MIAMI.-EFE
Con la sentencia al dirigente opositor López, queda demostrado que "no hay Estado de derecho en Venezuela, base de la democracia", y que "se violaron todas las normas procesales", tales como el "derecho a la defensa y las garantías judiciales", denunció la activista venezolana Gisela Parra.
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El exilio venezolano en Miami aseguró este viernes que la condena "ilegal" de casi 14 años de cárcel al líder opositor Leopoldo López pone en evidencia que el "poder judicial está de rodillas ante el régimen chavista".
Con la sentencia al dirigente opositor López, queda demostrado que "no hay Estado de derecho en Venezuela, base de la democracia", y que "se violaron todas las normas procesales", tales como el "derecho a la defensa y las garantías judiciales", denunció a EFE la activista venezolana Gisela Parra.
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Parra calificó de "crónica anunciada" la condena de López, y recordó que el oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ya le había espetado al opositor que "estaba sentenciado a la pena máxima".
"No podían dejarlo libre, porque es un peligro para ellos", sentenció la abogada y exjueza venezolana.
Explicó que la sociedad civil venezolana redactará en los próximos días diferentes comunicados de denuncia por la condena a López que dirigirá a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la ONU.
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Instó a continuación a los venezolanos a "dar la batalla" en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en el país sudamericano el próximo 6 de diciembre y, subrayó, "defender ese voto".
"Todo indica que hay una avalancha de rechazo total dentro y fuera del chavismo contra el régimen", aseguró Gisela.
Asimismo, exhortó a la Administración de Obama a que "continúe con las investigaciones" que presuntamente ligan a miembros del Gobierno con el dinero producto de la corrupción que "ha destruido el país y nos ha dejado en la miseria absoluta".
Por su parte, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), expresó su "rotundo rechazo" a la sentencia condenatoria contra López, líder de Voluntad Popular, por unos "delitos inventados que jamás cometió".
"Venezuela es una dictadura y se ha convertido en un estado fallido que representa una amenaza para sus propios ciudadanos y para los países democráticos de América Latina", expresó Veppex en un comunicado.
López respondía a los cargos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos registrados al final de una marcha antigubernamental convocada entre otros por él, el 12 de febrero de 2014 y que dejaron tres muertos.
