viernes 21  de  marzo 2025
DERECHOS HUMANOS

Defensor del Pueblo venezolano justifica el uso de armas decretado por Maduro

CARACAS.- Hasta ahora, brilla por su ausencia un pronunciamiento oficial de Tarek William Saab, quien ocupa desde hace un mes esta instancia del Poder Ciudadano. Pero, quizá eso se deba a que el funcionario considera a las redes sociales más que suficientes para hablar del tema

CARACAS.- REDACCIÓN WEB / DLA

Luego que este martes 27 la administración de Nicolás Maduro autorizara por decreto el uso de armas mortales contra protestas en Venezuela muchas ONG de Derechos Humanos han exigido al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que se pronuncie en torno a la situación.

Hasta ahora no hay una postura oficial. Pero en su cuenta twitter el funcionario ha difundido extractos de la resolución 008610 firmada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y publicada en la Gaceta Oficial número 40.589 del martes 27 de enero.

Por una parte, se refiere al artículo 15 de la resolución, el cual expone: “Cuando los medios alternativos de resolución de personas que participan en las reuniones públicas o manifestaciones sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, en cuyo caso el personal militar deberá adoptar, entre otras cosas, las siguientes conductas:”

En esta suerte de manual de comportamiento se solicita tener precaución con las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, el uso de agentes químicos, la progresión del uso de la fuerza a medida que desciende o aumenta la violencia y el uso de armas de fuego.

Con este tuit, pareciera que el Defensor intentara exponer a la opinión pública que no hay intención de usar armas mortales en las manifestaciones, pues obvió completar la idea original:  “…, a menos que, por la necesidad de proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso”.

Luego, comienza a justificar el empleo de armas haciendo referencia a lo establecido en el artículo 24, 22 en su numeral 7 y en el artículo 2, numeral 2.

 

 

 


Activistas de los Derechos Humanos en Venezuela, como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), han dicho que la resolución del Ministerio de la Defensa viola la Constitución Nacional en sus artículos 28 y 329; y han emplazado al Defensor del Pueblo a fijar posición sobre el asunto.

 

 

 

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