La Comisión condal aprobó una resolución para frenar los planes federales de convertir almacenes en recintos migratorios; la comisionada Mayra Uribe destacó la drástica reducción de detenidos por ICE
Mayra Uribe, comisionada del Condado Orange.
D. CASTROPÉORLANDO.- La Junta de Comisionados del Condado de Orange aprobó de manera unánime una resolución para oponerse a la instalación de un centro de procesamiento y detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esta jurisdicción del centro de Florida.
Los comisionados emitieron la medida preventiva bajo el argumento de proteger la zonificación local, el turismo y los recursos comunitarios ante los planes federales de arrendar y transformar una propiedad para convertirla en un establecimiento para albergar inmigrantes.
La decisión responde a las exploraciones iniciales de la agencia federal para establecer un nuevo complejo migratorio en zonas no incorporadas del condado.
Aunque la resolución carece de un mecanismo legal vinculante para prohibir de forma absoluta las acciones del gobierno federal, el documento impulsado por la comisionada Nicole Wilson y respaldado por el alcalde Jerry Demings envía un mensaje político contundente.
Las autoridades locales insistieron en que las entidades federales deben respetar las regulaciones de uso de suelo y evitar proyectos que comprometan el suministro de agua y el sistema de alcantarillado de la zona.
En medio de este escenario, la comisionada y actual candidata a la alcaldía, Mayra Uribe, aportó su voto a favor de la medida.
En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Uribe ilustró la situación actual en la región al revelar que la cifra de inmigrantes bajo custodia exclusiva de las autoridades migratorias en la cárcel de Orange descendió a solo nueve personas.
La legisladora condal calificó este número como bajo al contrastarlo con meses anteriores, cuando la instalación llegó a albergar hasta doscientos detenidos en un solo día.
"Pasamos esta resolución porque no queremos que ICE venga a poner un edificio aquí para tener a personas detenidas", explicó la comisionada.
Además, Uribe añadió que la acción tiene un propósito de apoyo comunitario y de anticipación táctica: "Para que la gente sepa que estamos aquí para defenderlos, que sepan que estamos con ellos y que los escuchamos".
Esta drástica caída de doscientos a nueve detenidos es el resultado directo de una nueva política condal con vigencia desde el primero de marzo de este año.
A principios de 2026, las autoridades federales enfrentaron una escasez de camas en sus propios recintos y utilizaron la cárcel local para retener inmigrantes con tácticas de reingresos continuos para evadir los límites legales de setenta y dos horas.
Ante el agotamiento de los recursos y del personal, el gobierno de Orange prohibió estas prácticas y estableció límites estrictos.
Esta decisión devolvió la población de detenidos sin cargos penales locales a su promedio histórico, una normalización estadística que la comisionada Uribe destacó para contextualizar la decisión de la Comisión condal.
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