@sergiootalora
En la primera semana de abril, en Colombia, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, el opositor más radical al presidente Juan Manuel Santos desde la extrema derecha, convocó a sus seguidores y simpatizantes a diversas marchas en las principales ciudades de ese país y en el exterior.
Oscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial y director del partido Centro Democrático –fundado por el senador Uribe- estuvo en Miami donde también algunos colombianos se dieron cita, en frente del consulado de Colombia, para protestar en contra del proceso de paz que se lleva a cabo con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en La Habana, Cuba.
En una corta pero sustanciosa entrevista, el señor Zuluaga respondió a algunas preguntas sobre la situación de su país. La más importante: ¿Por qué su grupo político le genera tantos problemas las negociaciones y los diálogos del gobierno del presidente Santos con las FARC?
“Somos el principal partido de oposición en Colombia y queremos la paz. Pero basada en la justicia y en el respeto de valores democráticos. Ese proceso que se está discutiendo en La Habana está basado en la impunidad”, respondió.
Y añadió: “Consideramos que los cabecillas de las FARC que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no pueden ser elegibles. Un Timochenko [jefe del secretariado de esa organización insurgente] no puede ser presidente de Colombia, eso vulneraría estándares internacionales. No sería aceptado por ningún país del mundo. Esos cabecillas que han cometido crímenes atroces no van a pagar un solo día de cárcel”.
La verdad, a pesar del rechazo a los diálogos en La Habana por parte de un importante sector de la sociedad colombiana (sobre todo de las grandes ciudades), es que nunca antes, en ningún intento anterior por resolver el conflicto armado en Colombia, un gobierno había logrado concretar puntos específicos de negociación y, sobre todo, llegar a acuerdos en casi todos ellos.
Y en nada se ha parecido esta negociación a la que siguió, a finales de los años noventa, el expresidente Andrés Pastrana, con el despeje de una zona a la que describían como del tamaño de Suiza. Uno de sus grandes críticos fue Alvaro Uribe, quien llegó la primera vez a la presidencia bajo una dura crítica al proceso seguido por su antecesor.
Sin embargo, Zuluaga no repitió esta vez las consignas de su jefe político en contra del expresidente Pastrana quien –vale la pena anotar- es también un crítico feroz de la manera como Santos ha llevado las negociaciones con las FARC y ahora con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
“A Pastrana lo elegimos los colombianos para que hiciera esa negociación”, explicó Zuluaga. Recordó que en ese momento, en 1999, “la situación era desesperada y el país era considerado un estado fallido”. Según él, al antecesor de Uribe “se le dio un mandato legal, constitucional, para que buscara la paz a cualquier precio”. Pero de acuerdo con el líder de Centro Democrático, “las FARC engañaron a Colombia y al mundo”.
Derrota
Hay que destacar que ya el uribismo no plantea que, cuando estuvo en el poder, su objetivo era la derrota militar de las FARC. Incluso desapareció del lenguaje oficial el concepto “conflicto armado”, porque, según el entonces presidente Uribe, los grupos insurgentes no tenían legitimidad política alguna, eran bandas terroristas que amenazaban al Estado colombiano y a su democracia.
Pero según Zuluaga, “el error es pensar que el gobierno de Uribe buscaba el aniquilamiento de las FARC. Imposible. Buscaba debilitarlas y desarticularlas para sentarlas a la mesa en condiciones dignas”. Agregó que gracias “a la política de la seguridad democrática del presidente Uribe, Santos pudo llevar a las FARC a la mesa. El error fue no haberles hecho ningún tipo de exigencia" [antes de cualquier negociación].
Insistió en que en Colombia todos los procesos legales contra los más estrechos colaboradores de los dos gobiernos del hoy senador Uribe, no tienen razones jurídicas ni están basadas en acusaciones documentadas de corrupción, sino son producto de una persecución política, por parte del gobierno de Santos, contra la oposición uribista.
