MIAMI.- ¿Qué va a pasar con los ex convictos por delitos sexuales que se fueron este 21 de junio de la calle 48, entre las avenidas 36 y 37 del noroeste, y al parecer se van a establecer cerca de esa área para seguir viviendo su vida en la calle?

En realidad, cualquiera de ellos tiene el derecho de decidir que quiere vivir en la indigencia. Y también, como adultos, está bajo su propia decisión si aceptan o no los servicios que se les ofrecen.

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De acuerdo con Ron Book, presidente del fidecomiso que administra los recursos para desamparados en Miami-Dade, “no puedo obligar a nadie a que acepte mi ofrecimiento de ayuda con un depósito para pagar los servicios públicos (agua, luz) o la renta. No puedo obligarlos, pero sí puedo hacer que tales servicios estén disponibles para esos individuos”.

En los días previos al 20 de junio –la fecha límite para que esos agresores sexuales registrados dejaran la zona que habían invadido- Book y su equipo se reunieron con esas personas para encontrar las soluciones más adecuadas. “Lo que les dijimos es que pueden ser desamparados, hay dos o tres que se quedaron en la misma área, ellos no van a ser bien recibidos y se van a encontrar con el mismo tipo de problemas que ya tuvieron que enfrentar. Hemos sido muy honestos con ellos: si vuelven, les aseguramos que de nuevo desmantelaremos muy rápido sus campamentos”.

Soluciones

Para cualquier residente es muy difícil de entender que, en un momento dado, se encuentre con una docena de indigentes viviendo cerca de su vivienda, en la calle, en carpas o pequeñas casas rodantes, y que además esos sujetos tengan antecedentes penales por delitos sexuales.

Al parecer, según cálculos del fideicomiso de desamparados, en este momento no hay más de dos docenas de indigentes registrados como “sex offenders”.

Para manejar esa situación Book indicó, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, que “hay varios obstáculos que debemos superar, pero creo que tenemos un panorama muy completo de la situación y que cumple con nuestros criterios de soluciones a largo plazo. Tengo dos semanas para analizar a fondo la situación y saber qué hacer”.

Hay recursos con los que cuenta el fideicomiso y otros que debe buscar. El cálculo que hace Book es que para enfrentar ese problema se requerirán “algunos millones de dólares”. Para tal fin entrará en conversaciones con algunos oficiales electos (el comisionado condal José “Pepe” Díaz ya anunció un plan para trabajar con el fideicomiso).

Salud mental

En razón de una ordenanza del Condado Miami-Dade, aprobada en 2005, quienes hayan cometido delitos sexuales, y hayan sido condenados por eso, quedarán de por vida en una base de datos pública, del gobierno, a la que cualquier persona podrá ingresar.

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Viviendas improvisadas de los indigentes con antecedentes penales por delitos sexuales, quienes fueron desalojados el pasado 21 de junio.
Viviendas improvisadas de los indigentes con antecedentes penales por delitos sexuales, quienes fueron desalojados el pasado 21 de junio.

La pregunta que surge al tener esta situación recurrente de indigentes que cumplieron penas por delitos sexuales viviendo cerca a zonas residenciales, es si las autoridades les hacen un seguimiento a todos y cada uno de ellos, y si tienen acceso a los servicios de salud mental.

“Todos ellos pueden tener consejería de salud mental para MDSO (mentally disordered sex ofender), pero tal vez ya no están bajo el control de una corte o de la comunidad, pero la asesoría está disponible”, precisó Book.

Sin embargo, eso es tan voluntario como el hecho de que estos individuos acepten tomar las medicinas psicotrópicas que ofrezcan los médicos del fideicomiso para los miembros de esa población indigente con problemas mentales.

“Ese es uno de los obstáculos que debo superar. Voy a tener coordinadores de caso para ellos, y eso incluirá servicio de consejería en salud mental”, añadió el presidente del fideicomiso.

