La Casa Blanca ha terminado con el TPS de varios países incluido Haití, Venezuela y Afganistán
El gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año.
AP/Wilfredo Lee, ArchivoLOS ÁNGELES.-Empieza la cuenta regresiva para más de 170 mil salvadoreños que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Este 9 de septiembre, la protección llegará a su fin y no será renovada. Quienes dependen de este amparo migratorio quedarán obligados a retornar a El Salvador, una nación que para muchos es ajena, que apenas conocen o de la que, incluso, no conservan recuerdos.
“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”, dice a EFE Alma, una salvadoreña amparada por el beneficio desde 2001 y que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.
La inmigrante, de 30 años y residente en Misuri, fue beneficiada por el TPS cuando apenas tenía apenas cinco años, después que su madre pidiera el amparo migratorio para las dos.
Alma asegura que no tiene recuerdos de El Salvador, pero sí del amparo migratorio. “Yo crecí con el TPS”, insiste la inmigrante, que llegó a EEUU en brazos de su madre con apenas 18 meses de edad.
“Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, cuenta la mujer, que ha estado protegida por el TPS desde su designación en 2001.
Alma ha querido llamar la atención del público sobre inmigrantes como ella, que llegaron a EEUU siendo niños y han estado en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, quien desde su primer gobierno ha apuntado a terminar el TPS y el programa de Acción Diferida (DACA).
“Crecí con una vida estadounidense, con valores estadounidenses, ¿por qué nos quieren sacar?”, se pregunta. “De niña yo no tuve la posibilidad de elegir donde hacer mi vida”, añade.
La Casa Blanca ha terminado con el TPS de varios países incluido Haití, Venezuela y Afganistán.
En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo dejará expirar la protección que vence este 9 de septiembre para unos 170.000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación.
Alma trabaja en una empresa de Misuri, donde ha alcanzado el rango de supervisora. Cuenta que la compañía, que tiene plantas fuera de EEUU, está preparándose para perder a “gente muy trabajadora”, algunos de ellos empleados desde 2001.
“Duele ver cómo la vida va a seguir fluyendo y serán reemplazados, cuando los afectados (los protegidos por el TPS) nos vamos sin nada”, reflexiona.
Para Alma y sus compañeros, el panorama se complica aún más por vivir en un estado republicano, donde los mismos congresistas federales a los que ella debería acudir para que aboguen a su favor quieren que se termine el TPS y que los inmigrantes regresen a su país.
“Cuando la gente me dice 'regresa' (a El Salvador), para mí no es regresar a una vida porque no viví allí. Pensar en eso es muy fuerte”, advierte.
Carlos (quien pidió no revelar su apellido) tiene una historia similar a la de muchos. Lleva más de 20 años en Estados Unidos, país al que llegó cuando apenas tenía 3 años, después de que sus padres buscaran refugio. Aunque habla español, su acento ya no coincide con el de su país de origen; y prefiere conversar en inglés, el idioma en el que cursó toda su formación académica hasta graduarse en la Universidad Internacional de la Florida.
“No tengo nada en El Salvador, solo los recuerdos de mi mamá y mi papá. Ellos llegaron cuando yo era muy pequeño y comenzaron a trabajar en construcción y remodelación de casas. Con eso lograron formar un hogar, me dieron estudios y ahora yo les brindo soporte económico. Mi esposa también está en la misma condición que yo. Nuestros hijos, de 4 y 2 años, nacieron aquí. Es una situación muy complicada. No sabemos qué vamos a hacer”.
Cuenta que, desde que comenzaron los operativos contra migrantes, ha visto un aumento de presencia policial y federal en zonas como Doral. “Allí está ICE todos los días. Ya no visito esa área para evitar que a uno lo detengan en plena vía. Es angustiante toda esta situación”.
Una idea que comparte José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una iniciativa conformada desde 2017 para defender el amparo, y que reúne a organizaciones proinmigrantes que abogan por la aprobación de una ley que les permita acceder a la residencia permanente.
Palma, de 48 años, dijo a EFE que la incertidumbre sobre su futuro le ha obligado a frenar los proyectos que tenía, como una construcción en su vivienda.
El activista, que es padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, también ha hecho recortes en sus gastos, en un esfuerzo para ahorrar ante la terminación del amparo, que lo dejaría sin autorización para trabajar.
Sin embargo, aún tiene la esperanza de que el Congreso de EEUU encuentre un camino para quedarse. Al igual que Alma, resalta que en estos 25 años no se les ha ofrecido una solución.
“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?", dice Palma.
En el caso de Alma, su madre falleció esperando lograr un camino a la residencia. Ella sigue esperando que el país que la vio crecer le dé una oportunidad para quedarse.
FUENTE: Con información de EFE
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