Kevin McCarthy, el presidente republicano de la Cámara de Representantes.
AP/Andrew Harnik El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
MANDEL NGAN/ AFPMIAMI- La elección del republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes, luego de 15 votaciones, significó un verdadero acto de democracia y no de “bochorno ni de alarmante división” como lo presentaron los medios de izquierda y demócratas, visiblemente incómodos por la derrota en las elecciones legislativas de noviembre.
Cuando los senadores Krysten Sinema y Joe Manchin se enfrentaron y frenaron durante más de un año la descomunal propuesta de presupuesto del presidente Joe Biden por más de 6 billones de dólares, ambos recibieron el calificativo en agencias de noticias y cadenas de televisión de [moderados e indecisos]. Finalmente, la desmesurada propuesta de la Casa Blanca tuvo que ser dividida en dos partes: una en la “Ley de Infraestructura”, de 1,2 billones de dólares; y la otra, frenada durante más de 15 meses, que concluyó con el eufemismo de “Ley de Reducción de la Inflación”, por 1,7 billones de dólares. Esta oposición dentro del Partido Demócrata fue definida como un “reajuste de ideas y conceptos”.
Sin embargo, la exigencia de demandas en la Cámara Baja para fortalecer las posiciones conservadoras y frenar de manera rotunda el avance de proyectos de los mal llamados demócratas progresistas (extrema izquierda socialista) por un grupo de 20 legisladores republicanos, inmediatamente recibió calificativos de “insurgentes”, “extremistas de derecha”, “rebeldes” e “insubordinados peligrosos”.
Bajo esta andanada de etiquetas y divisiones impuestas por posiciones de extrema izquierda en el Congreso de Washington en los últimos dos años, se han celebrado las sesiones en ambas Cámaras.
Lo peor es la abierta incomunicación e incongruencia dentro de la Casa Blanca.
Durante el segundo día de votaciones para elegir al presidente de la Cámara Baja, la portavoz de Biden, Karine Jean-Pierre, dijo -al ser preguntada sobre la opinión de Biden acerca del proceso en el Capitolio- que el Presidente respetaba lo que ocurría y que se mantendría al margen y al tanto de la situación sin emitir opiniones. Una hora después, Biden declaró que era una “vergüenza y un bochorno [lo que calificó de] el show de los republicanos”.
Desde su primera semana en la Oficina Oval, Biden se encargó de anunciar a los republicanos que el objetivo de su gobierno era aplastar y destruir todo el trabajo de los conservadores y en especial el de su predecesor, Donald Trump. Y sin perder tiempo, firmó más de 75 órdenes ejecutivas en menos de tres semanas.
Quienes han vivido y sufrido directamente las acciones de gobiernos totalitarios y anarquías como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua comprenden perfectamente que la “igualdad de criterios” y las "acciones unilaterales o unipartidistas" reflejan la gravedad del sistema de gobierno y conducen a la supresión de las libertades individuales y derechos ciudadanos, convirtiendo a la población en rehén de una cúpula.
Los planes de los radicales de izquierda, dirigidos por el socialista Bernie Sanders y secundado también por un grupo de legisladores como Alejandra Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, han encontrado un fuerte respaldo en la agenda de Biden, cuyas políticas financieras han desencadenado la peor inflación en las últimas cinco décadas y han puesto a los contribuyentes a costear una nueva guerra en Ucrania, además del financiamiento de instituciones, proyectos y organizaciones internacionales alejadas de los reales intereses del pueblo americano.
Tras un acuerdo sobre las demandas exigidas por los 20 legisladores, McCarthy recibió los votos que necesitaba para ganar el liderazgo, llevándose otra vez las críticas de la prensa liberal por sus concesiones y su supuesta “debilidad”. Días después, se demostró lo contrario, cuando el líder de la mayoría republicana logró la aprobación de un abultado paquete de objetivos y reglas que determinan las acciones futuras de los conservadores.
"En el corazón de toda esta discusión y debates estuvo muy claro, al menos desde nuestro lado, que Washington está roto", manifestó el segundo a bordo de McCarthy, Steve Scalise.
