El memorándum que crea el área carece de legalidad nacional e internacional y “entrega 12,000 kilómetros cuadrados al narcotráfico de Venezuela”, según expertos
Nicolás Maduro y Gustavo Petro crean la zona binacional
AFPBOGOTÁ.- Nicolás Maduro y Gustavo Petro acordaron sin rigor legal crear una extensa zona binacional que convierte buena parte de los 2.219 kilómetros de la frontera terrestre que Colombia comparte con Venezuela en una “zona gris” que desafía la institucionalidad del país de los “paisas” y la seguridad regional y hemisférica.
Con el memorándum de entendimiento que firmaron funcionarios de Comercio de los dos países el 14 de julio y que solo Maduro informó 11 días después, el acuerdo pacta una cooperación económica “para ampliar y profundizar el desarrollo” bilateral, pero a la luz de los hechos “consolida la entrega de la franja al narcotráfico, el terrorismo y grupos armados que actúan allí con impunidad”, advierten especialistas en seguridad y política regional.
Además, buscaría bajo el manto de la legalidad “legitimar” el control del Cártel de los Soles y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ya tienen en el área fronteriza, con un objetivo estratégico: darle recursos a Maduro que le permitan quedarse en el poder, añaden.
“Es hacer una autopista de 12,000 kilómetros cuadrados para la cocaína que sale de Venezuela”, afirma Jesús Romero, comandante retirado de inteligencia naval de EEUU y experto en seguridad, en una evaluación sobre la zona binacional.
El acuerdo, según el cuestionado documento, abarca por el lado colombiano el Departamento del Norte de Santander que incluye su capital Cúcuta y el Catatumbo, donde se asientan los violentos Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones de las FARC y otros grupos armados; y también los estados Táchira y el petrolero Zulia, por el occidente venezolano.
Además, deja al futuro “la definición y demarcación de otros territorios” con una vigencia de cinco años.
“Esa zona especial representa un peligro por sus alcances: van a operar libremente el narcotráfico y otros crímenes que se presentan en la zona, la cual tiene apertura al Mar Caribe, al Océano Atlántico y el Pacífico, con dirección hacia Centroamérica, EEUU y México”, sostiene Miguel Ángel Martín, abogado especialista en políticas de seguridad y defensa.
“Es un canal del delito”, coincide el exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos.
El acuerdo es otro de los intentos fallidos de Maduro en 12 años en el poder, y de Petro en sus tres, y coincide con la proximidad de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, en medio una aguda polarización y violencia.
“Creo que el acuerdo es un mensaje para agudizar una crisis en el país, el plan de Petro es suspender las elecciones y quedarse”, advierte el político.
Según Romero, los cálculos aproximados de 12,000 kilómetros cuadrados de la zona especial que favorecería al Cártel de los Soles en especial, se basan en el alcance geográfico y la longitud de los territorios mencionados, según explica.
Es un área dominada históricamente por la violencia y la inseguridad. Pero el experto asegura que puede extenderse más.
“Puede llegar a 44,380 kilómetros cuadrados” si se incorporan los departamentos colombianos de César y la Guajira como se ha adelantado, y se expande a toda la frontera que comparten.
La zona binacional es ilegal, según el derecho internacional, e impacta la soberanía y la institucionalidad colombiana que aún existe, remarca Martín en su análisis jurídico.
En ese país crece el rechazo. Según reportes, ya se demandó la nulidad ante el Consejo de Estado, debido a que el acuerdo no fue contemplado en un tratado internacional, como lo indican las leyes. Además, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, conformó una comisión accidental para verificar “directamente los eventuales impactos sobre la economía y la seguridad”,
El pacto compromete incluso el tránsito regular de poblaciones colombo-venezolanas entre las ciudades Cúcuta y de San Antonio del Táchira que constituyen la parte fronteriza más activa para el comercio cotidiano.
“La creación de la zona debió ser por un tratado internacional, significa que debía tener la aprobación del parlamento y de la Corte Constitucional, en el caso de Colombia”, afirma Martín, al remarcar que en Venezuela las instituciones no son independientes.
“Se compromete la soberanía, la seguridad y la legislación internacional colombiana”, y lo explica.
“En la práctica, lo que se firmó se impone sin debate y sin legitimidad jurídica y el acuerdo puede legitimar un orden paralelo, donde el Estado abdica su presencia ante organizaciones del narcotráfico”.
Ante esto, Martín ve indispensable impedir “la entrega de la soberanía” y que Colombia active la defensa de su institucionalidad. En Venezuela militares “actúan al margen de la legalidad”.
“Generales que integran el Cártel de los Soles son los que tienen la operatividad en las zonas fronterizas de Venezuela a través de las REDI y CODI, imaginen lo que puede pasar”.
La zona binacional dificultaría, además, la colaboración por tierra de organismos internacionales, como la DEA, lo que requeriría de países afectados por el narcotráfico “proteger las aguas internacionales y denunciar la gravedad del hecho en la frontera”.
“La entrega de la soberanía sobre todo a grupos criminales es un delito de lesa patria”, apunta Martín.
Santos, en su análisis político, destaca el impacto de la zona binacional no solo en la soberanía, sino particularmente en el Catatumbo, territorio escenario de enfrentamientos del ELN y las FARC que ocasionaron más de 50,000 desplazados en enero de 2025, y detrás de lo cual estarían los tentáculos del régimen venezolano.
Deja claro, en principio, que el acuerdo bilateral “no va a cambiar absolutamente en nada” lo que ha ocurrido siempre en esa parte de la frontera binacional.
“Toda la coca que se cultiva allí abarca cerca de 30.000 hectáreas; toda la pasta de coca se refina en Venezuela; y toda esta la sacan de ese país hacia EEUU y Europa, al amparo del gobierno de Maduro. Así que el Catatumbo es parte del negocio de la droga que mantiene al régimen de Venezuela”.
Subraya que “el ELN, que es factor fundamental en esa zona sobre todo en la parte venezolana, es hoy una guerrilla binacional que opera de manera conjunta con la Fuerza Armada de Venezuela”.
“Lo ha hecho en varias ocasiones”, asegura y cita los enfrentamientos entre el ejército venezolano y las FARC en 2022, donde el ELN se sumó de la mano de los mismos militares de ese país.
“En esa ocasión, las operaciones conjuntas quedaron en evidencia en enero de 2025 cuando Diosdado Cabello coordinó el traslado de guerrilleros del ELN desde el Arauca hasta el Catatumbo”, dice Santos.
Considera que el acuerdo binacional es “un reconocimiento de facto del gobierno de Petro –no de los colombianos, acota- a la dictadura de Maduro, y el rol del ELN es “clarísimo” en el tema.
“”Ha dicho: ‘en el momento en que tengamos que salir a batallar para defender a Maduro lo vamos a hacer’. La defensa de Maduro ya es un objetivo estratégico”, y hay una pesada razón, según dice.
“Es mucho más importante para Maduro la plata del narcotráfico que produce y lavan en el Catatumbo; y eso es lo que el ELN quiere defender, recursos que necesitan, hoy más que nunca, para mantenerse en el poder”.
Santos aspira a que la zona binacional no sea permanente, porque “un gobierno serio lo echará para atrás”, dice de cara a las próximas elecciones.
FUENTE: Entrevistas a Miguel Ángel Martín y Jesús Romero, especialistas en seguridad e inteligencia; Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia
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