WASHINGTON — El Departamento de Justicia solicitó al Tribunal Supremo por la vía de urgencia la suspensión de una sentencia de un tribunal federal de apelaciones que obliga al Gobierno a gastar más de 10.000 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso para cooperación y ayuda exterior antes del 30 de septiembre.
El Gobierno aduce que si aplica la orden, obligaría a gastar esos fondos a "velocidad de vértigo" para cumplir con el plazo. "El presidente no puede hablar con una sola voz en cuestiones de política exterior o en su relación con el Congreso cuando un tribunal de distrito obliga al poder ejecutivo a actuar en contra de sus objetivos", alegó el procurador general, John Sauer, según recoge el portal The Hill.
Trump paralizó unos 30.000 millones de dólares de ayuda externa nada más al llegar a la Casa Blanca, lo que provocó el inicio de una batalla legal tras las denuncias de organizaciones humanitarias que alegaron que se había extralimitado en sus competencias.
El juez Amir Ali dictaminó recientemente que la decisión de la administración Trump de retener los fondos "probablemente era ilegal".
Trump dice que no gastará ese dinero
De estos 30.000 millones de dólares, unos 10.500 millones debían gastarse antes del 30 de septiembre. Trump dice que no gastará, invocando una autoridad disputada que se conoce como una rescisión de bolsillo que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años. Esto ocurre cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso hacia el final de un año presupuestario actual para no gastar el dinero aprobado. El aviso tardío significa que el Congreso no puede actuar sobre la solicitud en el plazo requerido de 45 días y el dinero no se gasta.
Sauer explicó que el Gobierno puede gastar 6.500 millones de dólares antes del plazo, pero el gasto de los 4.000 millones restantes iría en contra de la política exterior de la administración y supondría "una amenaza grave y urgente" a la división de poderes.
Trump aspira con este recurso a la Corte Suprema a poder ampliar sus competencias presidenciales en materia presupuestaria para poder imponer su criterio sobre gasto destinado al exterior.
FUENTE: Con informaciòn de Europa Press