La nueva norma de seis semanas, que entraría en vigor el 1 de julio, está sujeta al fallo de la Corte Suprema estatal, que aún no ha señalado fecha para citar a los implicados a declarar sobre un tema tan antiguo como la civilización.
Antecedentes
Desde 1973, la Florida adoptó la norma nacional de 24 semanas de embarazo, bajo el fallo de la Corte Suprema de la nación sobre Roe v. Wade.
No obstante, el máximo organismo judicial nacional revocó el dictamen el año pasado y ante la falta de un derecho constitucional explícito varios estados, incluyendo Florida, optaron por cambiar sus disposiciones respecto al aborto.
De esta manera, varios proveedores de salud reproductiva se unieron a Florida Planned Parenthood, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el Centro de Derechos Reproductivos para demandar al estado y pedir el fallo de los magistrados.
¿Qué plantea la demanda?
Quienes demandan alegan que la prohibición de 15 semanas viola el derecho a la privacidad que otorga la Constitución de Florida.
Esto se refiere a que los votantes de Florida aprobaron una enmienda constitucional en 1980 para agregar el Artículo I, Sección 23 al documento rector, que dice en parte: “Toda persona tiene derecho a que se le deje en paz y libre de intrusiones gubernamentales en la vida privada de la persona, excepto que se disponga lo contrario aquí."
El abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, explicó que “los opositores al aborto argumentaron entonces que los votantes habrían interpretado la pregunta como un derecho a la privacidad de la información y los datos”, lo cual era algo nuevo de qué preocuparse en 1980 debido a los avances tecnológicos.
Sin embrago, los partidarios del aborto aseguran que “ese derecho era y es sinónimo de privacidad”.
Más tarde, en 1989, “la Corte Suprema de Florida dictaminó que el derecho a la privacidad se extiende al aborto”, señaló Martínez.
Los jueces opinaron en aquel momento "podemos concebir pocas decisiones más personales o privadas con respecto al cuerpo de uno que uno pueda tomar en el transcurso de su vida".
Unos años después, en 2003, “el tribunal confirmó la decisión”, hizo notar el abogado, quien además reconoció que el aborto “es un asunto tan delicado como polémico porque “además de connotaciones religiosas y morales también hay significados contundentes que hacen pensar, como que la vida se inicia con la concepción, y, por lo tanto, para quienes piensan así, abortar es matar”, subrayó.
En 2012, el Congreso estatal pidió a los votantes que excluyeran el aborto de la protección de la enmienda, pero fue rechazado.
¿Qué hay ahora?
Un juez de circuito del condado de Leon, John Cooper, dictaminó que la prohibición de 15 semanas viola el derecho a la privacidad de Florida.
Cooper emitió una orden para bloquear la aplicación de la ley, pero el estado apeló de inmediato, por lo que volvió a entrar en vigor mientras el problema continuaba en el sistema judicial.
Más tarde, ese mes, un tribunal de apelaciones se negó a bloquear la ley. En agosto, los demandantes solicitaron a la Corte Suprema de Florida que escuchara el caso. Los magistrados aceptaron la petición y acordaron atender el caso en una fecha que está aún por ser anunciada.
“El estado de Florida sostiene que el tribunal superior debe rechazar la moción de que la cláusula de privacidad protege el acceso al aborto”, mencionó Martínez.
Por otro lado, quienes sostienen la demanda “instan a la corte a mantener el precedente y señalan que anularlo tendría implicaciones para los derechos de privacidad mucho más allá del aborto”.
¿Qué puede suceder?
Para que la prohibición de seis semanas entre en vigor, el tribunal tendría que aprobar la ley de 15 semanas. “O sea, anular el precedente o determinar que la enmienda a la privacidad no protege el aborto”, apuntó el abogado.
Si se produce alguno de esos resultados, la prohibición de seis semanas entraría en vigor 30 días después.
Para ello, “la Corte Suprema estatal tiene que decidir si la cláusula de privacidad protege el aborto”, anotó el abogado Martínez.
Si dicen que sí, “tendrán que determinar si la prohibición de 15 semanas impone lo que se denomina una carga indebida sobre el derecho al aborto”.
En otras palabras, ¿hasta dónde puede llegar el estado en la regulación del cuidado de la salud que está protegido por la constitución estatal?
Pero, el abogado añadió, "no creo que eso sea lo que el gobierno quiera que suceda o la Corte Suprema quiera hacer porque eso no ayudaría a la prohibición de seis semanas".
“Tal vez una prohibición de 15 semanas violaría la carga, tal vez no”, comentó, “pero una prohibición de seis semanas definitivamente lo haría”.
El resultado más probable, dijo Martínez, “es que la corte determine que la enmienda a la privacidad no protege el acceso al aborto. Entonces, el estado podría proseguir”.
¿Quién decide?
Al igual que la Corte Suprema de los Estados Unidos, los magistrados del tribunal superior de Florida son reemplazados cada cierto tiempo y la tendencia puede variar de liberal a conservadora o viceversa.
Durante los últimos cinco años, DeSantis ha designado a cinco de los siete jueces en funciones. Los otros dos jueces fueron nombrados por el exgobernador Charlie Crist cuando este todavía era aún republicano.
“Quienes demandan están preocupados porque el juez Charles Canady es el esposo de la representante republicana de Lakeland, Jennifer Canady, quien copatrocinó la prohibición del aborto de seis semanas”, señaló el abogado.
Pero también ven con buenos ojos que el magistrado Carlos Muñiz presida el tribunal supremo estatal porque, según opinó en un artículo que publicó en Journal of the James Madison Institute, en 2004, la cláusula de privacidad de Florida protege el acceso al aborto.
De cualquier manera, de la misma manera que los años transcurren, las ideas pueden evolucionar y el fallo está ahora en manos de los magistrados.