Con una votación de 218 a favor contra 213, los republicanos de la Cámara Baja, con el sufragio favorable de un solo demócrata, aprobaron el proyecto de ley de transparencia electoral SAVE America
El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (iz.) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
ANNA MONEYMAKER/ VIA AFPMientras temas en la política exterior norteamericana sobre Cuba, Venezuela e Irán acaparan los titulares de medios de prensa en el mundo, en Estados Unidos se debate el destino del país y el futuro de su sistema electoral democrático.
El rol que durante décadas jugó el Partido Demócrata -como contrapeso para la salud del sistema bipartidista de gobierno en EEUU- parece haber quedado atrás, en la historia.
Hoy, la agenda que domina el rumbo y la plataforma política de ese partido hunde cada vez más a una parte importante de la democracia estadounidense. El último paso fallido ha sido la oposición de todos los nuevos demócratas, excepto uno, en la Cámara de Representantes al “proyecto de ley SAVE America”, de transparencia electoral.
Con una votación de 218 a favor contra 213, los republicanos de la Cámara Baja, y el sufragio favorable de un solo demócrata, aprobaron la legislación impulsada por el presidente Donald J. Trump y respaldada por la gran mayoría de los norteamericanos.
El odio político visceral de la izquierda en EEUU contra Trump se ha sumado a la agenda de campaña política del Partido Demócrata.
Las últimas encuestas, incluso de medios de la misma tendencia como CNN, dan cuenta de un apoyo menor al 20% de la gestión de ese partido, mientras que el 83% de los estadounidenses respalda la aprobación del proyecto de ley electoral.
Una de las premisas de la legislación requerirá que los 50 estados del país exijan para el registro y para votar en elecciones federales pruebas de ciudadanía y una identificación oficial con foto (pasaporte, licencia de conducir válida, etc.).
Durante décadas, supuestamente los demócratas han enarbolado el derecho al voto y las leyes que defiendan este beneficio constitucional, pero todo ha cambiado en el bando azul: lo que es favorable para los estadounidenses como parte del orden constitucional, ahora resulta un ataque para la democracia y las libertades, según ellos.
"Es de sentido común. Los estadounidenses necesitan un documento de identidad para conducir, abrir una cuenta bancaria, comprar medicamentos o solicitar ayudas del Gobierno", declaró el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana. "¿Por qué tiene que ser diferente para la importante decisión de votar?"
Los demócratas afirman que la legislación está diseñada supuestamente para “privar del derecho constitucional” a los estadounidenses, y señalan que el voto de quienes no son ciudadanos ya es ilegal y muy poco frecuente, lo contrario de lo que se ha visto durante las elecciones de los últimos 20 años, en particular en los estados gobernados por los demócratas.
Este es un esfuerzo desesperado de los demócratas por continuar con las irregularidades, sobre todo en las últimas dos décadas durante los procesos electorales en el país, que dieron pie a la protesta masiva en Washington el 6 de enero frente al Capitolio, en contra de los resultados en elecciones que supuestamente ganó Joe Biden, un candidato presidencial visiblemente incapacitado mental y físicamente.
El año pasado se supo que la Casa Blanca dependía de un “autopen” o bolígrafo automático para firmar muchas de las órdenes emitidas por Biden, sin su presencia en la Oficina Oval y sin su consentimiento.
Este escándalo, como era de suponer, fue minorizado por los medios de prensa de la izquierda, los activistas radicales y congresistas demócratas en Washington.
Después de las cuestionadas elecciones de 2020, más de 22 estados en el país reforzaron la supervisión electoral y aprobaron legislaciones estatales con el objetivo de prevenir el fraude y las "irregularidades".
Estas medidas impidieron que en los llamados estados péndulos las brechas legales o creadas facilitaran los supuestos “errores” similares a los cometidos en el 2020 en estados como Arizona, Pennsylvania, Georgia, Virginia, Michigan, Nevada y Carolina del Norte, entre otros.
El plan de "puertas abiertas" en la frontera sur por parte de los demócratas tuvo como objetivos transformar los censos poblacionales y los mapas electorales en los estados bajo el control demócrata, en busca de mayores puestos en el Congreso en Washington.
La legislación, de 32 páginas, exige a los estados obtener "en persona" pruebas documentales de ciudadanía, como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento, para poder inscribir a alguien en el registro electoral.
