WASHINGTON.- @VMartinelli7

Un amplio ataque a uno de los programas de becas en la Florida pone en riesgo a estudiantes hispanos y otros miembros de minorías de ser echados de sus escuelas y ser forzados a volver a entornos conflictivos. El pasado agosto, el sindicato estatal de maestros, las juntas escolares y la Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés), interpusieron una demanda desafiando la constitucionalidad del sistema de vales más grande y exitoso de la Florida: el Programa de Becas de Créditos Impositivos de Florida (Florida Tax Credit Program – FTC). Establecido en el 2001, el FTC permite que organizaciones acreditadas para otorgar becas le provean a familias de bajos recursos vales para que inscriban a sus hijos en la escuela privada que escojan. El programa es revisado anualmente por un evaluador independiente, y –junto con varias reformas a las políticas educativas que ahora se basan en resultados- ha contribuido a un alza en los logros académicos de miles de estudiantes de bajos recursos. En los últimos 13 años, gracias al poder que se provee con programas como las becas FTC, los padres han podido escoger libremente la escuela que les parezca mejor para sus hijos.

En el año escolar 2014, la principal organización sin fines de lucro para becas en Florida, “Step up for Students”, premió con un total de $274 millones a las becas FTC con los que cerca de 70.000 estudiantes se registraron en unas 1.500 escuelas privadas. Los estudiantes hispanos de Florida fueron, particularmente, quienes dieron más uso de ese popular programa, representando más del 37% de los receptores de las becas. Los estudiantes afroamericanos y los blancos obtuvieron respectivamente el 32% y el 24% de estos beneficios.

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A pesar del gran número de estudiantes que se están beneficiando de las becas FTC, quienes apoyan la demanda insisten en que el programa es inconstitucional, alegando que utiliza dinero público para financiar escuelas privadas. Sin embargo, a diferencia de una versión previa de este programa  lograron frenar exitosamente, el FTC no utiliza fondos públicos y sus becas son enteramente financiadas con donaciones privadas. Como sólo se utilizan fondos privados, incluso si la demanda prospera, no habrá más fondos asignados a las escuelas públicas de Florida. La única consecuencia será que miles de familias de bajos recursos, cuyos hijos enfrentan problemas en el sistema público, serán obligadas a sacar a sus hijos de sus actuales colegios y forzados a volver a inscribirlos en aquella escuela de la que intentaron salirse en primera instancia.

La demanda no es el único desafío que los sindicatos plantearon contra el programa de elección escolar de Florida. Después de que el gobernador Scott expandiera el programa en el 2014 para proveer de becas a niños con necesidades especiales, el sindicato entabló otra demanda contra la expansión, poniendo en riesgo la posibilidad de que miles de estudiantes pudieran elegir la escuela que mejor se adapta a sus necesidades. La demanda aún está pendiente después de que el sindicato bajara el tono de sus peticiones y entablara una nueva versión revisada de la demanda, después de que un juez de instancia inicial no encontrara suficientes pruebas para darle curso al reclamo. Dado el impacto que las demandas pudieran tener en los niños y las familias que se benefician de estas becas, quienes apoyan la demanda no parecieran tener como objetivo principal el beneficio de los estudiantes. De hecho, en ningún punto del reclamo del sindicato se hace mención al bienestar de los niños o su rendimiento académico. El fin último de este reclamo es el interés propio de aquéllos que se beneficiarían del regreso obligado de los estudiantes a las escuelas de las que en principio eligieron irse.

Desde que se introdujeran las reformas al sistema educativo en Florida, los estudiantes hispanos del Estado han logrado disminuir la brecha racial que los separaba de los logros académicos. Hoy en día, los estudiantes hispanos de Florida superan, o al menos llegan al mismo nivel, en lectura de 4to grado que el promedio de estudiantes en 21 estados. A pesar de ser un estado donde las minorías son mayoría, y en el que el porcentaje de estudiantes provenientes de familias de bajos recursos es superior al promedio nacional, los estudiantes de Florida ahora tienen resultados por encima del promedio nacional en los exámenes de lectura de cuarto y octavo grado.

El gobernador Scott se ha opuesto a la demanda, calificándole como una acción “sin consciencia” con “terribles consecuencias en las vidas de los niños más pobres de la Florida”. Charlie Crist, por el contrario, se ha rehusado a denunciar la acción, y ahora apoya la demanda –una reacción decepcionante para las familias hispanas y otros que apoyan la libertad de elección en las escuelas-.

Mientras el resultado de la demanda es aún incierto, existe una creciente evidencia alrededor del país de que la posibilidad de elegir a la hora de escoger un colegio para nuestros hijos está ganando la batalla ideológica entorno a la reforma educativa. Existen demasiadas historias acerca de niños pertenecientes a minorías que no logran éxito académico en el sistema público. En momentos en los que existen alternativas, una reforma nunca ha sido más necesaria para asegurar que sean los padres quienes tienen el poder de tomar las decisiones acerca de cuáles son las herramientas que quieren darle a sus hijos para que prosperen. Florida es la prueba de que las oportunidades educativas, especialmente para los niños de menos recursos, pueden aumentar si se expanden las posibilidades de elegir. Pero lamentablemente, los beneficios de la posibilidad de elegir sólo pueden verse cuando nuestros líderes políticos  y los grupos de interés tienen en mente a nuestros niños, en lugar de pensar solamente en cómo preservar el status-quo actual. 

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

 

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