El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que no cree correctas las pensiones vitalicias porque tendrían un impacto económico de más de 4 millones de dólares
Llaman a las urnas a votantes del Distrito 4 de Miami.
ARCHIVO DLAMIAMI.- El alcalde de Miami, Francis Suárez, vetó el miércoles una ordenanza que habría restaurado las pensiones vitalicias para los funcionarios electos de la ciudad. Esta decisión ha desencadenado un intenso debate sobre la compensación de los servidores públicos y la responsabilidad fiscal.
Suárez justificó su veto argumentando que estas pensiones representarían una carga injusta para los contribuyentes de clase trabajadora de Miami.
"Nunca he sentido que esto sea correcto", declaró el alcalde, a lo que sumo que esos beneficios habrían ascendido a más de 4 millones de dólares.
Además, destacó que los comisionados ya reciben un salario anual de más de 100.000 dólares, sugiriendo que esta compensación es suficiente sin necesidad de pensiones adicionales.
La decisión de Suárez es contraria a una votación previa de los comisionados, quienes habían aprobado la medida con un resultado de 3-2 a favor de restaurar las pensiones.
La propuesta fue presentada por el comisionado Miguel Ángel Gabela, quien defendió las pensiones bajo el argumento de que el trabajo de legislador municipal es demandante, "24 horas al día, siete días a la semana".
Por otro lado, el comisionado Manolo Reyes se opuso a la medida y votó en contra de la iniciativa durante la reunión de aprobación de la ordenanza.
La atención ahora se centra en la reunión de la comisión programada para este jueves, donde se votará si se mantiene o anula el veto del alcalde Suárez.
Según los estatutos municipales, para anular el veto del edil se requeriría una mayoría de cuatro entre los cinco oficiales habilitados para votar.
Este episodio podría tener repercusiones significativas en la política local de Miami tras valorarse la percepción pública sobre los funcionarios electos y su compensación. Además, puede generar un debate más amplio sobre la responsabilidad fiscal y la ética en el gobierno municipal.
La controversia subraya la tensión entre proporcionar una compensación adecuada para los funcionarios públicos y mantener la confianza de los contribuyentes.
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