MIAMI.– Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito California de mantener la cancelación de la orden ejecutiva presidencial que prohíbe el ingreso por 90 días de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, por 120 días a los refugiados de todo el mundo e indefinidamente a los sirios, el presidente Donald J. Trump enfrenta el mayor reto jurídico de su corta administración.
A la Casa Blanca, que ha empeñado todo su capital político en una batalla de impugnación en los tribunales, le quedan dos opciones: acudir al Tribunal Supremo o reformar la orden ejecutiva con un nuevo lenguaje más aceptable para los tribunales de apelaciones, que han fallado en su contra considerando la orden inconstitucional porque limita el ingreso de personas al país basado en consideraciones religiosas.
Este viernes, funcionarios de la administración han confirmado a un círculo de periodistas que no tienen prisa en acudir al Supremo, quizá porque el desenlace pudiera no ser de su agrado. El alto tribunal puede rehusar escuchar el caso, con lo cual el fallo de la corte de apelaciones del noveno circuito queda firme para cumplimiento, o entonces la decisión estaría en manos de ocho jueces, cuatro republicanos e igual número de demócratas. Ninguna solución le conviene a Trump.
Entre otras cosas porque la aprobación por el Senado del juez conservador propuesto por la administración, Neil Gorsuch, pudiera tardar varios meses si es que lo logra porque esta semana el nominado fue bastante crítico por la forma como Trump ha tratado a los jueces que suspendieron su orden.
Pese a que Trump reaccionó al fallo de la Corte de Apelaciones con un tuit diciendo, “NOS VEMOS EN EL TRIBUNAL. LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAIS ESTA EN JUEGO”, escrito en mayúsculas, que según el protocolo de Internet significa que se está gritando, volver a reescribir la orden ejecutiva parece ser la opción más viable a corto plazo.
De hecho, la Casa Blanca ya ha dado modestos pasos en ese sentido al dejar sentado que la prohibición no se aplica a los residentes extranjeros en Estados Unidos, pero aun así no ha logrado aplacar las protestas que se han extendido un poco por todo el país.
“El cambio de lenguaje tiene que ser muy sutil si quiere convencer a los tribunales porque las demandas van a seguir. Nada tan polémico como hablar de religión”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS, el abogado Dennis Wallace, especializado en relaciones internacionales.
Esa opción sería emitir una nueva orden ejecutiva que no hablaría en términos de religión pero que continuaría con la prohibición de admitir refugiados y congelaría la emisión de visados en los siete países de mayoría musulmana. Pudiera también ampliar el listado a Pakistán, Indonesia o Egipto, naciones también de mayoría musulmana, pero que han quedado fuera en la orden ejecutiva, lo cual ha levantado algunas suspicacias en el sentido de que Trump no quiere enemistarse con esos países donde tiene fuertes inversiones, pese a que también ciudadanos suyos han estado involucrados en actos terroristas.
Este viernes, durante la rueda de prensa con el primer ministro japonés, Shinzō Abe, el presidente dio un guiño y anunció que la próxima semana habría novedades en este frente. “Vamos a hacer algo muy rápidamente que tiene que ver con la seguridad adicional de nuestro país. Lo verán en algún momento de la próxima semana”, dijo Trump, sin entrar en detalles.
Una hora después, en pleno vuelo rumbo a West Palm Beach donde pasará el fin de semana jugando al golf con Abe, el presidente amplió a los periodistas que está pensando en “nuevas medidas de seguridad”.
“En estos momentos tenemos un sistema de selección muy severo. Diría que es extremamente severo pero vamos a reforzarlo aún más en términos de seguridad. Vamos a dejar que entren aquellos que quieren estar aquí por una buena razón”, afirmó Trump.
El mandatario se encuentra en estos momentos con una tasa de desaprobación del 56%, la más alta de un presidente en las primeras semanas de su mandato. Ya se sabe que Trump recibe los sondeos con reserva, pero una nueva orden ejecutiva sin un blanco claramente religioso pudiera mejorar esa cifra.
El presidente puede también volver a los tribunales del estado de Washington o California y plantear una nueva contestación al fallo. “Si hago algo en ese sentido, primero voy a esperar el plazo legal para hacerlo”, precisó Trump en el avión.
Pero la mayoría de los especialistas son perentorios: la reacción de Trump a los fallos y las protestas de la sociedad, disminuyen enormemente un desenlace que le sea favorable. Le queda el Tribunal Supremo, la ruta más lenta, o una nueva orden ejecutiva, la avenida más rápida.
