Los inmigrantes indocumentados son un pilar productivo de Estados Unidos, pero también financiero ya que, según cálculos y cifras de la Seguridad Social, pagan alrededor de 13.000 millones de dólares en impuestos y, adicionalmente, unos 12.000 millones para el fondo de pensiones.
Sin embargo, como ha explicado recientemente Stephen Goss, director de la Administración de Seguridad Social, apenas reciben 1.000 millones en beneficios, sea en ayuda de salud, alimentaria o habitacional.
Este pago de impuestos se procesa casi siempre de forma automática, porque la mayoría de los 7 millones de personas censadas que trabajan ilegalmente (los que todavía se mantienen en las sombras pueden duplicar esa cifra) disponen de documentación falsa, sea una identidad falsificada o un número de seguridad social que ha caducado, que les ha permitido tener acceso a un empleo donde las deducciones fiscales se hacen de forma automática al momento del pago del sueldo.
Pero, como son indocumentados, terminan por no tener un gran acceso a servicios públicos donde pudieran recibir otros dividendos, sea por miedo a ser descubiertos o por desconocimiento porque, normalmente, estos empleos no son de alto vuelo, sino pequeñas empresas o granjas agrícolas que acuden a este tipo de empleados para desarrollarse o sobrevivir.
“Es una cifra muy alta, que normalmente los políticos no manejan y es muy encomiable que ahora la administración haya decidido develarla porque es lo que siempre hemos sostenido, los ilegales o indocumentados son una fuerza laboral sustancial”, explica Marisol León, una activista mexicana de Los Ángeles, donde atiende diariamente a todo tipo de inmigrantes en busca de orientación en la ONG que preside, ‘Manos Amigas’.
Muchos indocumentados se emplean en la construcción como alternativa de empleo (EFE/Archivo)
Según ha explicado Goss a ‘Vice News’, los indocumentados también contribuyen unos 12.000 millones al fidecomiso de la Seguridad Social, de donde provienen los fondos para pagar las pensiones. En la última década, explica, la cifra asciende a 100.000 millones. Sin embargo, amplía, es muy poco probable que puedan beneficiarse de ese dinero en su plan de pensiones. “Ellos saben que no van a recibir nada, que su pensión será casi inexistente, porque cuando llegue el momento van a tener que identificarse totalmente”, dice Goss.
En Estados Unidos es obligatorio pagar impuestos y contribuir a la Seguridad Social aunque se sea un inmigrante indocumentado.
La contratación de indocumentados es más difícil en la ciudad que en los campos. En los centros urbanos, a menos que se logre un empleo en servicios, como un restaurante o haciendo labores domésticas, sea con la complicidad de un empleador o un familiar, el horizonte no es muy amplio.
Pero en los campos, los granjeros se aprovechan de un detalle muy poco conocido de la ley de Trabajo que se llama el ‘I-9’, que obliga al cobro de impuestos a un trabajador indocumentado. O sea, una contradicción. El inmigrante legalmente no tiene permiso de trabajo pero está obligado a contribuir al fisco.
Una mujer recoge moras bajo la mirada del granjero (EFE/Archivo)
El mayor problema que tienen los granjeros en Estados Unidos es la falta de mano de obra. Muchos estadounidenses no quieren hacer labores agrícolas o no están preparados para ellas. Por eso hay que recurrir a los indocumentados, casi siempre labriegos mexicanos o centroamericanos, que tienen ciertas destrezas en ese campo.
Como explica un granjero de Texas llamado ‘Michael’ a ‘Vice News’, el ‘I-9’ es su puerta de escape para poder poner sus terrenos a producir. “Estos trabajadores, a quienes pudiéramos llamar ‘cuestionablemente documentados’ pagan sus impuestos. Aparecen en una hoja de pagos y se hacen todos los descuentos. Pero ellos lo asumen más por tranquilidad que por otra cosa. Saben que nunca van a tener una pensión aquí y siempre piensan en volver a casa”, explica.
Para Marisol León, todo esto no pasa de ser una gran ironía. “Trabajan, contribuyen, pero no se benefician y después los quieren sacar del país. Deberían legalizarlos, resolver esta situación bastante injusta. Tienes gente que nunca ha trabajado pero solo por haber nacido aquí tiene beneficios, y otros que no nacieron aquí, trabajan, hacen labores que muchos no quieren, cotizan y después no tienen derecho a nada”, enfatiza la activista.
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