WASHINGTON — El Gobierno del presidente Donald Trump adoptó una nueva interpretación jurídica que obliga a los estados a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en materia de inmigración o arriesgarse a perder fondos federales de programas sociales.
La medida fue anunciada por el Departamento de Justicia (DOJ) con el fin de forzar la cooperación estatal en la política migratoria de deportaciones masivas.
La nueva interpretación, dada a conocer este miércoles, requiere que los estados informen a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la presencia de inmigrantes sin estatus legal; de lo contrario, corren el riesgo de perder fondos federales de los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Los dos programas son parte vital de la red de seguridad para familias de bajos ingresos, así como para residentes ancianos y discapacitados en Estados Unidos.
Medida incluye a todo las dependencias
La anterior opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, que data de 1998, establecía que sólo aquellas agencias estatales específicas que administraban los programas de TANF y SSI estaban obligadas a proporcionar información a las autoridades federales de inmigración, pero la revisión actual amplía el requisito a todo el gobierno estatal, incluyendo todas sus dependencias.
La revisión del Departamento de Justicia ha ampliado la obligación de reportar a las personas indocumentadas a todos los estados y no solo a las dependencias, subrayó la dependencia en un comunicado.
En ese sentido, el fiscal adjunto T. Elliot Gaiserranjeros dijo que los fondos públicos destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deben fomentar “de manera perversa” la entrada ilegal al país, sino más bien reforzar las leyes y las fronteras.
El nuevo dictamen constituye la señal más reciente de la política de mano dura de la Administración Trump en materia de inmigración. Se espera que el dictamen sea rebatido en los tribunales, que en el pasado han anulado otros intentos similares para presionar a estados y ciudades.
FUENTE: Con información de EFE / La Gaceta de la Iberosfera