Uno de los principales frentes de los demócratas desde las elecciones de 2008, en las que salió vencedor Barack Hussein Obama frente al republicano John McCain, ha sido el voto por correo, que en los comicios de 2020 fue uno de los puntos álgidos con videos que mostraron la entrada a los colegios electorales de cientos de cajas con boletas, presuntamente colectadas de buzones de correo o de centros del Servicio Postal. El matiz peculiar fue que después de las 12 y 1:00 de la madrugada de ese día de noviembre, prácticamente el 90% de los sufragios fue para Biden y no para Trump, quien marchaba al frente hasta esa hora.
A pesar de que casi ninguna acción legal prosperó bajo un Departamento de Justicia carcomido por jueces y fiscales [activistas] con ideología de extrema izquierda, imágenes y denuncias en redes sociales sembraron un torrente de dudas sobre la legitimidad electoral en EEUU. Jamás en la historia del país se había visto algo similar, muy común bajo la corrupción que ha permeado la política en países de América Latina y el Caribe en los últimos 30 años.
El proyecto de ley, impulsado por la Casa Blanca y los conservadores, impone nuevas normas para las votaciones por correo, exigiendo a los electores que también presenten una copia de un documento de identidad válido cuando soliciten y emitan un sufragio por esta vía, junto a otras medidas de control y supervisión.
Los republicanos manifiestan que exigir algún tipo de identificación de los votantes es una medida totalmente respaldada por los estadounidenses.
Una encuesta del Pew Research Center realizada a finales de 2025 reveló que el 83% de los adultos estadounidenses está a favor de "exigir a todos los votantes que muestren una identificación con fotografía emitida por el Gobierno a lo hora del sufragio". Eso incluye al 71% de los demócratas y al 76% de los votantes negros, quienes, según algunos demócratas y defensores liberales, se verían privados de sus derechos, una afirmación totalmente falsa.
El proyecto de ley, patrocinado por el representante Chip Roy, republicano por Texas, y el senador Mike Lee, republicano por Utah, pasa ahora al Senado, donde se enfrenta a un camino difícil, porque necesitaría de 60 votos y los republicanos poseen 53 escaños más el voto del vicepresidente JD Vance.
La senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, dijo que votaría en contra, porque la legislación es contraria a los mandatos electorales federales de los estados.
"Cuando los demócratas intentaron impulsar una reforma electoral en 2021, los republicanos se opusieron de forma unánime porque habría federalizado las elecciones, algo a lo que nos hemos opuesto durante mucho tiempo", afirmó. "Ahora, veo propuestas como la Ley SAVE y la MEGA que, en la práctica, harían precisamente eso. Una vez más, no apoyo estas iniciativas".
La senadora republicana por Maine, Susan Collins, dice que la versión revisada del proyecto de ley revela conflictos, según su oficina.
"La senadora Collins apoya la ley y la interpretación constitucional de que solo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en las elecciones federales. También apoya la identificación de los votantes. Por eso apoyó la Ley SAVE original", declaró un portavoz de Collins a NBC News. "La Ley SAVE America planteaba problemas porque iba mucho más allá de estos principios originales y esperamos que los autores del proyecto de ley y la Cámara de Representantes aborden estas cuestiones".
El senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, enemigo jurado ahora del presidente Trump y antiguo líder del Partido Republicano en la Cámara Alta, encabezó la ofensiva contra el fallido paquete de derechos electorales de los demócratas en 2021 y 2022. Sin embargo, considera ahora que las elecciones deben ser gestionadas por los estados sin interferencias ni mandatos federales, una opinión cuestionable visto lo que ha ocurrido en los últimos años con la expansión de una ultraizquierda antiamericana y globalista, desea la destrucción de todos los valores conservadores sobre los que se fundó la Gran Nación.
Por ahora, el proyecto de ley no tiene posibilidades de alcanzar el umbral de los 60 votos necesarios para romper el bloqueo de la izquierda, ya que los senadores demócratas se oponen en bloque.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, declaró que la propuesta "impondría leyes tipo Jim Crow a todo el país y llega muerta al Senado".
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmó el martes que los republicanos mantienen un "robusto" debate sobre la medida, ofrecen su apoyo a la misma y prometen llevarla a votación.
