El año culmina con la entrega de obras importantes y planes de reestructuración de la seguridad en estas dos ciudades en pleno crecimiento del oeste de Miami-Dade
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y el alcalde de Sweetwater, José 'Pepe' Díaz.
D. CASTROPÉ / A. MATAMIAMI. — Las ciudades de Doral y Sweetwater, dos de los enclaves de mayor crecimiento demográfico y comercial en el condado de Miami-Dade, cierran el 2025 con un balance de gestión de sus gobiernos marcado por la ejecución de obras públicas de gran envergadura y una apuesta decisiva por la seguridad ciudadana.
Mientras Doral consolidó su expansión recreativa con la finalización del Parque Central y la reducción de impuestos, Sweetwater emprendió una modernización de la infraestructura tecnológica y policial para proteger a sus residentes. Ambos municipios enfrentan el 2026 con superávits fiscales y planes de inversión orientados a mejorar la calidad de vida sin aumentar la carga tributaria.
En Doral, la alcaldesa Christi Fraga aseguró haber logrado materializar “promesas de campaña” que transformaron el paisaje urbano, mientras que en Sweetwater su homólogo José ‘Pepe’ Díaz reorientó la brújula administrativa hacia la modernización tecnológica y la seguridad pública, una meta que se propuso desde su retorno a la alcaldía.
Para el municipio de Doral, hogar de una vibrante comunidad latina y sede de importantes corporaciones, el 2025 será recordado como el año en que se completó el Doral Central Park, uno de los proyectos recreativos más ambiciosos del sur de la Florida.
Tras la inauguración de sus fases principales en mayo, el gobierno municipal ya se prepara para una nueva etapa de expansión comercial dentro del mismo recinto.
Aunque el parque ya está operativo con su centro acuático y comunitario, Fraga anunció una adición estratégica para 2026 que busca la sostenibilidad financiera del municipio.
Se trata de un desarrollo en el área remanente del parque, conocida como ‘overflow parking’, donde se construirá un edificio de estacionamientos con 600 plazas adicionales, coronado por nueve canchas de pickleball en el techo y un centro de entretenimiento y recreación bajo techo de 40.000 pies cuadrados.
“Estamos tratando de crear recursos para la Ciudad que generen ingresos, para no tener que depender en los impuestos de las propiedades”, explicó Fraga.
Este nuevo centro, inspirado en conceptos de entretenimiento como ‘Puttery’ o ‘Top Golf’ (pero en formato indoor), incluirá espacios de alquiler para comercio minorista y áreas de juego, con lo que se proyecta una inversión preliminar de 33 millones de dólares.
El objetivo parece estar claro: crear un ciclo de inversión que retorne capital a las arcas municipales, un modelo que la alcaldesa asegura “nunca se ha hecho en la ciudad”.
Más allá del cemento y las áreas verdes, el triunfo político y ambiental más significativo para Doral este año fue la decisión final del Condado Miami-Dade de no reconstruir la planta incineradora de basura de Covanta dentro de los límites de la ciudad.
La antigua planta, que ardió en un gran incendio en febrero de 2023, fue fuente de controversia y problemas de salud para los residentes del área, que derivaron en demandas ante las cortes y constantes protestas callejeras.
“Eso fue una determinación que se tomó este año, con la abogacía de nosotros y el constante involucramiento en esa decisión”, señaló Fraga, quien destacó la movilización comunitaria como el factor decisivo.
“Fue gracias a la comunidad, a su voz, su persistencia... y se decidió finalmente hacer algo que a largo plazo no afectara a ninguna comunidad”, añadió la edil.
Esta victoria ambiental se suma a una gestión fiscal que permitió a Doral reducir su tasa de amillaramiento (millage rate) al 1.691%, la cifra más baja entre las localidades del condado Miami-Dade.
Entretanto, la alcaldesa desestimó los rumores de un éxodo masivo de residentes debido al costo de vida y aseguró que la ciudad sigue siendo un imán para familias e inversores.
“Ese rumor fue difundido por algunos medios nacionales, pero no fue cierto. Algunas personas se han marchado como pasa en otras ciudades, pero nada más”, explicó.
En el plano social, la administración implementó programas de ayuda directa para entregar cheques de 200 dólares a residentes mayores de 65 años y lanzó un subsidio de 3.000 dólares para familias con necesidades económicas extremas. Este programa comenzó en diciembre y se extenderá hasta agotar los recursos económicos.
A pocos kilómetros al sur, la ciudad de Sweetwater, conocida popularmente como ‘Little Managua’ y vecina de la Universidad Internacional de Florida (FIU), vivió lo que el alcalde Díaz considera un “gran cambio”.
Según sus palabras, el mandatario, al asumir el cargo tras su paso por la Comisión del Condado Miami-Dade, tras ser alcalde de la municipalidad, se encontró con una infraestructura municipal “peligrosamente obsoleta”.
“Me dijeron que el sistema estaba protegido”, relató el alcalde, “pero cuando chequeamos, lo que estaba protegiendo todos los sistemas de la Ciudad era el ‘Microsoft Home Edition’, la edición que uno compra por un par de pesos y lo pone en la casa”.
Ante esta vulnerabilidad crítica, que ponía en riesgo la información de los residentes y la operatividad de la policía, la administración Díaz invirtió para cambiar toda la infraestructura de servidores y protección de datos.
