MIAMI.- El cubano Emilio Izquierdo, que como conductor de limusinas en el sur de la Florida tiene entre sus clientes a famosos como Shakira y Piqué, está "contento" porque por fin va a demandar a quienes se benefician de propiedades expropiadas a su familia en Cuba y quiere ayudar a otros a que puedan hacerlo.

Izquierdo ha esperado la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, que reforzó en 1996 el embargo a Cuba, para demandar a la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) y a otros que hoy "ocupan" unas propiedades en la costa norte de Pinar del Río que fueron de su familia, según dice en una entrevista con Efe.

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El Gobierno de Donald Trump se dispone a aplicar a partir del 2 de mayo ese título de la ley, que ha estado desactivado desde 1996, lo que abrirá la puerta a que los que reclaman propiedades confiscadas en Cuba después de la revolución de 1959, como Izquierdo, puedan presentar demandas en las cortes estadounidenses.

Pese a lo que algunos creen y lo que medios oficiales cubanos dicen, no todos los posibles demandantes son grandes potentados.

Izquierdo, de 71 años, es un empresario autónomo que opera dos limusinas en el sur de Florida y que se ha hecho una clientela asidua, entre ellos la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué y un "senador español" cuyo nombre no quiere dar.

Tenía 13 años cuando su padre fue detenido y él, su madre y su hermano de 11 años se quedaron "en la calle" porque las autoridades les expropiaron el negocio conocido como "La esquina de Emilio", levantado con gran esfuerzo por la familia, y no les dieron compensación alguna.

A los 18 años lo mandaron a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), una especie de campos de trabajo forzado que existieron en Cuba entre 1965 y 1968 y donde estuvieron unos 25.000 cubanos, y hace 39 años vino a Estados Unidos con el llamado éxodo del Mariel.

En esos campos de trabajo forzado pasó dos años y 15 días por sus creencias religiosas, algo que no se puede olvidar, por eso forma parte de la Asociación de Ex Confinados de la UMAP de Miami.

Izquierdo no sabe cuánto dinero vale la propiedad que expropiaron a su familia, pero sí lo que significa para él la desaparecida "Esquina de Emilio".

"El valor sentimental es más grande que todas las propiedades de Trump juntas", señala.

Izquierdo tiene "fe y confianza" en que el Presidente hará lo que otros prometieron a los cubanos exiliados en Estados Unidos y nunca cumplieron, subraya.

Seguidor de Trump, por el que piensa votar en 2020, Izquierdo dice haberle planteado en 2015, y después al senador republicano por Florida Marco Rubio, la necesidad de activar el Título III de la Ley Helms-Burton o Ley de la Libertad Cubana, pero sin resultado.

"Hay muchos intereses en torno a todo esto", subraya Izquierdo, quien se gana la vida desde su salida de Cuba como conductor independiente de limusinas y ha luchado contra las "mafias" que, según dice, controlan ese negocio en el sur de la Florida.

A Izquierdo le preocupan los exiliados "pobres", algunos de los cuales viven de la ayuda del Gobierno de EEUU, que también perdieron propiedades en Cuba y no tienen el dinero para demandar.

"Deberíamos hacer un fondo para esas personas y voy a plantearlo a los legisladores por la Florida", dijo Izquierdo en unas declaraciones telefónicas a Efe antes de asistir al almuerzo con el asesor presidencial John Bolton.

Según dice, no solo va a demandar a ETECSA, sino a "mexicanos" e "italianos" que "ocupan" edificios levantados en los terrenos donde estuvo "La esquina de Emilio", el negocio de venta de armas, motores, artículos de mecánica y otros en que se convirtió la "bodega" de alimentos de su familia.

Las tierras eran de su abuelo, subrayó Izquierdo, quien ha puesto su caso en manos del abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami.

Este abogado dijo a Efe que el caso de "mayor relieve" es el de la familia Sánchez Gil, que reclama "desde hace décadas" la propiedad de un central azucarero desmantelado en la provincia de Holguín.

Gutiérrez dijo a Efe que se trata de un terreno de unos 100.000 acres, con 57 kilómetros de playa en el norte de Cuba, en los que hay hoteles operados por las empresas españolas Meliá e Iberostar, como también canadienses y alemanes.

Según Gutiérrez, hay entre 200.000 y 300.000 quejas de cubanoamericanos que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas como los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí, de La Habana, cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros.

John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, dijo este miércoles que EEUU ha "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

FUENTE: Con información EFE

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