"Y no sólo Washington está roto, sino que el modo en que esta Cámara ha funcionado en los últimos dos años no ha sido diseñado para abordar y solucionar los verdaderos problemas de la gente en este país", añadió.
Entre los propósitos republicanos se encuentran que un miembro de cualquiera de los dos Partidos puede solicitar el comienzo del proceso para la destitución del presidente de la Cámara, la cancelación de más de 70.000 millones de dólares en fondos adicionales al Servicio de Rentas Internas (IRS) y la reducción de los alarmantes gastos gubernamentales, entre ellos el constante envío a Ucrania de dinero, sin supervisión, de los contribuyentes estadounidenses. La cifra supera los 100.000 millones de dólares.
Durante una entrevista a la cadena Fox, el legislador Jim Jordan indicó que "todo tiene que estar sobre la mesa", incluida la financiación para la guerra en Ucrania.
"Francamente, será mejor que miremos el dinero que enviamos a Ucrania y digamos: ¿Cómo podemos emplear mejor ese dinero para proteger a Estados Unidos?
El control republicano representa un enfriamiento necesario a los planes pendientes de la extrema izquierda y el intento de revertir otros ya aprobados de forma unilateral por los demócratas, después de mantener en vigor un recurso especial de emergencia en tiempos de crisis (pandemia) que permitió aprobar diversas legislaciones por simple mayoría, con el desdén al voto de la oposición republicana.
“Ahora empieza el trabajo duro", declaró al ser elegido el legislador californiano McCarthy, quien agradeció especialmente al exmandatario Donald Trump por permanecer a su lado en todo momento y hacer todo lo posible para “ayudarle a conseguir los votos finales”.
Tras cuatro días de agotadoras votaciones, McCarthy consiguió que más de una docena de republicanos cambiasen el sentido de su sufragio para respaldar su candidatura. Y al tomar posesión del cargo permitió el juramento de los nuevos legisladores.
En uno de sus primeros pasos, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó una comisión para investigar a fiscales federales, agencias vinculadas al IRS y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para indagar sobre posibles implicaciones en hechos y acontecimientos que contravienen las leyes del país y la Constitución.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a un fiscal especial para investigar acerca de los documentos clasificados encontrados en una antigua oficina y en una de las residencias privadas de Joe Biden.
Garland dijo que "firmó un documento que designa a Robert Hur como fiscal especial" que "lo autoriza a investigar a cualquier persona o entidad que haya violado la ley" en este caso, dijo en un breve discurso.
Hur forma parte de un despacho de abogados de Washington. Licenciado por la Universidad de Stanford y Harvard, fue fiscal federal en Maryland de 2018 a 2021, un cargo para el que fue designado por Donald Trump.
De 2007 a 2014, mientras fue fiscal federal adjunto en el distrito de Maryland, trabajó en casos relacionados con la violencia de pandillas, delitos con armas de fuego, narcotráfico, fraude en instituciones financieras y corrupción, según el Departamento de Justicia.
Los republicanos se proponen indagar mediante pesquisas los motivos alegados para abrir numerosas investigaciones contra el expresidente Donald Trump, que los demócratas promovieron en un claro intento de impedir su candidatura a la Casa Blanca en 2024 e inhabilitarlo políticamente.
El Departamento de Justicia y la Policía Federal "han sido instrumentalizados por la administración Biden contra la oposición conservadora, en particular durante el registro -sin precedentes- de la casa del presidente Trump", declaró la congresista Elise Stefanik, refiriéndose al allanamiento en agosto del domicilio del exmandatario y su familia en Florida por agentes del FBI, quienes permanecieron casi 9 horas dentro de la residencia.
En la cartera de objetivos se encuentra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, quien supuestamente enfrenta una investigación del FBI y del Departamento de Justicia sobre vínculos de corrupción con altos riesgos para la seguridad nacional de EEUU. Según fuentes consultadas por The New York Post, la pesquisa lleva más de tres años en curso, sin ningún informe conclusivo.
