobierno privilegiará el control territorial y la presión institucional sobre las estructuras ilegales.
"Las implicaciones son claras: el retorno de una política basada en la autoridad del Estado, la recuperación de territorios y una ofensiva más decidida contra organizaciones que durante los últimos años ampliaron su poder", afirmó.
La analista considera además que la principal promesa de seguridad del gobierno saliente quedó inconclusa.
"La Paz Total fue la gran apuesta del gobierno Petro y, al finalizar el mandato, Colombia tiene organizaciones narcoterroristas más fuertes, una expansión de los cultivos ilícitos y una pérdida de autoridad estatal en varias regiones", aseguró.
Especialistas en justicia transicional advierten, sin embargo, que desmontar completamente la arquitectura jurídica de la Paz Total podría enfrentar desafíos legales, dado que parte de sus instrumentos fueron aprobados por el Congreso y cuentan con respaldo constitucional.
Las negociaciones con las FARC desembocaron en el acuerdo de paz de 2016 tras varios años de conversaciones, mientras que los diálogos con el ELN han atravesado múltiples interrupciones, redefiniciones y cambios de gobierno.
Hasta ahora, ninguna de las organizaciones involucradas en procesos de diálogo con el Estado colombiano ha respondido oficialmente al ultimátum planteado por De la Espriella.
El presidente electo ha anunciado además que Colombia se incorporará al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por el presidente Donald Trump para combatir a los carteles del narcotráfico.
Asimismo, recibió el respaldo del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya bancada anunció que apoyará iniciativas relacionadas con seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.
A pocas semanas de asumir el poder, De la Espriella ha colocado nuevamente la seguridad en el centro del debate político colombiano, en medio de interrogantes sobre el futuro de la Paz Total y sobre la estrategia que adoptará su administración frente a las organizaciones armadas que continúan operando en distintas regiones del país.
FUENTE: Redacción DLA
Descarga LA APP