Corte ordena a gobernador de Florida nuevo sistema de recuperación del derecho a votar para exconvictos

El asunto es que cualquier condenado que haya cumplido su pena, tendría que esperar cinco años para que su derecho esencial al sufragio le fuera devuelto, y siete años si su paso por la cárcel fue por delitos sexuales.

La junta de perdón está compuesta por el gobernador Rick Scott; la fiscal general de la Florida, Pam Bondi; el comisionado de agricultura y servicios al consumidor, Adam H. Putnam, y el director de finanzas del estado, Jimmy Patronis.

El juez Mark Walker les dio a Scott y Bondi hasta el próximo 26 de abril para que desarrollen un nuevo sistema que reemplace el que el mismo gobernador y la fiscal pusieron en funcionamiento en 2011, que derogaba todo lo establecido por Charlie Crist –antecesor de Scott- quien aprobó normas que le permitían a la comisión de libertad condicional reestablecer el derecho al voto, sin audiencia, a quienes hubieran sido condenados por delitos no violentos, y dentro de un año después de haber cumplido su condena.

Más de 100.000 exconvictos recuperaron su derecho a ir a las urnas y depositar su voto. Esto contrasta con lo que ha pasado desde 2011: sólo 3.000 de esos exprisioneros gozan de ese beneficio de la democracia.

El juez, en su fallo, afirmó que no tenía la autoridad para ordenar una medida concreta que remediara la situación de todos aquellos que han estado fuera de prisión durante más de cinco años.

Florida, al lado de Virginia, Kentucky y Iowa, saca de manera permanente del padrón electoral a quienes han sido condenados. No se pueden registrar sino hasta cuando su derecho a votar les ha sido devuelto.

Cerca de 1 millón 500 mil exprisioneros no han podido tener la oportunidad de votar desde que pagaron sus deudas con la sociedad. Esto afecta de manera desproporcionado a los afroamericanos quienes favorecen de manera abrumadora al Partido Demócrata.

Walker explicó en su decisión que “hay problemas de abuso potencial, en especial cuando miembros de la junta [de Clemencia], quienes son elegidos en el estado y podrían postularse para la reelección u otra posición, tienen intereses personales en darle forma al electorado para su beneficio”.

De acuerdo con el juez, no tendría que pasar más de un ciclo electoral de cuatro años para que los presos liberados pudieran sufragar.

Esta decisión llega cuando ya está incluida en la boleta electoral de las elecciones de noviembre una enmienda en la que los votantes dirán si aceptan o no que a los exconvictos se les restaure de manera automática sus derechos, con algunas excepciones.

Esa enmienda pasa si un 60% de los votantes vota a favor de la misma.

Purga de registro electoral

Esta es la segunda vez durante la era Scott que su administración enfrentar demandas por restricciones al voto.

En 2012, un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del circuito decimoprimero de Atlanta, invalidó las intenciones del departamento de estado de la Florida de identificar y sacar del registro electoral a los supuestos votantes que no eran ciudadanos.

Esa acción del gobierno de Scott se dio en una elección en la que el estado del sol, considerado uno de los más indecisos de la nación, era crucial para las aspiraciones reeleccionistas del entonces presidente Barack Obama.

Los supervisores de elecciones y los grupos defensores del derecho al voto prendieron sus alarmas cuando en junio de ese año (había elecciones primarias en agosto en Florida) Scott anunció su campaña de sacar de los registros electorales a las personas que supuestamente no eran ciudadanos y, por lo tanto, sin el derecho a votar.

La ley federal prohíbe cualquier manipulación del padrón electoral 90 días antes de unas primarias federales o votaciones generales.

Después de la demanda, de 180.000 sospechosos de no ser ciudadanos – información obtenida por las licencias de conducción- se redujo a 2.600 y después a 198. Al final sólo 85 electores fueron sacados del registro de votantes.