Wilmer Ruperti, el capitán que salvó al chavismo y ahora navega en sus propias aguas turbias

Regresó, fundó Nautica Ship Brokers en 1994 y, con disciplina de quien conoce cada nudo y cada ola, comenzó a tejer una red que lo convertiría en uno de los hombres más ricos y controvertidos de Venezuela. Pero su salto al estrellato no vino de la pericia náutica sola. Llegó en diciembre de 2002, cuando el paro petrolero amenazaba con hundir el gobierno de Hugo Chávez. Mientras los trabajadores de PDVSA paralizaban la industria, Ruperti mantuvo sus barcos operando.

Alquiló tanqueros rusos, movió combustible, quebró el bloqueo logístico. Chávez lo condecoró con la Orden del Libertador y lo llamó salvador. Ese gesto de lealtad le abrió las puertas del paraíso: contratos directos, sin licitaciones incómodas, monopolio práctico del transporte petrolero en el Caribe. De capitán pasó a armador. De armador a magnate.

Global Ship Management y Maroil Trading se convirtieron en sus buques insignia. Exportaba crudo, coque de petróleo, gasolina. En 2022 controlaba casi toda la venta de petcoke venezolano al exterior.

PDVSA le debía cientos de millones; él, a su vez, disputaba cuentas millonarias. Todo flotaba en un mar de opacidad que pocos se atrevían a escrutar. Su fortuna, estimada en cientos de millones, aunque algunas fuentes la inflan hasta los 4.500 millones de euros, no solo provino de fletes honestos. Surgió de la cercanía al poder. En 2011 compró en subasta dos pistolas napoleónicas que pertenecieron a Simón Bolívar y se las entregó a Chávez en gesto teatral. “Un tesoro para la República”, proclamó el mandatario.

Ruperti también financió la defensa de los “narcosobrinos” de Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Franqui Flores, condenados en Estados Unidos por conspirar para traficar polvo blanco. “Ayudo a preservar el gobierno constitucional”, declaró entonces al Wall Street Journal.

Lealtad pagada en dólares

Lealtad pura, pagada en dólares. Cuando las sanciones estadounidenses apretaron, Ruperti volvió a vestir el traje de rescatista. En 2020 despachó 300.000 barriles de gasolina desde Trinidad para aliviar la escasez. Lo presentó como “gesto humanitario”.

Washington lo investigó por posible violación de sanciones. El Tesoro de EE.UU. lo sancionó por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Reuters documentó cómo su flota sorteaba radares, usaba trasbordos ship-to-ship y desactivaba transmisores AIS. Maroil Trading se convirtió en pieza clave para exportar coque pese al cerco. En 2023 PDVSA auditó cuentas por cobrar: Maroil debía 423,7 millones de dólares. La empresa disputó la cifra. Ruperti negó cualquier irregularidad desde su propio Canal I, el medio que compró en 2005 por 21 millones de dólares y convirtió en altavoz propio.

También adquirió los Tiburones de La Guaira, equipo que bajo su mando ganó un título. Dueño de canal y de béisbol, inversionista, filántropo selectivo: la imagen del empresario exitoso parecía blindada. Pero debajo bullían las acusaciones. Extorsión a contratistas, sobornos para obtener licitaciones, creación de un fideicomiso en 2018 para demandar a petroleras internacionales por supuestos pagos ilícitos a PDVSA, demandas que se retiraban tras arreglos privados.

Investigaciones periodísticas revelaron que el verdadero objetivo parecía ser cobrar para callar y evitar auditorías profundas. “Rey Midas de los tanqueros”, lo llamó Lloyd’s List en 2004. Todo lo que tocaba se convertía en oro… siempre que navegara bajo bandera chavista. Y ahora, marzo de 2026, el viento cambió. El jueves 19, el Sebin lo citó a “una reunión”. Llegó con su equipo de seguridad. Los escoltas fueron liberados horas después. Ruperti no. Permanece detenido en El Helicoide, según confirmaron sus abogados de Winston & Strawn a Reuters.

Ni cargos formales ni explicación pública. “Estamos preocupados por su bienestar”, dijeron. Algunos medios apuntan a Delcy Rodríguez como quien ordenó la retención. Otros hablan de purga interna en PDVSA, de deudas pendientes, de fracturas en el círculo rojo.

Circulan también rumores fuertes de que el narcorégimen quiere obligarlo a pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos, tal como ya hizo con los “narcosobrinos”. Lo que se dice de Ruperti en las calles y en las redes es revelador.

Para lo que queda del chavismo duro —cada vez más reducido— sigue siendo el héroe del 2002, el hombre que “no abandonó el barco”. Para la oposición, el arquetipo más descarado del boliburgués: el que convirtió la lealtad política en un imperio de corrupción y monopolios mientras el país se hundía en la escasez más brutal y la miseria más humillante.

Para analistas, su detención desnuda la lógica mafiosa del régimen: premia a los fieles mientras haya recursos; los desecha cuando ya no sirven o cuando amenazan equilibrios internos. Wilmer Ruperti no es víctima inocente ni villano de telenovela. Es el producto perfecto de dos décadas de chavismo y corrupción: un capitán hábil que supo leer las corrientes políticas mejor que las marítimas.

Construyó un imperio sobre contratos opacos y gestos de devoción. Hoy, encerrado en las mismas instalaciones que usó el narcorégimen para silenciar disidentes, enfrenta la ironía final: el mar que dominó ya no lo protege. Las olas que él mismo ayudó a calmar ahora amenazan con tragárselo. Pero en la lógica caníbal de este régimen, nada es definitivo: si sella un pacto en las sombras o paga el precio exigido, en horas o días podría estar de nuevo en libertad. Y Venezuela, una vez más, contempla cómo el poder mastica, traga y escupe a sus propios hijos según su antojo.

Nota: Este artículo se basa exclusivamente en información pública y reportes de medios al 21 de marzo de 2026.

FUENTE: Con información de Elizabeth Sánchez Vegas