WASHINGTON— Decenas de millones de pequeñas empresas estadounidenses deberán proporcionar al gobierno de Joe Biden los detalles de sus propietarios y de otras personas que se benefician de ellas, en virtud de una normativa ultimada el jueves.
Sin embargo, analistas políticos y económicos independientes y republicanos afirman que esto es un paso más del control y persecución del gobierno sobre las entidades privadas, una función que contradice los estatutos fundamentales del capitalismo occidental y de la Constitución del país. De ahí, el anuncio semanas atrás de la contratación de más de 86.000 nuevos empleados para el Departamente de Rentas Internas (IRS)
El Departamento del Tesoro informó que está dando pasos para crear una base de datos que contendrá información personal sobre los propietarios de al menos 32 millones de empresas norteamericanas como parte de un [supuesto intento para combatir] las finanzas ilícitas.
En Estados Unidos existen suficientes leyes y entidades estatales que se dedican a revisar las posibles finanzas ilícitas, sin la intromisión directa del gobierno federal. Biden y los demócratas desean cada vez más que el gobierno federal -como lo han retierado- tenga un papel más activo y controlador sobre sociedad, la economía y las entidades privadas, al estilo del centralismo que practican los regímenes socialistas en el mundo.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es una ferviente y ciega seguidora del expresidente Barack Obama y ahora de Joe Biden. Precisamente su apoyo incondicional a los paquetes de estímulo y excesivos gastos federales de la administración Biden causaron en gran parte la histórica inflación que sufren hoy los más de 335 millones de estadounidenses.
En junio la inflación llegó a 9,1% y ahora se encuentra en 8,3%, además de la mayoría de los indicadores económico en [cifras negativas históricas].
Yellen afirma que la nueva regulación impuesta por Biden representa un cambio radical en el mundo de la transparencia corporativa, pero en realidad sí es un cambio radical en el control cada vez más preocupante sobre la propiedad privada.
Según la administración Biden, los rusos ricos están acusados de ocultar dinero y activos robados, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo. Sin embargo, analistas afirman que esto es sólo un pretexto para incrementar el control del estado federal en la vida privada y financiera de los estadounidenses en busca de más fondos para sus planes de extrema izquierda que han conducido a una economía en recesión.
“Esta norma dificultará que los delincuentes, las bandas de la delincuencia organizada y otros actores ilícitos oculten sus identidades y laven su dinero a través del sistema financiero”, escribió la secretaria del Tesoro.
“Ayudará a fortalecer nuestra seguridad nacional al dificultar que los oligarcas, los terroristas y otras amenazas globales utilicen estructuras legales complejas para lavar dinero, traficar con personas y drogas, y cometer otros delitos que amenazan con dañar al pueblo estadounidense”, agregó.
Parte de esa preocupación por la seguridad nacional debería ser en primer lugar la frontera sur de EEUU, por donde han entrado casi 5 millones de personas entre ellos terroristas y grandes delincuentes de crimen organizado desde que los demócratas asumieron el poder el 20 de enero de 2021. Y otros cientos de miles que no han sido detectados en los espacios abiertos y sin patrullaje en la frontera, debido a la gran demanda de agentes federales y de procesamiento de inmigrantes.
Según Yellen, la normativa requerirá que la mayoría de las empresas estadounidenses con menos de 20 empleados se registren ante el gobierno a partir del 1ro de enero de 2024.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que la carga regulatoria tendrá un costo de unos 85 dólares por empresa.
FUENTE: Con información de AFP