LUMPKIN.- En un tribunal cerrado y vigilado dentro de un complejo rodeado de alambre de púas, Jerome Rothschild, juez de inmigración, espera pacientemente.

Un intérprete de español está retrasado debido a un neumático pinchado. Rothschild les dice a los cinco inmigrantes que dispondrá un receso incluso antes de que comience la vista. Su esperanza: retrasarla solo el tiempo necesario para que estos inmigrantes no se queden de brazos cruzados, sin comprender nada, mientras se decide su futuro.

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“Estamos, atípicamente, sin un intérprete”, le dice Rothschild a un abogado que entra al tribunal en el Centro de Detención Stewart después de conducir desde Atlanta, a unos 224 km.

En su desorden, este es, de hecho, un día típico en el caótico, abarrotado y confuso sistema judicial de inmigración de los Estados Unidos, del que el tribunal de Rothschild es solo un pequeño puesto remoto.

Envueltos en un manto de hermetismo, los tribunales de inmigración administrados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han sido disfuncionales durante años y no han hecho más que empeorar. Un aumento en la llegada de solicitantes de asilo, la represión del gobierno de Donald Trump en la frontera suroeste del país y la inmigración ilegal, han llevado a más personas a los procedimientos de deportación, aumentando la lista de la corte a un millón de casos.

“Es un sistema enorme y engorroso, y sin embargo, una administración tras otra llega y trata de usar el sistema para sus propios fines”, dice la jueza de inmigración Amiena Khan en la ciudad de Nueva York, hablando de su condición de vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. “E invariablemente, el sistema no cambia ni un ápice porque no puedes cambiar el rumbo del Titanic”.

La Associated Press visitó tribunales de inmigración en 11 ciudades diferentes más de dos docenas de veces durante un periodo de 10 días a fines del otoño pasado. En los tribunales desde Boston hasta San Diego, los reporteros observaron docenas de audiencias que ilustraban cómo las cargas abrumadoras y las políticas cambiantes han generado en los tribunales a una agitación sin precedentes:

-En aras de la eficiencia, los jueces agendan a la vez dos o tres audiencias que no es posible completar, lo que provoca numerosas cancelaciones. Los inmigrantes reciben nuevas fechas para el tribunal, pero no por años.

-Los niños pequeños están en todas partes y se sientan en el piso, permanecen de pie o lloran en los estrechos tribunales. Muchos inmigrantes no saben cómo llenar formularios, obtener registros traducidos o presentar un caso.

-Los cambios frecuentes en la ley y las reglas sobre cómo los jueces manejan sus expedientes hacen imposible saber lo que el futuro les depara cuando los inmigrantes finalmente tienen su audiencia ante el tribunal. Los archivos de papel suelen estar fuera de su lugar y a menudo faltan intérpretes.

En Georgia, el intérprete asignado a la sala de Rothschild finalmente llega, pero la audiencia se atora momentos después porque la abogada de un mexicano no está disponible cuando Rothschild la llama para comparecer por teléfono.

A Rothschild lo dejan en espera, y un ritmo pegajoso con sintetizadores superpuestos llena la sala. Pasa a otros casos —un peruano que solicita asilo, un cubano que pide salir bajo fianza— y manda el caso de la abogada desaparecida a la sesión de la tarde.

Esta vez, está disponible cuando él la llama y se disculpa por no haber podido contestar antes, explicando mientras tose que ha estado enferma.

Pero ahora el intérprete se encuentra en otro tribunal, poniendo a Rothschild en lo que él describe como “la incómoda posición” de tener que juzgar a alguien que no puede entender lo que está pasando.

“Odio que alguien salga de una audiencia sin tener idea de qué ocurrió”, dice, y le pide a la abogada que transmita la conclusión del procedimiento a su cliente en español. Después de discutirlo un poco, la abogada acepta retirar la petición de fianza del hombre y volver a presentarla una vez que pueda probar que ha estado aquí más tiempo de lo que el gobierno cree, lo que podría mejorar sus posibilidades.

Por ahora, el hombre regresa a un centro de detención.

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En un edificio federal en el centro de Manhattan, las listas de casos se extienden a una segunda página fuera de los tribunales de inmigración. Multitudes de personas esperan en los pasillos para que llegue su turno de ver a un juez, murmurando entre sí y con sus abogados, y pegándose a la pared para dejar pasar a otros.

Los guardias de seguridad caminan y los reprenden para que permanezcan a los lados y mantengan los pasillos despejados.

