Fueron 10 las órdenes ejecutivas sobre inmigración suscritas por el presidente durante su primera semana en el poder, además de una serie de edictos emitidos que buscan cumplir las promesas de deportaciones masivas y la seguridad fronteriza que prometió durante su campaña electoral debido a la amenaza que representan grupos criminales que han ingresado a Estados Unidos debido a las políticas migratorias flexibles de la administración demòcrata.
Emergencia nacional
Lo primero que hizo el presidente Trump fue firmar la orden ejecutiva 14159 el 20 de enero, que declara emergencia nacional en la frontera sur, por donde ingresaron cerca de 11 millones de migrantes irregulares, incluido miembros de la temida organización criminal de origen venezolano, Tren de Aragua.
A fin de detener la "invasión" de extranjeros indocumentados, Trump ordenó:
- Una deportación "acelerada" y "ampliada" de migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera.
- Órdenes de deportación a quienes hayan cometidos crímenes graves en territorio estadounidense.
- La retención de fondos federales de las consideradas "ciudades santuarios", que brindan protección a los migrantes indocumentados, contradiciendo las leyes federales.
- El aumento de personal de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
- Restricciones para que migrantes indocumentados accedan a beneficios públicos
- Cooperación entre los estado y el gobierno federal para que las autoridades policiales locales puedan colaborar con las autoridades federales de inmigración.
Fin de la ciudadanía por nacimiento
Trump suscribió el 20 de enero la orden ejecutiva 14160, de "protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños en EEUU de padres extranjeros indocumentados.
Además, suspendió el reasentamiento de refugiados, incluidos aquellos que ya habían sido examinados y aprobados, y puso fin al parole humanitario, que beneficiaba a 500,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. El programa fue implementado por Biden en octubre de 2022, con el argumento de "reducir" la migración ilegal, y que ya había sido suspendido en dos oportunidades por la propia administración demócrata por denuncias de fraudes masivos cometidos por los beneficiarios y sus patrocinadores.
En agosto de 2024 se hizo público un informe de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés) que reveló que 101.000 solicitudes de patrocinio habían sido presentadas por 3.218 patrocinadores seriales e identificó miles de solicitudes sospechosas, donde los patrocinadores utilizaron las mismas direcciones postales, IPs o números de teléfono.
Esto motivó a la primera suspensión del programa en el mismo mes de agosto, que fue retomado tres semanas después con la implementación de medidas "más rigurosas" anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), que al parecer no resultaron efectivas, puesto que solo mes y medio después fue anunciada la no extensión del programa para los beneficiarios que ya se encuentran en suelo estadounidense, dejando a medio millón de beneficiarios en un "limbo migratorio", según expertos.
Y aunque no extendió la estadía de los beneficiarios del parole humanitario, Biden no suspendió el programa.
Aunque había incertidumbre respecto a lo que iba a suceder con este programa, a mediados de enero, el DHS anunció la reanudación del procesamiento de las Autorizaciones Anticipadas de Viaje (ATA), un paso esencial para los solicitantes del parole que quedaron pendientes o en revisión para viajar a EEUU, que fue interrumpido formalmente el 28 de enero, en el marco de la orden ejecutiva 14159.
Habilita Guantánamo
El mandatario republicano también aprobó la habilitación de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, el 29 de enero, para recibir hasta a 30,000 inmigrantes ilegales, que han cometido crímenes graves, como asesinatos y violaciones, a los que señala como "lo peor de lo peor".
Desde el 4 de febrero, cuando llegó el primer grupo de inmigrantes, el campamento militar ha recibido a al menos 100 inmigrantes, todos ellos venezolanos, relacionados con el Tren de Aragua, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Reubicación de refugiados afrikáneres
El 12 de febrero, el presidente Trump ordenó admitir a refugiados afrikáneres, comunidad de origen europeo en Sudáfrica, al resaltar la necesidad que estarían presentando de escapar de la supuesta discriminación racial y confiscación de propiedades que sufren en el país africano.
¿Son estas órdenes objeto de impugnación?
Las políticas migratorias del presidente Trump han sido impugnadas en los tribunales federales por grupos promigración.
Más de dos docenas de grupos religiosos presentaron una demanda alegando supuesta "extralimitación" del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), al arrestar a inmigrantes en lugares de cultos, escuelas y hospitales, considerados "lugares delicados" desde 2011.
La prodefensora de la inmigración indocumentada, la Unión Americana de Libertades Civiles, también presentó demandas por la "expansión de las deportaciones aceleradas", que permite a los oficiales del ICE deportar a los extranjeros sin que comparezcan ante un juez de inmigración, a menos que soliciten asilo.
La orden que veta la ciudadanía por nacimiento también ha sido impugnada en varios estados por grupos de derechos humanos, al considerar que entra en conflicto flagrante con la 14.ª Enmienda y un precedente de larga data de la Corte Suprema. En este sentido, la juez federal de Distrito, Deborah Boardman, bloqueò temporalmente la orden.
¿Qué políticas siguen vigentes?
A pesar de la orden de Trump, la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14.ª Enmienda, que el mandatario asegura se le ha dado una mala interpretación, sigue vigente tras el bloqueo de los jueces federales, por lo que los niños nacidos en EEUU podrán optar a la ciudadanía estadounidense.
La jurisdicción de las consideradas ciudades santuarios, que incluye a Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago y Atlanta, sigue vigente, por lo que estas entidades continúan aplicando políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Además, las ciudades han impugnado con éxito la orden de retener la financiación federal, por lo que han podido mantener sus medidas de protección para los residentes indocumentados.
En Nueva York, una de las ciudades santuarios, el alcalde demócrata Eric Adams aprobó el restablecimiento de una oficina de inmigración en la cárcel de Rikers Island, anunció el viernes el "zar de la frontera", Tom Homan.
"Estamos trabajando en algunas otras cosas de las que realmente no queremos hablar en áreas abiertas porque el Ayuntamiento nos pondrá obstáculos (...) Pero el alcalde y yo nos hemos comprometido a varias otras cosas que harán que la ciudad sea más segura", apuntó el funcionario de la administración republicana.
Otra de las políticas migratorias claves que mantienen su vigencia es el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), establecido en 2012, que protege de la deportación a ciertas personas indocumentadas que llegaron a EEUU cuando eran niños y les permite trabajar legalmente.
Las medidas de seguridad fronteriza empiezan a dar resultados a menos de un mes del retorno de Trump a la Casa Blanca, el flujo de la inmigración indocumentada se ha reducido prácticamente a cero. Recientemente, una caravana de migrantes desistió de continuar su ruta a Estados Unidos y han decidido retornar a sus países de origen.
Mientras tanto, la administración se prepara para largas batallas en los tribunales con el fin de restablecer el orden en el paìs.
FUENTE: Con información de VOX / VOA / AFP / El Guardián / El Tiempo de Colombia