WASHINGTON.-EFE
La misiva pide a la Administración Obama que emplee la protección del TPS, que también se utiliza para víctimas de desastres naturales, como un componente adicional de respuesta humanitaria a la crisis de refugiados de Centroamérica
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Más de 270 organizaciones civiles enviaron una carta al presidente Barack Obama para que otorgue el Estatuto de Protección Temporal (TPS), a los inmigrantes indocumentados que llegan de El Salvador, Guatemala y Honduras huyendo de la violencia de sus países.
La carta, firmada por asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles, laborales o humanos, entre otras, delinea los fundamentos jurídicos por los que dichos inmigrantes podrían optar a al TPS como alivio migratorio.
"El TPS se basa en la autoridad legal clara que fue establecida por el Congreso hace 25 años para responder a las crisis humanitarias como la que estamos viendo en el Triángulo del Norte", dijo Royce Murray, director de política en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes de Heartland Alliance.
"Conociendo la violencia que está ocurriendo en estos países, y cómo sus gobiernos no han logrado mantener seguros a sus propios ciudadanos, sería inconcebible deportar a nadie en este momento. Es exactamente el tipo de situación que el TPS tiene la intención de abordar", agregó.
La misiva pide a la Administración Obama que emplee la protección del TPS, que también se utiliza para víctimas de desastres naturales, como un componente adicional de respuesta humanitaria a la crisis de refugiados de Centroamérica.
La petición de las organizaciones llega apenas unas semanas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) comenzase a finales de año un nuevo operativo de redadas para la detención y deportación de inmigrantes centroamericanos que hubieran llegado al país durante el año pasado tras la nueva oleada migratoria proveniente del Triángulo Norte.
Entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015 fueron detenidos en la frontera 39.970 centroamericanos menores de 17 años de edad, una cifra inferior a las 68.541 detenciones del año fiscal 2014, según datos oficiales.
Sin embargo, en los dos primeros meses del presente año fiscal (octubre y noviembre pasados), 10.588 menores sin acompañante han sido detenidos, un aumento del 106 % en relación al mismo periodo del año anterior, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
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