Seguimiento

Si bien el equipo de Book ha estado en contacto permanente con esos individuos que no tienen residencia fija, es claro que es la policía condal, con su unidad de delitos sexuales, la que les sigue la pista.

Algunos de ellos tienen un grillete electrónico, que se les pone porque están en libertad condicional, porque fueron reincidentes o por el tipo de delito que cometieron, pero todos tienen la obligación, como “sex offenders” registrados, de notificar a las autoridades, en un plazo de 72 horas, cualquier cambio de sitio de residencia. Tienen, además, que ser muy claros en especificar la calle y la avenida donde pasan gran parte del día y de la noche.

Hace más de diez años 121 indigentes y condenados por agresión sexual vivían (de 2006 a 2010) debajo del viaducto elevado Julia Tuttle que conduce a Miami Beach. Uno de ellos, Roberto, es de los que fue desalojado el viernes 21 de junio de la calle 48 con la avenida 36 del noroeste de Miami-Dade.

Esta vez sólo fueron 16 los que tuvieron que dejar la zona que invadieron. El caso de Roberto es emblemático, no sólo porque duró once años en la cárcel por delitos sexuales que lo vinculan con menores de edad, sino porque en 2014 reincidió y ahora porta un grillete electrónico.

Según lo contó a DIARIO LAS AMÉRICAS, trabaja como baterista en una banda que toca de noche, también es buzo, vive en una pequeña casa rodante, y no ha podido encontrar un lugar donde residir, porque cuando ven sus antecedentes de inmediato le niegan un espacio.

De acuerdo con la ordenanza condal, las personas como Roberto no pueden vivir a 2.500 pies de una escuela, un jardín infantil o un parque, y a 1.000 pies de una parada de autobús escolar.

Reveló que hay quienes se cambian de estado, se quitan el grillete y se convierten en fugitivos de la justicia.

Suavizan normas

Mientras que la Ciudad de Fort Laudardale, al norte de Miami, decidió suavizar las fuertes restricciones geográficas para quienes estén registrados como personas que cometieron delitos sexuales, en el condado Miami-Dade esas normas siguen produciendo, en parte, el problema de permanente desplazamiento de esos individuos.

Sin embargo, para Book “la peor parte de este problema no es el de las restricciones de residencia, sino el de desempleo y alojamiento que va más allá de la disponibilidad de vivienda, y se trata de que los arrendatarios estén dispuestos a aceptar a estas personas”.

La semana pasada un equipo del fideicomiso de desamparados visitó el área donde se encontraban los ex convictos.

Según Book, casi a todos ya los conocían. “La mayoría no ha hecho nada, absolutamente nada, para encontrar un lugar para vivir distinto a la calle. Hemos hablado con ellos varias veces sobre opciones de vivienda, sobre el proceso que requieren seguir”, enfatizó.

Pero reconoció que quienes sí aceptaron acogerse a la ayuda del fideicomiso no les fue bien. “También había gente que tuvo un empleo y vivienda en un momento dado, pero cuando el arrendatario o los empleadores se enteraron de que esas personas estaban registradas como delincuentes sexuales, fueron desalojados de la vivienda que ocupaban y despedidos de sus trabajos”.

Como siempre, los más difíciles de sacar de las calles son los casos de indigencia crónica en la población de ex convictos sexuales. “Se mejoran dramáticamente las posibilidades de sacar a esos individuos de la calle, cuando están estables y los médicos que trabajan con ellos, los siete días a la semana, les pueden dar las medicinas psicotrópicas que requieren. Yo no puedo obligarlos a que reciban esas medicinas, pero sí puedo hacer un esfuerzo de sacarlos de su situación de indigencia”.

Book recordó que hay una grave situación de suicidio que se debe enfrentar. Al respecto, indicó que “he trabajado de manera diligente y agresiva sobre soluciones posibles que den opciones y esperanza a una comunidad que no encuentre aceptable tener gente viviendo en la calle”.

“Hay que ser muy duro para aguantar”, enfatizó Roberto.

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