El Departamento de Estado de EEUU ratificó en mayo de 2025 que La Habana alberga al menos once fugitivos estadounidenses
El chino Zhi Dong Zhang, capturado en Cuba y entregado a México, fue enviado a EEUU.
AFPEl reciente anuncio del Gobierno cubano sobre la extradición del narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, alias "Brother Wang", reclamado por México por delitos vinculados al tráfico de fentanilo, fue presentado por La Habana como una muestra de cooperación internacional.
Sin embargo, el gesto ha reavivado el debate sobre la coherencia del régimen en materia de justicia transnacional, pues mientras entrega a un ciudadano extranjero sin implicaciones políticas, continúa ofreciendo refugio a más de una decena de fugitivos internacionales perseguidos por la Justicia de EEUU, España y varios países latinoamericanos, reseña el portal web Diario de Cuba.
Entre los casos más emblemáticos figuran las fallecidas Assata Shakur (Joanne Chesimard) y Nehanda Abiodun, así como William "Guillermo" Morales, miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), grupo responsable de atentados en Nueva York durante los años setenta. Todos gozaron o gozan de asilo político en Cuba, un privilegio que contrasta con la reciente cooperación del país en materia de narcotráfico.
Desde los años 80, miembros de la organización separatista vasca ETA encontraron en Cuba un santuario discreto. Entre ellos José Ángel Urtiaga Martínez, Jesús Abrisketa e Ignacio Etxebarria, reclamados por España por delitos de terrorismo.
A pesar de existir un tratado de extradición hispano-cubano de 1905, La Habana ha rehusado su entrega reiteradamente, alegando motivos humanitarios o políticos. Informes parlamentarios españoles reconocieron que durante décadas Cuba albergó a una docena de militantes de la banda terrorista bajo el estatus de "residencia vigilada", sin cooperación judicial efectiva.
En estos casos, el asilo ideológico se impuso sobre la justicia penal, evidenciando que La Habana prioriza afinidades políticas por encima de obligaciones internacionales.
La política de asilo del régimen también se extendió a miembros de movimientos insurgentes latinoamericanos. Durante las décadas de los 90 y los 2000, excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) residieron temporalmente en la Isla bajo la cobertura de misiones de diálogo y procesos de paz, aunque algunos tenían antecedentes judiciales vigentes.
En los años 80, Cuba también acogió a militantes del M-19 colombiano, entre ellos Antonio Navarro Wolff, quien permaneció en la Isla tras sufrir un atentado en 1985 y más tarde se convirtió en figura clave de la política colombiana. El actual presidente Gustavo Petro también exmilitante del M-19, fue parte de esa red de afinidades políticas que La Habana respaldó como "solidaridad revolucionaria".
A ellos se suman figuras vinculadas al Movimiento Tupamaros, de Uruguay, y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Nicaragua, todos beneficiados en distintos momentos por el amparo político cubano.
Aunque muchos de estos actores se integraron posteriormente a la vida democrática de sus países, el régimen de Cuba nunca distinguió entre perseguidos políticos y responsables de crímenes graves. La máxima no escrita parece haber sido constante: "el enemigo de mi enemigo es mi amigo".
El caso "Brother Wang", entregado a México el 23 de octubre de 2025, demuestra que el régimen cubano puede cumplir los tratados internacionales cuando la solicitud no tiene implicaciones ideológicas. Sin embargo, frente a EEUU, España o Colombia, la respuesta habitual es la negativa o el silencio diplomático.
La Habana ampara a quienes considera "antimperialistas" y justifica su negativa alegando "motivaciones políticas" en las solicitudes de extradición. Desde la óptica del derecho internacional, esta práctica viola el principio de reciprocidad y distorsiona la noción de "delito político", establecida en tratados vigentes, como el de extradición con EEUU de 1904.
Hoy, delitos como el terrorismo, el secuestro o el asesinato no pueden considerarse políticos. La negativa sistemática a extraditar o juzgar a acusados de tales crímenes vulnera el principio aut dedere aut judicare —extraditar o procesar—, un estándar internacional destinado a evitar la impunidad.
El Departamento de Estado de EEUU ratificó en mayo de 2025 que Cuba alberga al menos 11 fugitivos estadounidenses, entre ellos varios vinculados a organizaciones terroristas. Esa circunstancia justifica su permanencia en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo.
El Gobierno cubano respondió, como en ocasiones anteriores, acusando a Washington de manipular los informes y de dar refugio a "terroristas cubanos" en territorio estadounidense. En julio de este año, La Habana presentó ante la ONU su propia lista de "terroristas", integrada por activistas y exiliados sin antecedentes penales, en lo que analistas interpretan como un intento de contrarrestar las acusaciones.
Jurídicamente, el comportamiento del régimen cubano contraviene varios instrumentos internacionales que regulan la cooperación judicial y la buena fe entre Estados. En primer término, viola la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, toda vez que La Habana aplica de forma discrecional los tratados de extradición con EEUU y España, incumpliendo el principio de ejecución obligatoria.
Asimismo, incumple la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y las Convenciones universales contra el terrorismo (1997 y 1999), que establecen el deber de extraditar o juzgar sin demora. No obstante, La Habana ni extradita ni juzga, generando espacios de impunidad.
De igual forma, esta política viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), pues el régimen ha otorgado asilo político a condenados por asesinato o terrorismo, usando la figura como herramienta ideológica, no humanitaria.
La estrategia cubana revela una constante: cooperación selectiva y refugio ideológico. Mientras extradita a un narcotraficante asiático para mostrar cumplimiento de tratados, protege a individuos acusados de terrorismo o asesinato, desvirtuando los mismos principios que dice defender.
El contraste entre el discurso y la práctica no solo erosiona su credibilidad jurídica, sino que confirma una contradicción estructural: el régimen de Cuba no es coherente con el derecho internacional que invoca, ni con la justicia que reclama.
FUENTE: Diario de Cuba
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