Las nuevas leyes HB 913 y HB 393 brindan flexibilidad económica, aumentan la supervisión y promueven mayor transparencia en los condominios del estado
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
X MIAMI.- Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó este lunes dos nuevas leyes que ofrecen alivio financiero a los propietarios de condominios, refuerzan la supervisión de las asociaciones y otorgan mayor poder de decisión a los residentes, aquejados por las estrictas medidas de seguridad surgidas, tras el colapso de Champlain Tower South.
Las leyes HB 913 y HB 393 responden a las preocupaciones expresadas por comunidades de condóminos en todo el estado tras la implementación de medidas obligatorias de seguridad que impactaron fuertemente su economía.
Desde la tragedia del edificio Champlain Towers South en Surfside en 2021, el estado de Florida ha reforzado las normas de seguridad en edificios multifamiliares. Sin embargo, muchas de estas disposiciones, como los estudios de reservas obligatorios y las inspecciones estructurales, implicaron costos inmediatos y significativos para los propietarios, generando malestar y presión sobre las autoridades para revisar los requisitos.
Durante el acto de firma celebrado este lunes, 23 de junio, en Clearwater, el gobernador DeSantis declaró: “Hoy firmé la legislación para brindar un alivio muy necesario a los propietarios de condominios en todo Florida. Hemos escuchado sus preocupaciones y estamos entregando reformas que ofrecen alivio financiero y flexibilidad, fortalecen la supervisión sobre las asociaciones de condominios y empoderan a los propietarios”.
La HB 913 modifica la regulación de condominios y cooperativas con el objetivo de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las asociaciones, al tiempo que proporciona alivio financiero para los propietarios.
Entre las medidas clave, se aborda la asequibilidad de los requisitos de seguridad obligatorios en los edificios, extendiendo por un año el plazo para cumplir con el estudio de reservas. Así como, se permite una pausa de dos años en las contribuciones al fondo de reservas, priorizando las reparaciones críticas identificadas en las inspecciones estructurales.
Además, la ley eleva de 10.000 dólares a 25.000 el valor de reemplazo requerido para que una reparación sea incluida en el Estudio de Reserva de Integridad Estructural (SIRS), de manera que se dé prioridad a los arreglos más urgentes. También introduce opciones de financiamiento alternativo para que las asociaciones puedan cumplir con los requisitos de reservas de forma más flexible, incluyendo mecanismos graduales para elementos que aún tienen vida útil.
La legislación refuerza la rendición de cuentas al permitir que las juntas directivas y los propietarios puedan cancelar contratos si un administrador no cumple con los requisitos de la ley estatal. Asimismo, se prohíbe que cualquier administrador cuya licencia haya sido revocada por el Departamento de Regulación Empresarial y Profesional (DBPR) ocupe cargos en firmas de administración o recupere su licencia durante un periodo de 10 años.
En cuanto a la transparencia, se exige a las asociaciones la divulgación completa de posibles conflictos de interés y la realización de licitaciones competitivas para los contratos de reparación, evitando conflictos de interés y garantizando un uso justo de los fondos.
También se establece que las asociaciones deberán proporcionar más información y registros en línea, facilitando el acceso de los residentes a los documentos y permitiendo que comprendan mejor la gestión de sus comunidades. Se promueve además el uso de videoconferencias y el voto electrónico para aumentar la participación en las reuniones comunitarias.
La ley requiere que las asociaciones reporten datos sobre sus propiedades al DBPR y presenten detalles adicionales para reforzar la supervisión estatal. También obliga a que los gobiernos locales compartan datos con socios estatales a fin de mejorar el cumplimiento de las normas de seguridad y evaluar el impacto de las reformas.
En materia financiera, se establecen nuevos requisitos de transparencia. Los propietarios tendrán acceso a los registros financieros de sus asociaciones, que ahora dispondrán de más tiempo para completar reportes financieros detallados. También se exige que los métodos de financiamiento y detalles relacionados al SIRS sean divulgados tanto a los propietarios actuales como a los posibles compradores, ampliando de tres a siete días el plazo para revisar esta información antes de una compra.
Por su parte, la HB 393 introduce mejoras al programa piloto My Safe Florida Condo, a partir de las recomendaciones de propietarios. El nuevo texto limita el uso de subsidios a mejoras que generen créditos de mitigación, descuentos o reducciones en las primas de seguro del edificio. Además, reduce el requisito de aprobación de todos los copropietarios del 100% al 75 % de quienes residen en la estructura afectada, y actualiza las mejoras elegibles para permitir el reemplazo de la cubierta del techo.
La ley prohíbe que un condominio solicite inspecciones o subvenciones si su asociación no cumple con los requisitos del SIRS y las inspecciones estructurales de “hito”. Asimismo, restringe la elegibilidad a edificios de tres o más pisos que contengan al menos dos unidades familiares.
Con estas leyes, el estado de Florida busca equilibrar las exigencias de seguridad estructural con la capacidad económica de los residentes, reforzando al mismo tiempo los mecanismos de supervisión y participación comunitaria.
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