El grave problema de seguridad nacional alimentado por la Casa Blanca ha empeorado la crisis interna que sufría el país con millones de inmigrantes indocumentados
Inmigrantes indocumentados cruzan la frontera sur de Estados Unidos.
GUILLERMO ARIAS/ AFPHOMESTEAD.- Después de la caótica situación creada por la administración de Joe Biden en la frontera sur y luego sus intentos supuestamente para solucionarla, han fomentado las divisiones entre los recién llegados con ciertos beneficios y quienes desde hace años y décadas se encuentran en Estados Unidos, sin siquiera un permiso de trabajo.
El grave problema de seguridad nacional alimentado por la Casa Blanca ha empeorado la crisis interna que sufría el país con millones de indocumentados. Se estima que durante esta administración hayan entrado al país unos 8 millones de inmigrantes irregulares.
En un refugio administrado por la ciudad de Nueva York los migrantes se quejan de que familiares que llegaron a Estados Unidos antes que ellos no quieren hospedarlos. En el sur de Florida, algunos inmigrantes que llegaron hace años están molestos porque otros que arribaron después obtienen permisos de trabajo, algo que está fuera de su alcance.
Alcaldes, gobernadores y otros funcionarios de los estados gobernados por la extrema izquierda defiende el caos causado con la entrada de millones de inmigrantes que recién llegan en busca de refugio y permiso de trabajo. Sus esfuerzos y las leyes existentes han dejado al descubierto las tensiones existentes entre inmigrantes que viven en el país desde hace años, incluso décadas, y los recién llegados.
Aquellos que llevan tiempo aquí alegan que no tienen los mismos beneficios que los recién llegados, especialmente permiso de trabajo. Los más nuevos, por su parte, sienten que los inmigrantes que ya están establecidos no los aceptan.
Miles de inmigrantes marcharon este mes en Washington para pedirle al presidente Joe Biden que también conceda permisos de trabajo a inmigrantes que viven desde hace tiempo en el país. Algunos de los carteles decían “Permiso de trabajo para todos” y “He estado esperando 34 años un permiso de trabajo”.
Los arrestos de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera desde México superaron los dos millones por segundo año consecutivo en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre.
Además, cientos de miles de inmigrantes han sido legalmente admitidos en el país durante el último año bajo nuevas políticas destinadas a desalentar los cruces ilegales.
Y el problema va más allá de los cruces ilegales. Sólo las incautaciones de fentanilo en 2022 aumentaron a 7,200 kilogramos, más de 14.000 libras. Y esta es la cifra confiscada, ahora habría que intuir la que no se ha detectado, que por lo general es mucho mayor.
“Las crecientes olas de arribos hacen que nuestros esfuerzos en defensa de la inmigración tengan más desafíos. Las llegadas han creado tensiones y muchos cuestionamientos”, dijo el representante Jesús “Chuy” García, un demócrata de Chicago cuyo distrito incluye una gran cantidad de inmigrantes.
Los sistemas públicos de las llamadas ciudades santuarios se encuentran al borde del colapso como es el caso de las ciudades de Nueva York, Chicago, Los Angeles, Boston, Portland y San Francisco, que fue limpiada de inmigrantes ilegales y mendigos antes del encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y Biden.
La gente ha estado “esperando por décadas una oportunidad de obtener una tarjeta verde (de residencia) para legalizarse y tener un camino a la ciudadanía”.
Los solicitantes de asilo deben esperar seis meses para pedir una autorización de trabajo. El procesamiento de ese pedido no toma más un mes y medio para el 80% de las personas, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS por su nombre en inglés.
Aquellos que cruzan la frontera siguiendo los nuevos caminos legales que ofrece el gobierno de Biden no tienen que esperar. Unas 270.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegaron hasta octubre con un estatus legal temporal conocido como “parole” tras conseguir un patrocinador financiero. Otras 340.000 lograron una cita a través de una aplicación telefónica conocida como CBP One para ingresar a través de un puesto de control en la frontera con México.
El gobierno dijo en septiembre que trabajaría para reducir a 30 días el tiempo de espera de permisos de trabajo para las personas que ingresan de manera legal. Hasta finales de septiembre había enviado 1,4 millones de correos electrónicos y mensajes de texto recordando quién era elegible para trabajar.
