Empresas de capital chino han acumulado un total de 84 lotes mineros en Nicaragua, alcanzando una extensión que supera los 1,27 millones de hectáreas, lo que equivale a casi el 10% de la superficie del país.
De acuerdo con denuncias de organizaciones ambientalistas como la Fundación del Río, esta expansión se ha intensificado mediante adjudicaciones otorgadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2021, consolidando la presencia de firmas asiáticas en la extracción de recursos minerales críticos, reseña eln portal web Martí Noticias
El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, advirtió sobre la implementación de una política extractivista agresiva impulsada desde el régimen para otorgar el control de la minería industrial y artesanal a corporaciones de reciente constitución.
Según la organización, las adjudicaciones se tramitan en medio de un esquema opaco, caracterizado por el tráfico de influencias, la falta de transparencia y la escolta directa de miembros del Ejército y la Policía Nacional durante los estudios de campo en territorios vulnerables.
Impactos ambientales y evasión de sanciones internacionales
El avance de los megaproyectos mineros en suelo nicaragüense abarca métodos de explotación de alto impacto ecológico y responde a estrategias geopolíticas en la región:
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Riesgo en áreas protegidas: La mayoría de los permisos otorgados corresponden a proyectos de minería a cielo abierto situados sobre reservas naturales y tierras ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Mecanismo ante sanciones de EE. UU.: La entrega de lotes a firmas como Norther Mining Company se aceleró tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra altos funcionarios del régimen y empresas vinculadas al comercio de oro.
Falta de consulta previa: Las comunidades afectadas denuncian la ausencia de estudios de impacto ambiental rigurosos y el incumplimiento del consentimiento libre, previo e informado exigido por convenios internacionales.
Pese a los cuestionamientos por el impacto ambiental y el desplazamiento de otros actores del sector, la administración nicaragüense continúa aprobando concesiones de forma directa. Los defensores del medio ambiente enfatizan la importancia de documentar las irregularidades en el otorgamiento de estas tierras con el fin de revisar la legalidad de los contratos ante un eventual cambio político en el país.