“Ahora que los demócratas no tienen control unipartidista en Washington, llegará la supervisión y la rendición de cuentas”, declaró el representante republicano James Comer, titular de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.
La comisión envió cartas al Departamento del Tesoro en las que pidió información sobre transacciones financieras por parte de miembros de la familia Biden, que fueron reportadas como "sospechosas".
La comisión también solicitó testimonios de varios exejecutivos de Twitter involucrados en la censura a un reportaje de The New York Post en octubre de 2020 sobre Hunter Biden, el hijo menor del presidente, que exponía directamente al entonces candidato presidencial Joe Biden a un escrutinio de las agencias de inteligencia, antes de las elecciones de noviembre. Biden, presuntamente, recibió protección y beneficios para evitar acusaciones y un connotado escándalo.
Un nuevo capítulo sobre el inquilino de la Casa Blanca se abrió tras el hallazgo de tres lotes de documentos clasificados y ultrasecretos del gobierno Obama-Biden ocultos bajo llave en lugares diferentes, incluso en el garaje de una de las residencias del mandatario en Delaware. Biden dijo estar “sorprendido por el descubrimiento de los informes clasificados”, lo que abre muchas interrogantes y sospechas.
El expresidente Donald Trump afirma que las investigaciones en su contra del Departamento de Justicia sobre su conducta escondían una gran trama de “corrupción” y exigió al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que allane las distintas propiedades de Biden y de Barack Obama como mismo hicieron en su residencia en Mar-a-Lago.
El Congreso de Estados Unidos declaró en 1978 que los documentos creados o recibidos por el Presidente y el vicepresidente en el marco de sus funciones pertenecen al país.
A raíz de esta ley, todos los correos, cartas, fotos, videos y documentos de trabajo de la Casa Blanca deben ser transmitidos al final del mandato a los Archivos Nacionales, encargados de registrar para la historia las actividades presidenciales.
El mayor escándalo hasta ahora sobre el manejo de documentos confidenciales del gobierno ha sido el de Hillary Clinton, con la eliminación de más de 36.000 emails y otros miles que desaparecieron mucho antes del servidor instalado en su vivienda. Sin embargo, los intentos de organizaciones y jueces por condenarla han quedado en un limbo, sin ninguna conclusión oficial.
"Es otro paso en falso de la administración Biden que (...) trata al presidente Trump de una manera y al presidente Biden de otra", dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que opina que "el Congreso debe investigar este caso".
Entre las posibles hipótesis, que deberá investigar el fiscal general Merrick Garland y el designado Robert Hur, se encuentra cómo llegaron esos documentos [NO desclasificados] del gobierno de Obama-Biden a estos lugares y por qué se revelan ahora de forma simultánea. Según fuentes, el primer lote contiene información sensible sobre China, Irán y secretos nucleares, sobre los demás hasta el momento no se había filtrado nada.
Algunos demócratas consideran que la desacertada gestión de Biden y las visibles señales de limitaciones físicas y mentales -asociadas a su avanzada edad- propiciaron que los republicanos ganaran el control de la Cámara Baja. Además, su reiterado deseo de postularse para el 2024 saltó las alarmas dentro de la bancada azul.
Mike Turner, miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, envió una solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, en la que argumenta que la retención por parte de Biden de los documentos es una “posible violación de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la Ley de Espionaje y Registros Presidenciales”.
Otro de los graves temas pendientes para los republicanos es la frontera sur del país y la política de inmigración del actual gobierno de Biden, que estimuló y permitió un verdadero caos en la entrada de inmigrantes de forma irregular en EEUU. Más de cinco millones arribaron al cruce fronterizo entre 2021 y 2022 con serias consecuencias para la seguridad del país y con un costo gigantesco adicional para los contribuyentes norteamericanos, además de propiciar una crisis de tráfico de personas, crímenes, violaciones y contrabando de drogas, entre ellas el potente y mortal fentanilo, causante de más de 200.000 muertes (la mayoría jóvenes y adolescentes) en los últimos tres años.
lmorales@diariolasamericas.com
FUENTE: Con información de AFP, AP y otras fuentes.
Descarga LA APP
video