Los jueces de inmigración escuchan 30, 50 o hasta cerca de 90 casos al día. Cuando asignan fechas futuras, a los inmigrantes se les pide volver en febrero o marzo... del 2023.

El mayor número de casos de inmigración del país se encuentra en la ciudad de Nueva York, y están distribuidos en tres edificios diferentes. Uno de cada 10 casos de inmigración se lleva a cabo aquí, de acuerdo con la Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse (TRAC, por sus siglas en inglés).

En promedio, los casos de los expedientes de inmigración han pasado mecánicamente por los tribunales durante casi dos años. Muchos inmigrantes han esperado mucho más tiempo, especialmente aquellos que no están retenidos en centros de detención.

Con tantos casos, los inmigrantes son atendidos de a dos o tres a la vez. Eso puede convertir a la corte de inmigración en un juego de sillas musicales de alto riesgo, donde ser quien queda fuera puede tener consecuencias de largo alcance.

Rubelio Sagastume-Cardona ha esperado dos años para que un juez de Nueva York considere si debe obtener una “green card” (tarjeta de residencia permanente).

El guatemalteco tenía una vista en mayo pero fue pospuesta por otro caso. En este día, se encuentra compitiendo por un lugar en el calendario de la jueza Khan con el caso de otro. Un espacio que Sagastume-Cardona solo consiguió porque su abogado lo cambió con otro cliente, quien ahora debe esperar al 2023 para su audiencia

“Ha sido más difícil conseguir la audiencia para el caso de mi cliente que litigarlo”, dice su abogado, W. Paul Alvarez. “Es un poco loco”.

Los retrasos prolongados son agonizantes para muchos inmigrantes y sus familiares, quienes lidian ansiosamente con la incertidumbre de lo que sucederá con sus seres queridos. Y cuándo.

Y esto no se limita a Nueva York. En innumerables tribunales se desarrollan escenas similares con inmigrantes y abogados que compiten por un lugar en calendarios demasiado atiborrados.

Las cortes en San Francisco y Los Ángeles tienen más de 60.000 casos cada una. Y los casos han estado pendientes en promedio dos años más en las cortes de Arlington, Virginia y Omaha, Nebraska, según TRAC.

En Boston, Audencio López solicitó asilo hace siete años. El hombre de 39 años dejó una comunidad agrícola guatemalteca para cruzar la frontera ilegalmente cuando era adolescente en 1997 y pronto encontró empleo en una empresa de jardinería donde aún trabaja, manteniendo las áreas verdes de una escuela de la zona. Pero fue apenas en noviembre pasado cuando se dirigió al imponente palacio de justicia de Boston para conocer su destino.

Trae a su esposa y sus tres hijos a la sala del tribunal, incluyendo una bebé que come Cheerios sentada en el regazo de su madre hasta que llamen su caso.

López le habla al juez sobre su devoto cristianismo y estudios bíblicos, la educación de sus hijos en una escuela autónoma, que sueña con ir a la universidad, y que teme mudar a sus hijos a un lugar peligroso en el que nunca han estado.

Espera permanecer en el país bajo un amparo para inmigrantes que han vivido en el país durante más de una década y que tienen hijos estadounidenses que sufrirían si se fueran.

Después de aproximadamente una hora de preguntas, el juez Lincoln Jalelian le dice a López que tomará el caso en consideración. La fiscal del gobierno dice que ella no se opondrá a otorgarle a López una visa debido a su historial “ejemplar” y su servicio comunitario, lo que significa que probablemente podrá quedarse.

Pero mientras sueña con el futuro de su familia en los Estados Unidos, López admite que la esperanza y la alegría se ven atenuadas por la incertidumbre porque el estado de su esposa aún no se ha resuelto. Ella solicitó asilo por separado hace cinco años y aún no ha tenido su audiencia en la corte de inmigración.

“Es un buen primer paso”, dice López una semana después. Agradece a Dios, “pero esperamos que nos conceda otro milagro”.

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Los gritos alegres de un niño pequeño llenan la sala de inmigración en un suburbio de Salt Lake City mientras se entretiene con autos de juguete y su madre espera su turno para presentarse ante el juez.

Noventa minutos después, el niño está inquieto y la mujer hondureña de 32 años sigue esperando. Saca su celular, abre YouTube y reproduce canciones infantiles en español para tranquilizarlo.

Hay muchos niños en las cortes de inmigración, aunque estos no son lugares para niños.

En Chicago, en la sala de espera del tribunal hay una caja de plástico de libros desgastados en inglés y español. Pero las sillas no se mueven y no hay mesas para cambiar bebés en los baños, lo que lleva a una mamá a cambiar el pañal de su bebé recién nacido en un mostrador estrecho entre los lavabos.

