MIAMI.- Un grupo de empresarios de Hialeah pedirá al ayuntamiento enfrentar con más energía el intrusismo laboral y los negocios clandestinos que proliferan en domicilios particulares, sin licencias, ni permisos, incumpliendo todas las normativas sanitarias.

A la reunión, que se efectuó en la tarde del lunes, asistieron varios dueños de salones de peluquería, barberías y manicuras de la ciudad, quienes advirtieron "el tremendo daño que está sufriendo su industria" por las prácticas "deshonestas de negocios ilegales". Sobre todo en tiempos de pandemia, que los negocios legales se han visto obligados a reforzar las medidas sanitarias y cumplir con nuevas exigencias que conllevan importantes inversiones.

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Glenda Martínez, dueña del salón de belleza Grace´s Beauty, afirmó no oponerse a que las personas abran salones en sus casas si la ley lo permitiera. “Pero deberían sacar todos los permisos que nosotros estamos obligados a tener. Ninguna de las personas que desarrollan el negocio en su domicilio lo ejerce de forma legal”.

“Nada más hay que asomarse a las redes sociales para ver la cantidad de personas que están ejerciendo ilegalmente. Muchas de ellas han sido formadas por nosotros y, en cuanto aprenden y tienen clientela, se la llevan para sus casas y comienzan a trabajar de forma ilegal”.

Los empresarios pedirán una reunión público, tipo sunshine, acorde a la ley estatal, en la Ciudad para presentar este tema de los trabajos ilegales "que tanto atenta contra sus negocios", explicó Irma Dávalos Rossie, dueña del salón Rossie Nail.

Según Rossie, los concejales Oscar de la Rosa, Jesús Tundidor y Mónica Pérez estaban invitados a participar en el encuentro vía Zoom, pero no lo hicieron.

“Creamos un documento de ética profesional que tienen que firmar todos nuestros asociados”, expresó Juan Maldonado, de JC Penney. “También tratamos cumplir con la ley de privacidad para proteger los teléfonos de los clientes y hemos limitado el acceso a toda la información automatizada. Aunque estas medidas nos han ayudado un poco a evitar la apropiación de información fundamental para el negocio, muchos trabajadores deshonestos adquieren la data de los clientes y se van a sus casas a trabajar”, añadió.

“Nuestros negocios se han convertido en academias de belleza para negocios ilegales. Muchas de estas personas vienen sin experiencia y sin clientes, aprenden el negocio y se van a ejercerlo de forma ilegal. Eso es injusto”, insistió Maldonado.

Alianys González, dueña de Alis Unisex Salón se quejó de que “nosotros pagamos la renta, las licencias y los taxes, montamos los salones con todas las exigencias de la Ciudad, recibimos inspecciones para ver si estamos cumpliendo la normativa, inspecciones de los bomberos, y ellos están en sus casas con nuestros clientes sin pagar absolutamente nada”.

Ayuda legal para demanda

En la reunión estuvo presente el abogado Jacob A Weil, que defiende a Daniel Liriano, el barbero de Miramar que ha demandado al estado de Florida y al Condado Broward por el cierre de su peluquería durante la pandemia.

El letrado Weil conversó sobre cómo su firma podría representar a quienes decidan a demandar al gobierno de la ciudad por el cierre de sus negocios durante la pandemia.

Según Weil, un cierre de estas características es comparable a una expropiación forzosa por interés público. “Los negocios fueron expropiados por dos o tres meses por el Gobierno debido a la pandemia. Aunque el Gobierno se vio obligado a tomar esa medida extrema para satisfacer necesidades públicas, debería compensar a todos los afectados”.

El letrado explicó que existe jurisprudencia en casos parecidos. En 2019, un tribunal de apelaciones ordenó a Florida reembolsar dinero a residentes y agricultores, que en 2003 fueron obligados a cortar sus arboles sanos para enfrentar la cancrosis de los cítricos. Una peligrosa enfermedad que afectaba a muchas plantaciones en Florida.

“El bien general era detener la enfermedad, pero la ley determinó la obligación de compensar a los afectados por las medidas del Gobierno”, recordó.

En aquel caso Florida pagó $285 por árbol sano derribado a los agricultores, así como $100 en forma de bono a residentes para comprar plantas similares en el mercado. En total se autorizó un desembolso de $13.5 millones del dinero de los contribuyentes, según la publicación FloridaWeekly.

cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

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