MIAMI.- A ocho semanas del comienzo de la nueva legislatura de Florida, el Congreso estatal comienzaa a agilizar sus funciones, mientras los grupos de trabajo consideran las más de 400 proyectos de leyes presentadas hasta ahora, aunque se espera unas tantas más en los próximos días.

Un rápido vistazo a la lista oficial de propuestas publicada por el Congreso estatal en su portal en Internet, denota proposiones que van desde las típicas peticiones muy particulares para zonas del estado, una mayor regulación del uso de drones y un programa para ampliar el servicio a vehículos eléctricos hasta Medicaid para menores de 65 años con bajos recursos y balancear el complejo presupuesto en tiempo de crisis económica.

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No obstante, la gran batalla del Congreso estatal podría tener lugar cuando el presupuesto sea discutido, en medio de la crisis económica que ha provocado la pandemia de coronavirus.

Balancear el presupuesto será posiblemente la mayor tarea, cuando se registra una pérdida sustancial de 3.000 millones de dólares, lo que en inglés llamamos 3 billion dollars, sin contar los multimillonarios gastos asociados a servicios públicos por la pandemia.

Comenzamos por la propuesta de ley que regularía más el uso de drones, la proposición SB 44, que esboza que “una persona, autoridad o subdivisión política no debe emplear este tipo de equipo para tomar imágenes de propiedades privadas … sin la autorización por escrito, independientemente que la persona esté presente o no en las imágenes”.

La posibilidad de implementar el pago de impuesto sobre las ventas por correo o Internet vuelve a ser revivida bajo el proyecto SB 50, que procura en parte atender ese asunto.

La administración de condominios y otras edificaciones de viviendas vuelve a sonar en el Congreso estatal, con el proyecto de ley SB56 que obligaría a las ‘asociaciones’ a mantener actualizados los registros oficiales de la asociación, desde ciertos estados de cuenta e informes sobre juicios de ejecución hipotecaria hasta notificación anticipada sobre cambios en el método de entrega de los estados de cuenta.

El asunto de la pandemia del coronavirus estará presente en esta legislatura de múltiples maneras y una de ellas será la propuesta sobre lo que llaman “Responsabilidad civil por daños relacionados con COVID-19”.

Ésa es la proposición SB 72 que anticipa un fuerte debate porque pide “proporcionar requisitos para establecer una acción civil basada en un reclamo relacionado con COVID-19” y que incluso podría ‘oficializar’ las limitaciones de gobiernos regionales a establecer medidas que limitarían el cierre o afectación de negocios que “conllevaría a la pérdida de empleos”.

El cuidado del medio ambiente y el uso de otras energías también regresa al Congreso con un tenue planteamiento, en el que la propuesta SB 138 pide la adjudicación de cinco millones de dólares para estimular el servicio a vehículos eléctricos con tomas de electricidad.

Una de las propuestas que mayor debate podría traer, si finalmente pasa el filtro de los grupos de trabajo, es la SB 238 que plantea servicio de Medicaid para mujeres embarazadas que no tienen seguro médico y puedan probar necesidades.

No obstante, la mayor batalla podría recaer en otro apartado relacionado con la salud pública: la propuesta SJR 276 que pide atención médica para personas menores de 65 años, cuyos ingresos no superen el 138% del llamado ‘limite de pobreza’ que estipula el Gobierno federal. O sea, no más de 17.610 dólares al año actualmente.

También habrá debate, si lel proyecto SB 400, que atiende el siempre controversial tema de los récords públicos, llega al pleno del Congreso.

Esta proposición plantea que cualquier oficina pública que reciba una solicitud de información en ese apartado podría presentar “un alivio declaratorio contra el solicitante, proporcionando una fecha de vigencia”, lo que afectaría la divulgación de datos y probablemente sea demandada en las cortes si es aprobada.

Y el COVID-19 trae otra propuesta de ley, la SB 494 que permitiría a “ciertos farmacéuticos y especialistas administrar vacunas bajo determinada supervisión”.

Los grupos de trabajo ya tienen en cuenta estos proyectos de leyes, mientras legisladores se preparan para comenzar la sesión legislativa el 2 de marzo.

 

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