Muchos casos involucran a niños. Reporteros de la AP vieron audiencias de niños de apenas tres años. Se sientan en bancas de madera con sus padres, abuelos o familias de acogida.

Los adolescentes se sumergen en sus teléfonos de usos múltiples; un niño pequeño con una mochila de superhéroes balancea sus piecitos calzados con zapatillas deportivas.

También hay niños nacidos en los Estados Unidos acompañando a padres inmigrantes que el gobierno busca deportar.

La cantidad de niños en estos tribunales ha aumentado desde la administración de Barack Obama y continúa creciendo en la de Trump, con arrestos fronterizos —muchos de ellos niños y familias— que alcanzaron en mayo un máximo de 13 años.

Ahora, casi uno de cada 10 casos en los tribunales de inmigración es de un niño que llega al país sin sus padres, según muestran los archivos de los tribunales. Desde septiembre de 2018, otros 118,000 casos que involucran a padres e hijos fueron colocados en procedimientos acelerados que buscan decidir sus casos en un año.

La administración trató agresivamente de frenar la llegada de migrantes jóvenes separando a las familias —una política revertida después— y endureciendo las reglas para que sus parientes pudieran sacarlos de los centros de detención. Pero miles siguen llegando cada mes y terminan en los tribunales de inmigración, a veces cuando ya son adultos.

Verónica Mejía dejó El Salvador cuando era una adolescente y ha vivido un tercio de su vida en los Estados Unidos.

Y le tomó todo ese tiempo conseguir una audiencia en una corte de inmigración de Los Ángeles.

Ahora, Mejía, de 20 años, levanta la mano derecha y promete decir la verdad. Dice que era apenas una adolescente cuando un compañero de clase que pertenecía a la pandilla MS-13 la presionó para que fuera su novia. Después de ser agredida y acosada por miembros de la banda, se mudó para vivir con su hermana adulta en otra ciudad y posteriormente su familia decidió mandarla al norte. Seis años después, trabaja en un almacén de California, tiene novio y una hija de ocho meses con mejillas regordetas y orejas perforadas esperándola en el pasillo.

La jueza de inmigración Ashley Tabaddor, quien escucha los casos de niños en Los Ángeles, pregunta por qué no se quedó con su hermana. El abogado del gobierno cuestiona la credibilidad de Mejía.

La audiencia termina y Tabaddor toma un receso de cinco minutos. Mejía, sentada, espera en el tribunal con lágrimas en las mejillas.

Cuando Tabaddor regresa, dice que le cree a Mejía, pero que no califica para asilo bajo la ley y emite una orden para que regrese a El Salvador.

Mejía camina por el pasillo con su abogado. Su novio le pasa a la bebé.

“Vamos a apelar”, dice ella, sentándose para alimentar a la bebé de ojos bien abiertos. “Por ella. ¿Cómo la voy a dejar aquí?”.

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Un pan tostado con mermelada a medio comer descansa en el escritorio de la oficina de Tabaddor desde el desayuno, aunque ya casi es la hora del almuerzo.

En su computadora, hay ocho páneles con códigos de colores que muestran qué tan cerca está de cumplir los objetivos establecidos por el Departamento de Justicia para los 440 jueces de inmigración del país. Como tantos otros, no está cerca de satisfacer el objetivo anual de casos completados, y su tablero es de un rojo profundo.

“Hasta ahora, todos nos han dicho que están incumpliendo la medida”, dice Tabaddor, hablando en su condición de presidenta del sindicato de jueces de inmigración.

Aunque visten túnicas negras y presiden las audiencias, los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia y no tienen el mismo poder ni autonomía que los jueces de los tribunales penales.

La administración Trump ha dejado eso en claro, emitiendo nuevas cuotas y reglas para los jueces y colocándolos bajo un escrutinio estricto para que muevan los casos con más rapidez a través de los saturados tribunales.

Las medidas han enfrentado a los jueces contra la agencia en una pelea abierta. El sindicato de jueces ha pedido que los tribunales sean más independientes y libres de la influencia gubernamental. Por su parte, el Departamento ha pedido que las autoridades laborales federales le pongan fin al sindicato.

“Francamente, todo esto es una guerra psicológica”, dice Tabaddor. “Muchas personas me han dicho: ‘Tengo una hipoteca; un hijo que necesita frenos. No quiero pelear’”.

