"¿Por qué esto [no es necesario] para reducir el riesgo?" de propagación del virus, le preguntó la jueza Elena Kagan al abogado que representa a las asociaciones empresariales que se oponen a la política del mandatario.

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"Esta es una pandemia en la que ha muerto casi un millón de personas", comentó la magistrada. "Es, con mucho, el mayor peligro para la salud pública que ha enfrentado este país en el último siglo.

Pero se sabe que las cifras oficiales no son 100% confiables, debido a irregularidades encontradas en diversos estados y centros hospitalarios que recibieron cientos de miles de millones de dólares por pacientes y muertes relacionadas con el COVID-19. Buena parte de los fallecimientos fueron vinculados a la pandemia, cuando en realidad estuvieron relacionadas con otras causas comunes, según informan, como el cáncer, infartos, derrames cerebrales, neumonías, afecciones renales, etc.

Las cifras en sentido general serán muy difíciles de comprobar y tomaría años y miles de millones en recursos para investigaciones, pero medios de prensa conservadores han revelado situaciones que ponen en duda las estadísticas actuales de muertes por COVID-19.

Scott Keller, exfiscal general de Texas, que representa a las asociaciones empresariales, dijo que la norma que obliga a vacunarse contra el covid a los empleados de empresas que emplean al menos 100 personas llevaría a muchos trabajadores a renunciar.

"Provocaría el desplazamiento permanente de trabajadores, lo que afectaría a nuestra economía nacional", dijo Keller. "Parte de los problemas que estamos viendo con esta norma es que realmente no pretende regular un peligro en el lugar de trabajo".

"Es un peligro al que todos nos enfrentamos simplemente por despertarnos por la mañana". El juez Stephen Breyer dijo que "algunas personas pueden renunciar, tal vez el 3%".

Tras meses de llamamientos públicos a las personas indecisas o reacias a recibir sus vacunas, Biden aumentó la presión en septiembre. "Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando", dijo.

El presidente demócrata hizo que las vacunas anticovid fueran obligatorias en las empresas que emplean a 100 trabajadores o más, así como para los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos federales. También los hizo con todos los empleados federales y exigió a los estados que lo hicieran. Algunos cumplieron como los estados gobernados por demócratas, como California, Nueva York, Illinios, Minnesota, etc. Otros se opusieron rotundamente por considerar que los mandatos violaban los derechos individuales de los estadounidenses.

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) dio plazo hasta el 9 de febrero a las empresas para cumplir con las reglas o enfrentar la posibilidad de multas.

"Los estadounidenses no vacunados continúan enfrentando una amenaza real de enfermedad grave y muerte, incluso por ómicron", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jan Psaki, en un comunicado.

Lo que la vocera no dice es que tanto vacunados como no vacunados por igual se han contagiado de ómicron, demostrando la escasa efectividad de la vacuna para frenar la pandemia. Tampoco se ha demostrado que los no vacunas hayan tenido síntomas más severos que los [supuestamente inmunizados]. Las realidad ha hablado por sí misma, muy contraria a lo que han dicho hasta ahora las autoridades sanitarias y los gobiernos sobre la efectividad de la vacuna.

Vale recordar que el proceso de las vacunas anti COVID fue agilizado durante el año 2020, por medio de la Operation Warp Speed, por el presidente Donald Trump, para contrarrestar la demora que usualmente sucede ante la necesidad médica que vivía el país.

"Un daño irreparable"

La obligación de vacunarse fue cuestionada de inmediato por legisladores republicanos y propietarios de empresas como una violación de los derechos individuales y un abuso de poder de parte del gobierno.

Se produjo una oleada de demandas y el máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, está celebrando una audiencia especial para decidir si los mandatos pueden implementarse mientras se tramitan las demandas legales.

Se espera una decisión en unas pocas semanas.

Las empresas con 100 empleados o más representan aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral del sector privado, unos 80 millones de personas.

La obligación de vacunación de los trabajadores de la salud afecta a aproximadamente 10 millones de personas.

Sin embargo, un grupo de 26 asociaciones empresariales consideró que la imposición de la vacunación "infligirá un daño irreparable a cientos de miles de empresas".

Las compañías se verán obligadas a traspasar los costos de las vacunas y de los test a los consumidores, lo que resultará en "precios aún más altos en un momento de inflación récord", argumentaron.

Otra posibilidad es que los trasladen a los empleados no vacunados, "quienes dejarán de trabajar en masa en lugar de sufrir cargas adicionales cada semana".

"La conmoción laboral resultante devastará las ya frágiles cadenas de suministro y los mercados laborales", concluyeron.

Los estados gobernados por republicanos, encabezados por Misuri, afirmaron que obligar a los trabajadores de la salud a vacunarse "amenaza con crear una crisis en las instalaciones de atención médica en las zonas rurales de Estados Unidos".

"Se estaría obligando a millones de trabajadores a elegir entre perder sus puestos de trabajo o cumplir con un mandato federal ilegal", argumentaron.

Varias grandes corporaciones estadounidenses, incluido el gigante de la carne Tyson Foods y la aerolínea United Airlines, impusieron mandatos de vacunación en septiembre sin sufrir grandes alteraciones.

El Supremo está integrado por seis magistrados conservadores y tres liberales. Todos ellos han sido vacunados y recibieron dosis de refuerzo, según el propio organismo.

El tribunal confirmó anteriormente la obligación de vacunación impuesta a los estudiantes universitarios y trabajadores de la salud por las autoridades locales, pero también frenó decisiones federales relacionadas con la pandemia, anulando por ejemplo una moratoria a los desalojos de viviendas.

Si la Corte Suprema bloquea la decisión del gobierno de imponer la vacunación, sería un gran golpe para Biden, quien ha hecho del control de la pandemia una de sus prioridades y está luchando contra un aumento de los casos debido a la variante ómicron.

La vacunación se ha convertido en un tema de polarización política en Estados Unidos, donde supuestamente el 62% de la población está vacunada.

El país ha registrado hasta ahora más de 58 millones de casos de coronavirus y más de 830.000 muertes, según las cifras oficiales.

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