"Queda por ver cómo llegaremos a esa votación", declaró Thune, al tiempo que dejó claro que los republicanos del Senado se oponen a la eliminación del umbral de 60 votos, a pesar de las demandas del presidente de abolirlo. "No hay los votos necesarios en estos momentos para acabar con el obstruccionismo".
El rechazo de los congresistas demócratas al proyecto de legislación para garantizar la seguridad y la transparencia en los procesos electorales confirma el fracaso de las políticas actuales del ala azul, secuestrada por una plataforma radical, cuyos promotores han sido los representantes y senadores socialistas Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, la musulmana somalí Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Cori Bush, Jamaal Bowman, entre otros extremistas.
Sus campañas han sido financiadas por donantes como Warren Bufett, George Soros, Bill Gates, Michael Bloomberg, Reid Hoffman hasta completar la lista de 28 multimillonarios con un patrimonio neto de alrededor de 280.000 millones de dólares.
Otras figuras de la izquierda como el expresidente Barack Hussein Obama, la exsecretaria de estado y excandidata presidencial, Hillary Clinton, el gobernador de California, Gavin Newsom, o el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, han contribuido a que cada vez más el partido, que representó el equilibrio democrático en décadas anteriores, se haya convertido en un signo de decadencia, fracaso, incivilización, destrucción económica, de valores y de la sociedad norteamericana en general, y sobre todo de irracionalidad.
La defensa férrea de las directrices del llamado socialismo cultural del siglo XXI, el globalismo, el radicalismo musulmán o el denominado wokismo han trazado un camino destinado a sucumbir para lo que debería ser un partido de soporte y solidez democrática.
El triunfo de la derecha en varios países del hemisferio occidental y el fortalecimiento de la oposición y rechazo popular a las prácticas socialistas en toda Europa indican el despertar del conservadurismo, que se basa en la identidad nacional, la defensa de la propiedad privada, de la familia como eje central de la sociedad, de los valores tradicionales, religiosos y creencias occidentales; en la verdadera democracia, la lucha anticorrupción, la educación sana académica de los hijos con el papel fundamental de los padres, y no el adoctrinamiento de género o sexualismo hasta en niños y adolescentes.
A pesar del gran fiasco de Kamala Harris en 2024, el Partido Demócrata en vez de corregir sus graves errores y su rumbo, se mantiene en su misma postura retrógrada y negacionista, sin un plan concebido que no sea impulsar la destrucción y el caos.
La uniformidad en el sufragio de los representantes demócratas en la Cámara Baja contra el proyecto de Ley SAVE America no es el único voto contraproducente de los legisladores de la izquierda. También se opusieron a la lucha anticorrupción en Washington, la ineficiencia y el despilfarro cuando Elon Musk dirigió la Comisión de Eficiencia Gubernamental; votaron en masa contra la propuesta republicana de eliminar toda posibilidad legal para el cambio de sexo en niños y adolescentes; las acciones de la Casa Blanca contra la “narcodictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela (cuatro intentos en el Congreso para impedirlo), la de Irán y la de Cuba; se oponen al control de la frontera, a la vigilancia estricta de la seguridad nacional y al trabajo de los agentes de inmigración. Defienden además que EEUU siga con el derroche en subsidios a cientos de organizaciones y gobiernos, muchos -incluso- enemigos de Norteamérica.
La izquierda está enfurecida desde que Trump llegó a la Casa Blanca, un acontecimiento que quisieron impedir a toda costa, porque sabía que el líder republicano eliminaría las fuentes de ingresos y el financiamiento -por el desvío de recursos federales- de sus políticas partidistas y en extremo controversiales mediante el uso del dinero de los contribuyentes.
El gran escándalo de corrupción y robo de fondos federales en Minnesota, cuyo gobernador, Tim Walz, es el excandidato a la vicepresidencia de EEUU, ejemplifica el deterioro en el que se encuentra el Partido Demócrata. Pero lo que se avecina con California podría ser mucho peor a escasos meses de las elecciones legislativas de noviembre de este año.
Aunque el proyecto de transparencia electoral de los republicanos no logre el respaldo necesario en el Senado para que pase al escritorio del presidente Trump y se convierta en Ley, ya cumplió parte de su objetivo: revelar a los estadounidenses que aman la democracia y a EEUU la escasa moral y demagogia de los congresistas demócratas en Washington.
FUENTE: Con información con AFP, Efe, The New York Times, Fox News, CNBC, The Epoch Times.
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