En los tribunales de inmigración, la fricción ha pasado factura. Los jueces están tomando demasiados casos para cumplir con las cuotas, mientras la administración de Trump ha limitado su libertad para manejar sus listas de casos como les parezca mejor, lo cual aumenta los atrasos.

Las autoridades también emitieron fallos que hacen más difícil que los inmigrantes que huyen de pandillas o de violencia doméstica obtengan asilo, lo que provoca más rechazos y potencialmente a más apelaciones.

En un edificio de vidrio con vista al río Potomac desde Fall Church, Virginia, funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento tratan de encontrar maneras de evitar más atrasos.

Están agregando intérpretes en español y mandarín, jueces y empleados administrativos. Han comenzado a trabajar en centros especiales que manejan audiencias en video para inmigrantes en la frontera con México, mientras que ciudades más pequeñas como Boise, Idaho, que eran atendidas por jueces itinerantes, ahora realizan audiencias solo por video. Están incorporando un sistema electrónico para tratar de poner fin a los montones de archivos de papel que entran y salen de los tribunales.

Todo el esfuerzo es una búsqueda de eficiencia, aunque el director James McHenry admite que “seguimos rebasados” por los casos nuevos.

La agencia espera que los ajustes al sistema hagan que los procedimientos sean más eficientes, manteniéndose justos para todos. “Tratamos de romper la falsa dicotomía entre justo y eficiente”, dice.

Los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas encargados de hacer valer las leyes de inmigración del país también sienten la crisis. Sus números no han cambiado aunque la lista de casos se ha incrementado, dice Tracy Short, la principal asesora legal de la agencia.

Están en la corte cuatro días a la semana con el doble de casos que hace una década, con el mínimo de tiempo para prepararse para las audiencias.

“Siento que los estoy estirando hasta el punto de quiebre”, dice Wen-Ting Cheng, quien supervisa a los 100 abogados litigantes de la agencia en Nueva York.

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El desorden se extiende mucho más allá de los bulliciosos tribunales de las ciudades del país. Un abogado toma un vuelo de madrugada de Los Ángeles a Houston, después vuela a Luisiana, renta un auto y conduce durante una hora para llegar a un centro de detención remoto.

Michael Navas Gómez, un activista político de Nicaragua, usa un uniforme del centro de detención y está listo para su audiencia ante el tribunal después de permanecer detenido cinco meses. Él y su abogado, Joshua Greer, miran un monitor de video para su audiencia ante un juez de inmigración que está a 1,600 km de distancia en Miami, Florida, junto con el abogado del gobierno.

Pero la pila de documentos que cuentan cómo Navas Gómez fue capturado, golpeado y quemado por fuerzas progubernamentales se ha perdido. El juez busca los archivos mientras el abogado de Navas Gómez se apresura a enviarlos nuevamente para que el juez pueda leerlos.

El sistema requiere una coreografía cuidadosa entre los jueces, abogados e intérpretes de idiomas. Los abogados de inmigración viajan grandes distancias para llegar a tribunales remotos y seguir a los clientes que son enviados a diferentes centros de detención, mientras que los intérpretes recorren el país para ofrecer traducción a inmigrantes cuando y donde la necesiten.

El caos es tan grande que es difícil realizar un seguimiento. A veces, falta un intérprete o se tropieza con dialectos o jerga locales. Los sistemas de video fallan. Y hay documentos por todas partes, excepto, a veces, donde se supone que deben estar.

Para empeorar el problema, muchos inmigrantes no tienen abogado, y no hay un requerimiento para que el gobierno les provea de uno. Así que con frecuencia, los inmigrantes terminan argumentando sus casos ellos mismos en un área legal increíblemente compleja.

En las instalaciones de Lumpkin, Georgia, la mayoría de las oficinas de los abogados están a horas de la ciudad, que tiene más detenidos que residentes. Los inmigrantes no tienen acceso a correo electrónico ni fax, y los teléfonos no siempre funcionan. Cuando lo hacen, deben pagar llamadas costosas a sus familiares para que les ayuden a encontrar registros que respalden sus casos.

Y ese es también el caso de otros centros de detención como el de Luisiana, donde se realiza la audiencia de Navas Gómez.

El hombre de 30 años tiene suerte de conseguir que un funcionario escanee y envíe sus registros por correo electrónico a tiempo. El juez sale a leerlos y la audiencia continúa.

Navas Gómez le cuenta al juez cómo sus captores lo escaldaron con agua hirviendo, dejándole una cicatriz, y lo liberaron días después en un campo remoto de caña de azúcar. El juez acepta considerar su caso, y casi un mes después, se le concede el asilo y abandona el centro de detención como un hombre libre.