José Guerrero, un mexicano que trabajó en la construcción después de haber llegado de su país hace 27 años, dijo que entiende que muchos de los recién llegados se sienten obligados a huir de sus países. Después de casi tres décadas en Estados Unidos, él quiere que lo traten de la misma manera.
“Vienen estos inmigrantes y le dan todo fácilmente. Y uno que lleva años, trabaja y paga impuestos, nada”, expresó Guerrero, quien ahora tiene una pequeña compañía de jardinería en Homestead, a unos 63 kilómetros al sur de Miami. “Es injusto que a esta gente le pongan todo en la mano”.
Así son las grandes contradicciones que ha generado la administración Biden, con muy pocos matices de justicias social a diferencia de lo que proclaman los demócratas y la extrema izquierda en EEUU.
La Casa Blanca, la creadora de la crisis, ha pedido al Congreso 1.400 millones de dólares destinados a alimentos, refugios y otros servicios para los recién llegados.
Los alcaldes de Nueva York, Denver, Chicago, Los Ángeles y Houston escribieron el mes pasado a Biden solicitándole 5.000 millones de dólares. Le explicaron que la llegada de inmigrantes ha drenado sus presupuestos y cortado servicios esenciales, pero el dinero no sale de la Casa Blanca sino de los impuestos que pagan los americanos.
Los alcaldes respaldan también un estatus legal temporal —y permisos de trabajo— para las personas que llevan años en Estados Unidos, pero se han focalizado más en los recién llegados.
Muchos de los inmigrantes que acaban de llegar se encuentran en situaciones extremas, entre ellos algunos que esperaban ser recibidos por familiares y amigos pero encontraron que no les responden o bloquean sus llamadas telefónicas y mensajes.
Ángel Hernández, un venezolano que vio cadáveres de migrantes mientras atravesaba la selva panameña del Darién, se desilusionó cuando llegó a Nueva York. El trabajador de la construcción dijo que él, su tía, un tío y sus dos primos abandonaron Colombia después de más de tres años porque ya no tenían trabajo.
Hernández, de 20 años, no ha podido conseguir empleo. Planeaba establecerse con el hermano de su tío, que llegó a Estados Unidos alrededor de un año antes y ya vive en una casa y tiene un trabajo estable.
“Es cada quien por sí mismo”, dijo Hernández frente al Hotel Roosevelt, una propiedad de Manhattan que permanecía cerrada hasta que la municipalidad de Nueva York la abrió para los inmigrantes en mayo, después de que aeropuertos y estaciones policiales han servido de albergues.
La llegada de migrantes ha puesto a los grupos que ofrecen servicios para inmigrantes al borde de un abismo financiero, que por supuesto pagan los contribuyentes estadounidenses y no Joe Biden ni la Casa Blanca.
Por décadas, el Latino Treatment Center ofreció ayuda a inmigrantes sin estatus legal que viven en Chicago y enfrentan problemas de abusos de droga. Ahora ayuda a recién llegados que dormían en una comisaría policial, preparó una ducha en sus oficinas para que los inmigrantes la usaran algunos días de la semana y les ofreció asesoramiento.
“Es una situación única para la que no estábamos preparados”, dijo Adriana Trino, directora ejecutiva del grupo. “Esta ha sido una etapa completamente diferente, las necesidades son muy distintas”.
Muchas organizaciones niegan las fricciones y dicen que han podido llegar a fianal de mes.
“Tratamos de mantener un equilibrio entre hacer ambas cosas: las personas que han estado aquí durante años y las personas que llegan y hasta ahora hemos podido servir a todos”, dijo Diego Torres de la Coalición Latinoamericana, que ayuda a inmigrantes en Charlotte, Carolina del Norte.
En Atlanta, la Latin American Association dice que este año ha gastado 50.000 dólares para ofrecer alojamiento temporal y otro tipo de ayuda a los recién llegados. Santiago Marquez, el principal ejecutivo de la organización, asegura que no ha visto ningún resentimiento.
Sin embargo, es fácil encontrar inmigrantes con profundas raíces en Estados Unidos que se irritan y quejan por un trato desigual.
Una mujer mexicana que vive sin autorización legal en Estados Unidos desde hace 25 años y tiene tres hijos estadounidenses dijo que es injusto que los recién llegados reciban permisos de trabajo y ella no. La mujer de 45 años trabaja en cosechas en Homestead y gana por semana unos 150 dólares.
FUENTE: Con información de AFP.
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