WASHINGTON.- Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte de las medidas de tolerancia cero de Donald Trump se aprestan a demandar al Gobierno federal. Varias de ellas dicen que sus niños menores sufrieron abuso sexual, físico o emocional en orfanatos financiados con fondos federales.

Un estudio de 38 demandas obtenidas por The Associated Press -algunas de las cuales no habían tomado estado público hasta el momento- revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares en daños. En años recientes, más de 3.000 niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares.

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Las familias -algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos- están representadas por organizaciones de base y ONG, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al Gobierno.

"Es la punta del iceberg", dijo Erik Walsh, abogado de Arnold & Porter, que mantiene uno de los programas más grandes del mundo de asesoría legal gratuita.

La firma ha presentado al momento 18 reclamos en nombre de nueve familias por un total de 54 millones de dólares y probablemente habrá decenas más, según Walsh.

El Gobierno tiene seis meses de plazo para responder a los reclamos mediante la FTCA desde el momento de su presentación. Después, los demandantes pueden iniciar juicio al Gobierno.

Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, nombrados en los reclamos, no respondieron a los pedidos de declaraciones.

El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), responsable del cuidado de niños migrantes, dijo que no podía hacer declaraciones sobre procesos legales pendientes, pero que trata a los niños con dignidad y respeto.

El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados del HHS atendió a casi 50.000 niños que cruzaron la frontera sin acompañantes, así como niños separados de sus familias bajo las medidas de tolerancia cero.

La oficina los alojó en orfanatos, refugios residenciales y campos de detención en todo el país. En ciertos períodos llegó a alojar en un sólo día a 500 menores de edad, desde bebés hasta adolescentes.

Las denuncias de abusos y ataques en los orfanatos generan nuevos interrogantes sobre los esfuerzos del gobierno para alojar a los más jóvenes con familias en lugar de refugios y centros de detención atestados.

Según los reclamos, un documento legal federal reciente y documentos del HHS difundidos por el Congreso meses atrás, los niños sufrieron traumas emocionales graves al sufrir ataques físicos o manoseos por parte de otros menores en los hogares de acogida.

Seis de los reclamos son por niños que estuvieron en hogares. Un documento presentado recientemente a un tribunal se refiere a un niño migrante que sufrió abuso en un hogar.

Los documentos difundidos por el Congreso revelan que la Oficina de Asentamiento de Refugiados remitió al menos siete denuncias de abuso sexual en hogares al Departamento de Justicia en 2017 y 2018. Dado que algunos son anónimos para proteger la intimidad de los menores, no está claro si no hay reclamos duplicados.

El Departamento de Justicia no ha respondido a preguntas reiteradas de legisladores sobre esos casos.

Tres de los cuatro incidentes de ataques físicos reseñados en los reclamos bajo la FTCA ocurrieron en Cayuga Centers de Nueva York, la agencia más grande de alojamiento de niños migrantes, que en ocasiones ha tenido hasta 900 bebés y niños.

Cayuga Centers dijo en un comunicado el viernes que toma la seguridad de los niños a su cuidado con toda seriedad y transmite las denuncias de abusos a las autoridades locales, estatales y federales correspondientes, incluidas la Oficina de Servicios para Menores del estado de Nueva York, la policía de Nueva York y la Oficina de Asentamiento de Refugiados.

“La protección del niño es nuestra prioridad número uno. Si se expresa inquietud sobre la seguridad de un niño en un hogar de acogida, se investiga inmediatamente. Todo nuestro personal tiene la obligación de informar”, dijo el grupo. “Cuando se presenta una denuncia, se retira inmediatamente a los niños del hogar de acogida y, si es necesario, se suspende a un hogar de acogida hasta que una investigación exhaustiva aclare la situación”.

Una madre guatemalteca cuya hija de cinco años fue alojada en Cayuga el año pasado dice que la niña todavía se despierta llorando por lo que padeció en el orfanato.

"Ahora se asusta cada vez que salimos o cuando ve un auto policial o alguien uniformado", dijo la madre, que reclama 6 millones de dólares. "Me dice, 'mami, no dejes que vuelvan a separarnos'".

Las familias que hablaron con AP y FRONTLINE lo hicieron bajo la condición de no ser identificadas al temer por su seguridad.

Otra niña guatemalteca de cinco años dijo que un chico la manoseó, tanto en su hogar de acogida como durante las clases en una institución del programa para huérfanos Refugio para los Niños, de acuerdo con un reclamo de 3 millones de dólares. La niña fue trasladada a un nuevo hogar, pero sufría acoso verbal de la madre de su padre adoptivo, que la insultaba y la encerraba a solas en habitaciones para castigarla, según el reclamo.

Un vocero de Servicios Sociales Luteranos de Nueva York, que supervisa el programa Refugio para los Niños, se negó a hacer declaraciones.

FUENTE: Con información de AP

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