“Fue muy lindo, la verdad, gracias a Dios”, dice semanas después, radicado ahora en Los Ángeles.

No todos son tan afortunados. En las instalaciones de Stewart, en Georgia, un hondureño que quiere solicitar asilo no está seguro de poder conseguir los documentos que necesitará para presentar su caso. Su madre huyó a Costa Rica y su hija está aquí con él.

Le pregunta al juez si hay alguna forma de informar al tribunal si decide que prefiere ser deportado antes de su próxima audiencia.

El juez Jeffrey Nance le dice que puede solicitar la deportación dejando una nota en una caja junto a la cafetería de las instalaciones, y él lo llamará de nuevo al tribunal.

El hombre asiente y vuelve a sentarse en la galería, con las mejillas húmedas por las lágrimas.

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Hay mucho en juego para aquellos que intentan permanecer en el país. Algunos quieren quedarse bajo una provisión que abre la puerta para quienes tienen parientes estadounidenses.

Otros, que llegaron recientemente, buscan asilo para escaparle a la violencia o persecución.

Esas audiencias son especialmente sobrecogedoras. La mayoría de quienes solicitan asilo no lo consiguen.

Los demás generalmente son gente con orden de deportación y con frecuencia tienen pocas posibilidades de permanecer legalmente en los Estados Unidos, al menos por ahora.

Su destino con frecuencia depende de la suerte del sorteo en un sistema con disparidades extremas de un juez a otro. Hay jueces que rechazan el 99% de los casos de asilo ante ellos; otros aprueban más del 90%, según la Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

El año pasado, la administración de Trump comenzó a obligar a algunos solicitantes de asilo a esperar en México hasta que llegue el día de su audiencia, y las familias a menudo permanecen con sus hijos en ciudades fronterizas desprovistas de lo necesario durante semanas, prácticamente sin posibilidad de conseguir un abogado. Muchos de ellos se presentan en tribunales dentro de carpas en la frontera que están cerrados al público y son de difícil acceso para los abogados.

En El Paso, Texas, los inmigrantes que esperan en México se presentan en la frontera antes del amanecer y son llevados en camionetas del gobierno de Estados Unidos a un edificio federal en el centro para sus audiencias. Llegan a tribunales tan abarrotados que el gobierno ha prohibido que haya observadores. Los guardias patrullan los pasillos y escoltan a los migrantes cuando tienen que ir al baño.

El juez de inmigración Lee O’Connor, quien escucha estos casos en San Diego, le grita a una mamá hondureña cuyo bebé golpea los dispositivos de audio en el tribunal, y le advierte a una mujer salvadoreña que estará en desventaja sin un abogado.

“No puedo defenderme porque no sé nada sobre la ley”, le responde sollozando.

Miguel Borrayo, un mecánico de 40 años que se sienta frente a un juez de inmigración en un tribunal fuera de Salt Lake City, trató de encontrar un abogado que le ayudara a argumentar que se le debería permitir permanecer en el país con sus hijos estadounidenses, a pesar de no tener documentos legales.

Pero le dijeron que podía costarle hasta 8.000 dólares y no tenía un caso sólido.

Así que lo intenta solo.

Borrayo le dice al juez que nunca tuvo problemas con la ley desde que cruzó la frontera con México en 1997, hasta que entró al estacionamiento de un McDonald’s en un paseo familiar para comprar un helado y se acercó a un hombre que pasaba.

El hombre era un agente de inmigración. Poco después de salir de la zona de pedidos desde el auto, Borrayo fue arrestado.

Pero el juez de inmigración Philip Truman está poco interesado en saber cómo fue que Borrayo terminó en su tribunal. Pregunta sobre los dos hijos adolescentes del inmigrante.

Borrayo le dice que ambos son saludables y buenos estudiantes. Su hija de 16 años sueña con ser veterinaria. Su hijo de 13 años quiere ser mecánico, como su papá.

Su esposa, la madre de los adolescentes, trabaja medio tiempo para cuidarlos.

Irónicamente, todo esto condena su caso. Truman dice que no parece que sus hijos vayan a sufrir tremendamente si Borrayo regresara a México. Lamentablemente, debe deportarlo.

Le dan un mes para dejar el país. Una última Navidad en el hogar de su familia rodeado por montañas nevadas.

Se encoge de hombros ante el desenlace y sale del tribunal. Pero días después, se pregunta qué salió mal.

“Yo solo traté de decir la verdad para que me ayudara”, dijo.

FUENTE: AP/KATE BRUMBACK, DEEPTI HAJELA y AMY TAXIN

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