MIAMI.- Una alta funcionaria del Departamento de Estado en Washington reiteró, a través de una conferencia de prensa vía telefónica con varios medios de prensa, “que la Administración de Donald Trump no suspenderá más el Título III de la ley Helms-Burton, una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo”.

De hecho, la activación de esta medida, que fue adoptada por el Congreso estadounidense en 1996, supone que ciudadanos estadounidenses podrán reclamar ante cortes del país propiedades expropiadas por el Gobierno de Fidel Castro durante los primeros años de su dictadura.

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"Este título ha sido suspendido durante 22 años y no hemos visto un cambio hacia la democracia en Cuba”, argumentó la representante de la diplomacia estadounidense, que no reveló el nombre pero sí señaló que la realización del "referendo el pasado 24 de febrero", que serviría para adoptar una nueva Constitución favorable al oficialismo, como prueba de “no hay interés” por el cambio.

"El Gobierno de Cuba continúa oprimiendo y arrestando a opositores, al mismo tiempo que bloquea el camino a la democracia en Venezuela", y por ello, subrayó, "la activación del título III envía un fuerte mensaje de que, tal como ha establecido claramente esta administración, estamos comprometidos a defender los derechos humanos y la instauración de la democracia en Cuba".

En efecto, la implementación de la ley en cuestión abre las puertas a demandas en Estados Unidos contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras en la isla, que han estado empleando edificaciones y/o plantas de operaciones que fueron confiscadas por Castro y sus dueños no fueron compensados.

Sobre la activación del Título IV, que regula y prohíbe la entrada a territorio estadounidense de comercien con dichas propiedades la alta funcionaria especificó “ese título nunca ha sido suspendido pero estamos estudiando cómo implementarlo”.

Acerca de la reacción de países, como Canadá y las naciones miembros de la Unión Europea, que anunciaron la toma de medidas como represalia, la alta funcionaria respondió “que no sabía cuál será el paso a seguir” pero que “todos coincidían en que Cuba debe tomar el camino de la democracia, aunque diferimos en las tácticas a seguir”.

Sobre las relaciones de Cuba con Venezuela y Nicaragua, como patrocinador de los regímenes políticos allí instaurados, la funcionaria aseguró que “más medidas serán adoptadas”.

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