BOGOTÁ — “Para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”, afirmó María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien responsabilizó directamente al exmandatario de izquierda Gustavo Petro por el crimen de su esposo y aseguró que el exministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió previamente en el Congreso sobre un posible atentado en contra del dirigente político.
Según declaró en una entrevista con la Revista Semana, en conversación con la periodista Vicky Dávila, Tarazona afirmó que, con base en los antecedentes que conoce, "la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro", y relató que en junio de 2026, casi un año después del magnicidio, recibió el testimonio de un integrante del Congreso a quien Benedetti le advirtió directamente que existía un plan para atentar contra Miguel Uribe Turbay o contra ese mismo legislador.
De acuerdo con el relato recogido por Semana, Tarazona explicó que la advertencia fue desestimada en su momento y que su esposo nunca tuvo conocimiento de ella mientras estuvo con vida. Según indicó, el dato surgió durante una conversación sobre la presunta articulación detrás del atentado, en la que mencionó a la Segunda Marquetalia, alias Mordisco, los Comandos de Frontera y el régimen de Nicolás Maduro, y coincidía con mensajes que alertaban sobre un posible ataque dirigido contra Uribe Turbay o contra la senadora Paloma Valencia.
Asimismo, Tarazona precisó que la información sobre Benedetti procede de una persona que integraba el Congreso y que se la comunicó en junio de 2026, casi un año después del atentado. Según su versión, el entonces ministro del Interior presuntamente se acercó a ese legislador en abril de 2025 para advertirle que tanto él como Miguel Uribe estaban en la mira de un posible ataque.
La viuda del dirigente político reconoció que no puede corroborar directamente ese episodio y que tampoco ha entregado ese testimonio a la Fiscalía, debido a que la fuente teme por su seguridad y no está dispuesta a declarar formalmente. No obstante, sostuvo que el relato coincide con mensajes que recibió sobre un posible atentado contra Uribe Turbay o la senadora Paloma Valencia.
Tarazona también se refirió a los elementos que, a su juicio, apuntan a una posible articulación entre estructuras armadas ilegales y redes con operaciones en Venezuela. En ese contexto, mencionó a la Segunda Marquetalia, a alias Mordisco y a los Comandos de Frontera, además de cuestionar que un crimen de esa magnitud pudiera organizarse sin que existieran advertencias previas.
Señalamientos sobre la investigación
Durante la conversación con Dávila, la viuda también habló de la información que, según dijo, ha conocido a lo largo de la investigación y de los mensajes que entregó a las autoridades. Mencionó al exintegrante de las FARC, conocido como Marcos Calarcá, y a la exsenadora Sandra Ramírez, cuyos nombres aparecen en una de las líneas que examina la justicia.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió en noviembre de 2026 una indagación previa contra ambos excongresistas, después de que la Fiscalía remitiera copias para que se examinaran posibles vínculos con el magnicidio. La apertura de esa actuación no supone una declaración de responsabilidad penal.
Tarazona también cuestionó el avance de las pesquisas sobre el entorno de seguridad de su esposo. Consideró necesario esclarecer si alguien pudo haber filtrado información sobre sus desplazamientos y actividades, aunque reconoció que esa línea continúa abierta y destacó que todos los investigados tienen derecho a la presunción de inocencia.
Finalmente, la viuda manifestó que no descarta incorporarse a la política y que ha recibido propuestas para participar en las elecciones regionales de 2027, entre ellas una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá o al Concejo. Dijo que todavía evalúa esa posibilidad y que tomará una decisión considerando también a sus hijos.
El atentado y los avances judiciales
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Un adolescente de 15 años le disparó en varias ocasiones y le causó heridas graves en la cabeza y una pierna. El senador permaneció hospitalizado durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe, donde falleció el 11 de agosto de ese año, a los 39 años.
La investigación permitió identificar a varios integrantes de la estructura que habría organizado y ejecutado el ataque. Entre ellos figuran Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño"; Katherine Andrea Martínez, conocida como "Gabriela"; Carlos Eduardo Mora González, alias "El Veneco", y William Fernando González Cruz, alias "El Hermano". Las autoridades les atribuyeron diferentes funciones en la preparación, logística y ejecución del atentado.
En octubre de 2026, la Fiscalía informó que había vinculado formalmente a 16 personas al proceso: ocho recibieron condenas y el adolescente que disparó contra el senador fue sancionado dentro del sistema de responsabilidad penal para menores. Además, permanecían vigentes órdenes de captura contra presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia señalados de intervenir en la planificación y financiación del crimen.
La identificación de los autores materiales y de quienes habrían participado en la logística del ataque no ha cerrado la investigación sobre los posibles determinadores. Esa es precisamente una de las cuestiones centrales que Tarazona planteó en la entrevista: establecer quién dio la orden y cómo se habría articulado la operación para asesinar a su esposo.
Esclarecer el crimen
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, también se pronunció sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay y reclamó que las investigaciones avancen hasta identificar a todos los responsables. Durante su participación en el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de octubre, insistió en que el proceso judicial no debe limitarse a los autores materiales, sino que debe establecer quién ordenó el atentado y quiénes participaron en su planificación y financiación.
De la Espriella sostuvo que el crimen no puede quedar impune y que deben esclarecerse todas las conexiones detrás del ataque contra el exsenador. Su pronunciamiento coincidió con el reclamo de la familia de Uribe Turbay para que las autoridades profundicen las pesquisas y determinen si existieron responsables políticos o estructuras criminales que intervinieron en la operación
FUENTE: Revista Semana/El Colombiano