lunes 25  de  marzo 2024
ECONOMÍA

Destacan el aporte económico de los indocumentados en el sur de la Florida

Varios proyectos presentados en el congreso de la Florida, que buscan seguir las políticas antiinmigrante de la administración Trump, no se refieren al impacto económico de un plan de deportaciones masivas
Diario las Américas | SERGIO OTÁLORA
Por SERGIO OTÁLORA

MIAMI.- Un estudio del centro para investigaciones laborales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), llevado a cabo por el profesor Alí Bustamante, revela que los inmigrantes indocumentados aportan 437.4 millones de dólares, en impuestos locales y estatales, al área de Miami-Fort Laudardale y West Palm Beach.

En su investigación, Bustamante indicó que los indocumentados pagan en el ámbito nacional, en impuestos locales y estatales, 11.600 millones de dólares.

En el centro y norte de Florida, los inmigrantes sin estatus contribuyen en impuestos con 136.1 millones de dólares.

Estas cifras, según Bustamante, señalan la “importancia de los inmigrantes indocumentados a sus comunidades y, en general, a la economía”. También, el investigador enfatizó que la inmigración ha mostrado que incrementa la productividad, el desempeño económico y la innovación.

Comunidades santuario

Uno de los argumentos más fuertes que tuvo el alcalde del Condado Miami-Dade, Carlos Giménez, para ordenarle al sistema de cárceles cumplir con los requerimientos de ICE (la agencia de inmigración y aduanas) de retener por 48 horas adicionales a los indocumentados que cumplieran sus tiempo de prisión, es que esta comunidad no era santuario y tampoco podía arriesgar 350 millones de dólares dados al condado por el gobierno central.

En la orden ejecutiva del presidente Trump, emanada el pasado 25 de enero, se advertía que si algún municipio, condado o Estado no cumplía con la ley federal (las llamadas “comunidades santuario”) el gobierno central podría suspender la ayuda de fondos federales a esas jurisdicciones.

Lo que indica la investigación de Bustamante es que vulnerar a la comunidad inmigrante y, en especial, aquella indocumentada puede tener un impacto igual o mayor que el de la perdida, por parte del condado, de recursos federales.

Indefiniciones

A propósito, una de las órdenes ejecutivas que ha generado mayores problemas es precisamente la que busca congelar dineros federales para las llamadas ciudades santuarios, según lo reportó el Wall Street Journal: “La orden no define sus términos, no da una descripción de lo que se considera una ciudad santuario o a qué tipo de fondos federales se refiere. A tres semanas de expedida la Casa Blanca aún no ha identificado los recursos que podría suspender [a las ciudades santuario]”.

En ese sentido el WSJ precisó que “la mayoría de los dineros federales que van a las ciudades se sustentan en desembolsos justificados en estatutos legales que siguen una formula y solo pueden ser suspendidos si no son invertidos para los propósitos que fueron dados”.

Lo que sí es claro es que la posible desarticulación de la comunidad inmigrante, por medio de una política de deportaciones masivas, y su contribución en sectores económicos clave como la agricultura y los servicios (hotelería y turismo), tendría un impacto en las finanzas del Estado.

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