WASHINGTON.- Este jueves 26 de julio concluye el plazo que le ha dado un juez de California a la administración de Donald Trump para que reúna a más de 2.500 niños inmigrantes, mayores de 5 años, que separó de sus padres cuando éstos intentaron cruzar por la frontera con México. Ya el Gobierno ha asegurado que sí cumplirá con la exigencia del juez, pero analistas, afectados y defensores de los derechos humanos dudan que la medida se cumpla en su totalidad.
Legisladores demócratas hispanos se reunieron este miércoles en el Capitolio con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y manifestaron después a la prensa que ésta les aseguró que así será; pero ellos respondieron que saben que "es imposible".
Los precedentes no son positivos: la administración de Trump incumplió ya el plazo del 10 de julio que el mismo juez de California le había dado para reunir a los más pequeños -los de hasta cinco años- con sus progenitores, aunque aseguró que la reunificación se completó dos días después. Eran 103.
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Funcionarios de la patrulla fronteriza detienen a un inmigrante en la frontera con México.
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El juez federal Dana Sabraw criticó ya el martes a la administración republicana, después de que esta cifrara en 463 el número de progenitores que han sido deportados sin sus hijos a sus países, la gran mayoría centroamericanos. "Es una realidad muy preocupante", manifestó el magistrado de San Diego.
Sabraw es el juez que impuso los plazos como respuesta a una denuncia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país.
También es el que la semana pasada ordenó frenar temporalmente las deportaciones de estas familias en espera de ver si ACLU y el Gobierno se ponen de acuerdo en cuánto tiempo se debe otorgar a los padres para decidir si solicitan asilo en Estados Unidos tras la reunificación con sus hijos. No lo han logrado y el juez decidirá el viernes.
Sabraw destacó en la vista del martes que la administración está esforzándose por cumplir a tiempo con el plazo de este jueves para las reunificaciones.
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Manifestantes fueron a las puertas del centro en Homestead este sábado para realizar una protesta.
EFE
Según sostuvo el Gobierno ante el juez, 1.012 familias ya habían sido reunidas el martes. En total fueron 2.551 niños de cinco años en adelante los que fueron separados en la frontera de sus padres. Hay 914 padres en total que no será reunidos con sus hijos antes del jueves porque, principalmente, no se puede dar con ellos o porque tienen antecedentes criminales graves y la administración rechaza por ello devolverles a sus hijos.
La mayoría de esas familias procede de Honduras, El Salvador y Guatemala y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
La separación se originó cuando el fiscal general, Jeff Sessions, dio en abril orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera.
La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar más de 20 días, y estos fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
Bautizada como "tolerancia cero", la administración de Trump ha utilizado esta política para desincentivar la llegada de inmigración ilegal.
Las separaciones generaron una ola de indignación con el Gobierno de Trump, al que se sumaron incluso la ONU y el papa Francisco, y el presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que ordenó ponerles fin.
No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores. Pero una jueza federal de Los Ángeles le negó ese permiso.
Los legisladores demócratas hispanos que hoy se reunieron con la secretaria de Seguridad Nacional aseguraron que en la frontera sigue habiendo separaciones.
"Nielsen nos prometió que las familias ya no están siendo separadas, pero eso es contrario a lo que estamos escuchando", dijo Ruben Kihuen, congresista por el estado de Nevada y nacido en México.
FUENTE: dpa
