SAN JUAN.- La Fiscalía federal en San Juan informó este martes que once personas fueron detenidas por cometer fraude y apropiarse de 728.062 dólares de los beneficios de incapacidad de la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) de Estados Unidos.

Según detalló en un comunicado de prensa la jefa de la Fiscalía federal local, Rosa E. Rodríguez, los pasados 23 y 24 de agosto, un gran jurado federal en Puerto Rico presentó estas imputaciones en un pliego acusatorio.

Rodríguez indicó que estos casos fueron investigados por la Oficina del Inspector General del SSA, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional del Inspector General, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Inspector General y la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el pliego acusatorio, diez de las once personas fueron acusadas con robar propiedad gubernamental, encubrimiento o de fallar en divulgar información al Seguro Social y ofrecer falsos testimonios a la agencia.

Todos estos individuos, según se informó en el comunicado de prensa, reconocían que estaban robando dinero para su beneficio personal.

Los imputados fueron identificados como Evelyn Morales Calderón, Victor Soriano Morales, Mario Zayas Rodríguez, Elvin Santiago Rodríguez, José Alcazar Román, Alvin Alvelo Crespo, Abraham Burgos Torres, Karla Burgos Colón, Nelson Concepción Santana, Wanda Rivera Martínez y Teresa González Hernández.

González Hernández fue acusada también con 40 cargos por fraude electrónico contra el SSA, mientras que Alvelo Crespo fue acusado por fraude al Medicare.

Según se detalló, tras el paso del huracán María, Alvelo Crespo falsamente acudió a buscar ayuda económica a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) indicando que su ingreso anual era de 9.264 dólares y que residía en el Barrio Almirante Norte en Vega Baja, al norte de la isla.

Sin embargo, una investigación reveló que todo eso era mentira.

Aún así, Alvelo Crespo recibió 26.699 dólares en ayuda económica luego del huracán María, incluyendo 14.000 dólares en reparaciones para su hogar.

González Hernández, trabajadora social en un hogar de ancianos, en septiembre del año 2008 abrió una cuenta bancaria junto a uno de los residentes en ese centro.

Dos años más tarde, específicamente en octubre de 2010, el anciano le solicitó al Seguro Social que sus beneficios por incapacidad fuesen depositados directamente a la cuenta bancaria.

El anciano murió en noviembre de 2010, pero González Hernández no le notificó al banco que éste había muerto, por lo que continuaba recibiendo los beneficios de incapacidad.

Ante ello, desde enero de 2011 y noviembre de 2016, González Hernández produjo 71 transacciones bancarias a su cuenta, totalizando 57.947 dólares.

Todos los acusados por fraude contra el Seguro Social podrían afrontar una pena de hasta 10 años en prisión, mientras que Alvelo Crespo podría cumplir una sentencia de hasta 30 años y González Hernández hasta 20 años.

FUENTE: EFE

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