Este "blindaje" digital fue el primer paso de una reestructuración integral que también abarcó el Departamento de Policía, según el alcalde.
La seguridad pública ha sido la prioridad de Díaz, de acuerdo con sus declaraciones. El alcalde nombró a tres nuevos jefes policiales con más de 100 años de experiencia combinada y renovó la flota de patrullas, que anteriormente consistía en “vehículos viejos y desgastados”.
“Cambiamos casi la mayoría de los carros policiales; ahora son carros nuevos porque se les ponen muchas millas por el intenso patrullaje”, dilucidó.
En 2025, Sweetwater incorporó entre 10 y 12 nuevos oficiales, elevando la fuerza a aproximadamente 83 agentes juramentados, y además implementó un sistema de patrullaje por cuadrantes para asegurar presencia constante en áreas residenciales y comerciales.
En términos de obras públicas, el Parque Ronselli, pulmón principal de la ciudad, fue sometido a una renovación que incluyó la instalación de césped sintético en campos profesionales, nueva iluminación LED de alta potencia que no invade las propiedades vecinas y la reestructuración del centro juvenil Jorge Mas Canosa.
“Sweetwater nunca había visto esto”, dijo Díaz sobre la calidad de las nuevas instalaciones, comparándolas con estadios profesionales. Además, Sweetwater finalizó las obras de drenaje en la Avenida 108 y puso en marcha sistemas de pacificación de tráfico ("speed bumps") para proteger a los peatones en las zonas de alto tránsito estudiantil y comercial.
Ambos alcaldes coinciden en una visión de gobierno que, según sus palabras, prioriza la eficiencia administrativa.
Mientras Doral apuesta por convertirse en un ‘hub’ de entretenimiento autosostenible, Sweetwater se enfoca en modernizar su burocracia para reducir los tiempos de permisos de construcción a un lapso de 1 a 5 días para atraer inversión.
“El tiempo es dinero, y el dinero es tiempo”, sentenció el alcalde Díaz, quien añadió que la municipalidad avanza en los planos para un nuevo ayuntamiento y un ambicioso proyecto de soterramiento de cables eléctricos para mejorar la resiliencia ante huracanes.
Con cuentas en superávit y proyectos de infraestructura en distintas fases de ejecución, las administraciones de Fraga y Díaz cierran un 2025 marcado por la transformación urbana.
De cara a 2026, el desafío para ambos gobiernos locales será sostener el ritmo de crecimiento y responder a las crecientes demandas de servicios en medio de la constante expansión demográfica que atraviesa el oeste del condado.
Mientras la Ciudad de Sweetwater experimentaba en 2025 una modernización de su infraestructura y un blindaje tecnológico, un drama humano se desarrollaba en paralelo en el sector residencial. El cierre definitivo y el desalojo del Li'l Abner Mobile Home Park se erigió, sin duda, como el evento más conmovedor y polémico del año.
Lo que comenzó con notificaciones de desalojo de los populares tráilers a finales de 2024 se convirtió en 2025 en una batalla legal entre el derecho a la propiedad privada de los dueños del terreno y la necesidad de vivienda de una comunidad trabajadora.
El parque de tráilers, un enclave de vivienda asequible fundado hace décadas en terreno donde se arrienda el espacio, albergaba a cerca de 900 familias, muchas de ellas inmigrantes. Sin embargo, la decisión de los propietarios del predio de vender el terreno a Consolidated Real Estate Investments, para dar paso a un complejo de apartamentos, marcó el fin de una era.
La tensión alcanzó su punto álgido en mayo, fecha límite original para el desalojo. Aunque muchos residentes aceptaron los paquetes de compensación ofrecidos por los desarrolladores, un núcleo resistente de cerca de 200 familias se negó a abandonar el lugar.
Su argumento era simple: la compensación privada era insuficiente para el mercado actual y la mayoría de sus tráilers, por su antigüedad, no podían ser trasladados legalmente, condenándolos a la demolición.
El conflicto se trasladó a las cortes civiles del condado, donde los residentes buscaron amparo. Sin embargo, septiembre trajo el golpe de gracia judicial. Los jueces del circuito de Miami-Dade fallaron a favor de los derechos de los propietarios del terreno, levantando las suspensiones y dando luz verde a la Oficina del Sheriff para ejecutar las órdenes finales.
Las imágenes de octubre fueron desgarradoras: camiones de mudanza, ancianos empacando recuerdos y maquinaria pesada demoliendo estructuras vacías.
El alcalde José ‘Pepe’ Díaz se encontró en medio de la crisis social, pese a que el conflicto derivaba de una transacción estrictamente entre privados en la que la alcaldía carecía de potestad legal para intervenir o detener la venta. Díaz, quien en su momento calificó la situación como una "tormenta perfecta negativa", limitó su rol a la mediación con algunas extensiones de tiempo y coordinó con el Condado la búsqueda de ayudas de emergencia.
Al cierre de 2025, el terreno privado de Li'l Abner es un paisaje de transición hacia nuevas construcciones. Si bien el futuro proyecto promete modernizar la oferta habitacional, el costo inmediato fue la dispersión de una comunidad entera.
Este episodio deja una lección para Miami-Dade: en la carrera por renovar el espacio urbano, la vivienda asequible existente es vulnerable ante la revalorización del uso de los terrenos, y las opciones para los desplazados por el mercado privado siguen siendo escasas.
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