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MIAMI.- Como “un paso importante, pero no definitivo” calificó el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, Nick Gutiérrez, la decisión del Gobierno de EEUU de mantener suspendido durante un mes más el Título III de la Ley Helms-Burton, con la posibilidad de demandar a empresas del régimen castrista, aunque no todavía a firmas comerciales extranjeras que hacen negocios con la dictadura castrista.

Gutiérrez, abogado, hijo de padres cubanos que gestiona desde 1990 la restitución de bienes confiscados a su familia y a muchos otros de sus connacionales que fueron despojados de propiedades cuando la revolución castrista llegó al poder, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que si bien es un “paso positivo hacia el objetivo de lograr justicia”, el propósito final es “poder demandar a las empresas extranjeras que ‘trafican’ en propiedades robadas por el régimen como lo contempla la ley”.

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En ese sentido, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el lunes que mantendrá suspendido durante 30 días más el Título III de la Ley Helms-Burton, medida que, en la práctica, impide a cubanoamericanos interponer reclamos ante cortes de EEUU para la devolución de bienes inmuebles que les fueron expropiados por decisión unilateral de la dictadura cubana.

Pompeo informó que el Gobierno decidió continuar con la suspensión de ese acápite de la ley que deriva el nombre de sus autores (los legisladores Jesse Helms y Dan Burton), porque “está en el interés de EEUU” en el contexto de una “transición hacia la democracia” en Cuba, tal como lo dijera recientemente en Miami el presidente Donald Trump, que habló del tiempo de darle “fin al socialismo” en la isla y en naciones como Venezuela y Nicaragua.

El letrado explicó que el 18 de marzo próximo, gracias a la medida anunciada por Pompeo, se podrá demandar a las agencias gubernamentales cubanas de una “lista negra” de EEUU en la que figuran entidades que están bajo el control de la Inteligencia de la isla, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así como del personal que establece “transacciones financieras directas” que podrían “dañar” al pueblo cubano, según el Departamento de Estado.

No obstante, Gutiérrez indicó que esa es una “acción simbólica” por cuanto, desde su punto de vista, será "casi imposible tener la jurisdicción necesaria" para entablar y ganar una demanda en contra de una empresa cubana.

Desde su promulgación en 1996, el Título III de la Ley Helms-Burton había sido suspendido por todos los Gobiernos de EEUU durante un término de seis meses. Sin embargo, en enero anterior, cuando tocaba renovar esa cancelación, la Administración de Donald Trump determinó suspender la aplicación plena de ese capítulo durante 45 días, y en estos momentos es solo por un mes, lapso que expira el 17 de abril cuando se conmemora un nuevo aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía Cochinos.

“Esperamos que el 17 de abril, que es una fecha muy importante para el pueblo y el exilio cubano, tengamos la buena noticia de que se va a implementar plenamente la Ley Helms-Burton, y así podamos demandar a esas empresas extranjeras en cortes federales norteamericanas”, afirmó.

La familia de Gutiérrez fue “víctima” del régimen de La Habana, al que reclama propiedades que incluyen dos ingenios azucareros, fincas para la cría de ganado, un banco y una compañía de seguros, entre otros activos. Hoy, según dijo el abogado, algunos “familiares lejanos” siguen en la isla “viviendo como cualquier cubano, en edificios del Estado, y en una situación de pobreza”.

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